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Edición 411

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EL LABERINTO DEL GENERAL

Feliciano Hernández

CD. DE MÉXICO.- La detención judicial del General Salvador Cienfuegos, en California, detonó muchos análisis y comentarios en México, pero falta mucho por decir. Aunque prevaleció la incredulidad, por tratarse del ex funcionario con la más alta investidura militar, y por ser el titular durante un sexenio de la dependencia encargada ni más ni menos que de la Defensa Nacional (Sedena), FALTA POR ANALIZARSE con rigor el trasfondo gubernamental del asunto.

SI BIEN el caso dio un giro de 180 grados con la decisión del Departamento de Estado de regresarlo a México, el asunto va para largo; en los próximos meses dará de vez en cuando la “nota” del día a los noticiarios, EXPONIENDO al presidente López Obrador, a Sedena y al país, una y otra vez, al vilipendio público. Mientras tanto, México no debe atenerse al curso que tome el candente asunto y debe pasar al análisis prioritario del caso porque solo es síntoma de los padecimientos que azotan a la sociedad mexicana.

Esa captura del singular personaje y su pronta liberación en Estados Unidos puso en el banquillo de los acusados directamente al actual gobierno y a varios de sus predecesores, sobre todo en cuanto a la NULA VIGILANCIA del Ejecutivo y de ONG respecto del desempeño de tales funcionarios –antes, durante y después de sus cargos- o en todo caso bajo sospechas de ineficiencia o COMPLICIDAD sistemática desde otras esferas de autoridad.

Algo que debiera SORPRENDER más que la misma noticia de la detención es el manifiesto ASOMBRO del presidente y de los funcionarios del área militar y de seguridad, quienes supuestamente, según expresaron, desconocían tanto las investigaciones que realizaba la autoridad de Estados Unidos como la ORDEN DE CAPTURA contra el exsecretario de Sedena. No sobra mencionar que el presidente López Obrador se justificó revelando que la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, le reportó 15 días antes la supuesta “investigación” contra Cienfuegos.

De ser así, es reprobable que el mandatario mexicano desdeñara la información y no advirtiera al General que era investigado y que tomara precaución, no para protegerlo sino por lo que representaba de oprobio su potencial aprehensión –como ocurrió- para México y para la autoridad militar. Por supuesto, sin librarlo de una investigación doméstica.

Se considera un hecho vergonzante para las fuerzas armadas que uno de sus más encumbrados elementos haya sido capturado en viaje familiar, con total inocencia o ingenuidad, y cabe la pregunta: ¿acaso el General no tuvo advertencia alguna o si la tuvo la minimizó y si la subestimó, a qué se debió esa reacción? ¿Al hecho de sentirse intocable por el uniforme o por haber sido tan alto funcionario? Gran error; lo expuso al descrédito a él, a la institución que lo abrigó durante décadas y al país.

¿Tampoco estaban al tanto los organismos de inteligencia y seguridad nacional sobre las pesquisas contra el General, que no le informaron al presidente del enorme riesgo potencial de tal caso? Es grave que un hecho tan relevante pasara desapercibido para nuestras máximas autoridades. Si estaban dando seguimiento al asunto y no le reportaron, mal; y peor si desconocían el punto. Porque tampoco era un SECRETO, puesto que ya reportes periodísticos se habían referido al personaje y su laberinto, incluso desde años antes.

EL CAMBIO, DE NOMBRE SOLAMENTE

Tal planteamiento conduce directamente al propósito de este artículo: el cuestionamiento DIRECTO del desempeño de los organismos de INTELIGENCIA y SEGURIDAD NACIONAL, de Defensa, de seguridad pública y procuración de justicia. Qué hacían el ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anteriormente llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), una entidad oficial que rastrea los movimientos de dinero SOSPECHOSO; las áreas de investigación criminal de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y de la ahora denominada Fiscalía General de la República (FGR); así como el área de Inteligencia militar de la propia Sedena?

Si el conjunto de todos estos organismos no son capaces de advertir al Ejecutivo de un asunto tan delicado, entonces ¿qué hacen y cómo justifican su onerosa existencia? ¿En manos de quién está la seguridad nacional? ¿De una bola de incompetentes que devoran recursos? Señores, NINGUNA investigación de alta envergadura puede pasar desapercibida, salvo para los tontos, ni siquiera para los invidentes o sordos, porque estos desarrollan más sus otros sentidos. No hay justificación que valga, pues.

Supuestamente, la misión de los organismos de INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL, en particular del Cisen hoy CNI, es investigar y ESPIAR todos los movimientos potencialmente RIESGOSOS de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, para proveer de material sensible al mandatario federal como apoyo a su mejor toma de decisiones; está claro que en lo del General Cienfuegos no fue el caso y que faltaron a sus funciones centrales. Y si están libres de culpa que arrojen el primer desmentido. Es su derecho.

