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Edición 393

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Con amparos judiciales y mediante una controversia constitucional, altos funcionarios que se resisten al cambio verdadero han logrado burlar la Ley de salarios máximos aprobada en octubre de 2018 por los legisladores entrantes, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

EL CUESTIONABLE INE, ENTRE LOS QUE ENCABEZAN LA RESISTENCIA

VORACES FUNCIONARIOS SABOTEAN EL CAMBIO

Feliciano Hernández*

El resultado de la pugna sigue sin definirse. La Corte resolvió hace algunas semanas devolver la reforma al Congreso para que la perfeccione, en un intento por ganar tiempo.

EL PRESIDENTE CONTRATACAcon una nueva iniciativa remitida al Congreso para que apruebe que EN TODO EL PAIS, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); los organismos y las instancias autónomas federales, estatales y municipales se sometan a lo establecido en el Artículo 127 Constitucional bajo el principio de la “austeridad republicana” y que se REDUZCAN los sueldos, “dietas” y honorarios para que nadie rebase las percepciones del mandatario federal, fijadas para este año en 108 mil pesos netos al mes. Por lo pronto, los SABOTEADORES mantienen sus elevados sueldos y prerrogativas.

CD. DE MÉXICO.-Mientras se discuten y aprueban los cambios legislativos a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos –Ley de salarios máximos- pasará un buen tiempo antes de que se haga realidad la principal y vieja promesa del candidato López Obrador y el compromiso del entrante presidente de la república de acabar con los privilegios y ABUSOS desde el poder. Ojalá que no se lleve todo el sexenio; como sea al pueblo no le queda otra sino esperar. Los legisladores no muestran mucha prisa.

        Aunque el presidente sigue insistiendo en su trascendente iniciativa, los otros problemas y asuntos nacionales le reclaman tiempo, favoreciendo que los saboteadores del cambio se vayan saliendo con la suya. Es la pura realidad a nueve meses de aquel relevo presidencial histórico.

Así, una de las principales propuestas del entrante gobierno parece haber sucumbido a las resistencias de no pocas instancias. Entre los más activos en tal sentido están casi todos los ministros y magistrados del Poder Judicial –incluyendo al Consejo de la Judicatura Federal, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial-, los integrantes del Legislativo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los comisionados y altos directivos de organismos autónomos, empresas paraestatales; los dirigentes de partidos políticos; algunos gobernadores, presidentes municipales y titulares de otros entes de carácter estatal y municipal.

NO SOBRA RECORDARque el primero en inconformarse fue el cuestionable Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raül González Pérez, quien solicitó a la Corte una Declaratoria de inconstitucionalidad, al considerar que la referida Ley era violatoria del derecho a una supuesta igualdad y a lograr percepciones proporcionales a las responsabilidades de los funcionarios.

Otro que respondió a los señalamientos de AMLO sobre las altas remuneraciones y jubilaciones de los integrantes del Poder Judicial -que suma miles de funcionarios-, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, argumentó que NO eran privilegios, sino “condiciones para mantener la autonomía e independencia de jueces, magistrados y ministros”.

El Consejero del INE, Benito Nacif, del grupo blanquiazul que ha hecho muy mal papel en el Instituto Electoral por sus tendenciosas decisiones en contra del cambio necesario impulsado por AMLO, fue de los primeros en advertir que buscaría un amparo contra la disposición de reducir su MILLONARIO costo para el erario.

Frente a los riesgos de que la trascendente reforma sea bloqueada en forma indefinida, cabe insistirle al presidente que la sociedad espera que se atienda uno de los mayores reclamos históricos para acabar con el reparto ABUSIVO y DISCRECIONAL del dinero público entre los mandos altos y medios de los servidores públicos, que se han beneficiado de múltiples privilegios y prerrogativas que durante décadas inflaron más a los ya ricos funcionarios y a los nuevos.

No la tiene fácil, AMLO. A nueve meses de iniciado su gobierno, los indignos “servidores públicos” se aferran como lacras al viejo régimen, mientras ven pasar frente a sus ojos los datos contundentes de que la administración pública atraviesa severos problemas para cumplir con la nómina de la base burocrática, las pensiones y jubilaciones; y que una muy amplia mayoría de mexicanos está en la insolvencia, incapaz de mantenerles sus exigencias y lujos; no obstante algunos de los privilegiados persisten en sus intenciones obscenas de aumentar los impuestos y presionan al presidente en tal sentido.

El frustrado plan ahorrativo

EL PRESIDENTE López Obrador se propuso un ahorro significativo en el ejercicio del gasto con la reducción a la mitad de los sueldos y prerrogativas de altos funcionarios, de los tres poderes (Judicial, Ejecutivo y Legislativo). Pero en un principio no precisó los alcances territoriales ni jurisdiccionales de su iniciativa. Por lo mismo los beneficiarios y admiradores del viejo régimen, incluso no pocos de los recién llegados, buscaron ponerse a salvo de la medida con todas las argucias legaloides.

Cerca de 35 mil burócratas ganaban más de 108 mil pesos que estableció como tope López Obrador; muchos de ellos resistieron y lograron amparos colectivos o individuales. Entre los organismos autónomos, se encuentra la mayor resistencia a la nueva ley de austeridad. El periódico Excélsior difundió en portada que al menos 119 altos funcionarios todavía perciben sueldos mayores al del presidente: una casta dorada de 84 funcionarios del INE; 22 de Banxico; 5 del CNDH; 5 de INEGI; 3 de Cofece. Entre estos, los secretarios de gabinete y los subsecretarios, los titulares de oficialía mayor, directores generales, consejeros y comisionados.

Los comités directivos de los partidos políticos también mantienen el privilegiado esquema de asignación de sueldos y prerrogativas. Entre estos se destaca el PAN, donde todos los integrantes del CEN del partido conservan percepciones mayores al sueldo de AMLO, y han sido los más fieros opositores contra el ajuste a sus tabuladores; incluso en los comités estatales también se sirven con una cuchara mayor a la del presidente de la república.

Parece que AMLO no se siente derrotado en este punto. Para reforzar su propuesta de ley ahora propuso modificar el artículo 116 Constitucional para establecer con más precisión los alcances de su iniciativa, de suerte que las legislaturas de los estados en su aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente establezcan que las remuneraciones de los servidores públicos se sujeten a lo previsto por el artículo 127 constitucional, en los términos de la “austeridad republicana” y que nadie tenga percepciones mayores a las del presidente.

Estos serían los alcances con la nueva reforma del 127 Constitucional: “Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía y cualquier ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

El presidente subraya que la finalidad de su iniciativa es que el límite nominal a la remuneración que percibe el titular del Poder federal “sea respetada por todos los servidores públicos, incluidos aquellos que forman parte de los organismos constitucionalmente autónomos, en concordancia con lo dispuesto por el 108 Constitucional”

Los dirigentes de partidos se rebelan

A PESAR DE la exigencia ciudadana, manifestada en las urnas el 1 de julio del 2018, cuando los tradicionales partidos PRI, PAN, PRD y sus rémoras recibieron el desprecio de los votantes, por sus excesos, sus traiciones a la Constitución y a los compromisos con el país, este año han mantenido todas sus generosas prerrogativas, incluyendo sus MILLONARIAS participaciones asignadas conforme a sus resultados electorales; y no obstante la presión social para que devuelvan la mitad, ni los de Morena lo hicieron. Estos NO se han cansado de afirmar que están dispuestos a regresar la mitad de los 1,628 millones que les tocan (el 32% del total), pero solo de boca para afuera. Incluso la presidenta interina del instituto político fundado por AMLO, Yeidckol Polevnsky, expresó que podían devolver el 75%; pero en los hechos, nada.

SÓLO COMO RECORDATORIO, téngase presente que los achicados partidos políticos disponen para este año de suculentas participaciones, de un total de 4,965 millones de pesos, para el PAN casi 900 millones de pesos; para el PRI, 849 millones; para el Verde Ecologista 403 millones; para el PRD 389 millones y para el PT, 371 millones de pesos.

Y algo peor, para el año 2020 se aumentaron MONTONES de dinero fácil, cantidad que asciende a cinco mil 239 millones de pesos, mayor en 274 millones a la asignada para este año, sin estar ante procesos comiciales importantes y sólo porque el procedimiento legal los autoriza. El Consejero presidente, Lorenzo Córdova, lo justifico diciendo que el INE no puede dejar de cumplir la fórmula establecida por la ley. “Estoy convencido que un sistema democrático debe garantizar que el acceso al financiamiento contribuya a la equidad y no que la distorsione, probablemente, el modelo de financiamiento derivó en excesos con la reforma electoral de 2014, pero nadie puede negar que ha contribuido a que todos los partidos puedan perder o ganar el poder político en las urnas.”

Sin embargo, ante las pretensiones de AMLO, “sugerencias", de que reduzcan a la mitad sus asignaciones, los respondones del PAN se escudan en insostenibles argumentos de que lo que busca AMLO es vulnerarlos en las contiendas electorales. “No es una orden, no es por la fuerza; es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”.

AMLO cuenta con el respaldo popular para presionar hacia la causa en referencia, y él lo sabe. “Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos. Quiero que sean los primeros los partidos progresistas, quiero escuchar de los dirigentes de los partidos que cuando menos deben reducir sus gastos en 50%; es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar, precisó el presidente.

López Obrador ha insistido en que las elevadas remuneraciones que perciben dirigentes y altos burócratas o funcionarios de organismos autónomos son INMORALES. “¿Cómo sueldos elevadísimos habiendo tanta pobreza y tanta necesidad?”, cuestionó el presidente.

La voz del pueblo, la voz de dios

 LA PRESIÓN POPULAR será determinante para que los legisladores aceleren la aprobación de las reformas enviadas por AMLO y las necesarias para que se convierta en realidad la Ley de remuneraciones máximas, en el contexto de una austeridad razonable y sin sacrificar más a los trabajadores de todos los sectores y de niveles medio bajos.

AMLO ha mantenido una persistente denuncia contra quienes se han servido durante años con la cuchara más grande y se refirió en concreto a un director del Infonavit que ganaba hasta 700 mil pesos al mes entre sueldos y compensaciones; también aludió a los ministros de la Suprema Corte entre los más privilegiados, que superan los 500 mil pesos al mes entre sueldos, compensaciones y diversas prestaciones que se otorgan ellos mismos, y que ajustan cada año sobre la inflación.

Hay que recordarle a los diputados y senadores (Mario Delgado, Ricardo Monreal, Martí Batres) y a los dirigentes de partidos, que la sociedad está atenta y exigente sobre esta muy trascendente reforma de remuneraciones máximas que impulsa AMLO, que es una exigencia ciudadana, y que todo intento por congelarla o sabotearla se les cobrará caro en las votaciones. Ya México tiene claro que la mayoría de los funcionarios no llegan al servicio público a desempeñarse con honorabilidad sino en busca del dinero fácil, desde el más modesto policía hasta el burócrata de más alto nivel.

El jurista e investigador Ernesto Villanueva argumentó a favor de la ley impulsada por AMLO -en un artículo titulado “Salarios máximos: verdades y mentiras”, septiembre 17 de 2018, accesible por internet- de vigencia rotunda en la que desmiente a los saboteadores de la ley. “Ha generado grandes resistencias entre quienes quieren que nada cambie, que defienden sus privilegios”.

Sobre la inflada nómina gubernamental en los tres niveles federal, estatal y municipal; en los tres poderes; en las empresas paraestatales; en las instituciones y organismos autónomos y en otras figuras morales dependientes del dinero público, hay que agregar las pensiones y jubilaciones de la burocracia dorada que son una enorme y creciente carga para los contribuyentes; y ésta tiene que reducirse obligadamente antes de que la situación desborde el marco legal. AMLO conserva el respaldo popular, NO debe dejar de PRESIONAR en esa reforma, que será de beneficio para la mayoría del país o su gran derrota.

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