Por la trascendencia del caso Cienfuegos, los funcionarios de este gobierno debieran abundar en datos para limpiar su imagen y ponerse a salvo, bajo el principio Constitucional de transparencia y rendición de cuentas. El GOLPE a la imagen de México y de su gobierno ya está dado, pero se puede intentar un CONTROL de DAÑOS; porque no es remota la posibilidad de que tengan que responder a denuncias penales y no solo a la simple descalificación pública.

Porque sencillamente NO tiene justificación alguna el no haber advertido al presidente López Obrador respecto de un asunto tan delicado, y en particular el Centro Nacional de Inteligencia en manos del general retirado, Audomaro Martínez, diplomado en materia de seguridad nacional, ¿o acaso sigue ahí todavía a dos años tratando de superar la curva de aprendizaje? ¿NO debieran ser, casos como el referido, asuntos de rutina?

Es sabido que el Cisen-CNI mantiene delegaciones fuera del país, por la importancia de los asuntos que maneja con otras naciones, y este es el caso con Estados Unidos. ¿Quiere decir que los DELEGADOS no estuvieron atentos al juicio contra El Chapo –perdón, contra el Sr. Joaquín Guzmán Loera-? ¿Quiere decir que el Cisen-CNI, la FGR y la UIF no están atentos al juicio -también en Nueva York- contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ni contra otros peligrosos narcotraficantes o exfuncionarios en los que justamente se han estado ventilando acusaciones de interés nacional, a diestra y siniestra?

El presidente López Obrador y sus colaboradores están cometiendo omisiones de ALTO IMPACTO en cuidar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública. Es su turno al bat, para emplear las palabras que tanto le gustan al mandatario. Respecto de los otros expresidentes, llegado el caso tendrán que responder en México o en el extranjero. Si tienen buena suerte o saben mover sus piezas, seguirán intocables. Falta ver hasta dónde llegarán las autoridades de Estados Unidos y de México en los casos de García Luna y del General y de otros indiciados, y estos en el involucramiento de otros personajes.

En México, ¿a quiénes responden Inteligencia Militar, el Cisen-CNI, la UIF, el secretario de Seguridad Pública, las delegaciones de la FGR dentro y fuera del país? Evidentemente, Inteligencia Militar reporta al Secretario de la Defensa en turno… pero, ¿tan mal están en esa área de Sedena que no fueron capaces de advertir al Secretario y al Presidente López Obrador del caso Cienfuegos? A qué se dedican entonces? ¿NO tienen contactos en el extranjero? NO hacen espionaje ni contraespionaje? ¿Se limitan, como en el viejo régimen del PRIAN a espiar a figuras de la política interior, a periodistas y a defensores de derechos humanos?

¿El General Audomaro Martínez está atento a sus ALTAS y SENSIBLES responsabilidades o se dedica a administrar la nómina tranquilamente? ¿Tiene suficientes recursos humanos, técnicos y materiales para sus elevadas funciones? ¿Su equipo de agentes está debidamente capacitado?

Muchas respuestas deben a México los funcionarios de INTELIGENCIA y SEGURIDAD NACIONAL y de Sedena, no solo por el caso Cienfuegos, sino por la muy complicada coyuntura de alta CRIMINALIDAD nacional e internacional que golpea a todos los mexicanos, así como en otros temas relativos a sus funciones. No sobra decir que los malos resultados los exhiben; que están rebasados, por no decir en complicidad en algunos casos.

Tampoco sobra mencionar el gasto millonario con García Luna para armar su “Plataforma Mexico”, un avanzado sistema con infraestructura de vanguardia en su momento “para la seguridad pública”; y luego la adquisición también millonaria del sistema de espionaje en smartphones y otros aparatos electrónicos, Pegasus, que incluso fue adquirido por gobernadores. ¿Y todo para qué, si lo que se ve son goles metidos por los malvivientes de todos colores contra el estado mexicano?

El señalamiento no es tendencioso. Muchos crímenes graves siguen ocurriendo en México y los funcionarios parecen los mismos de siempre: omisos, incompetentes, ineficaces, cómplices. Se acaba de ir el Secretario de Seguridad Pública, responsable de la Guardia Nacional, Alfonso Durazo, como candidato a gobernador, con apenas dos años al frente de la tarea encomendada y con un desempeño francamente malo, quizás ni siquiera por él, sino por mandato de AMLO, que le dictó una línea muy clara para su desempeño: “Abrazos, no balazos”.

Mucho gasto acumulado en mucha burocracia de INTELIGENCIA, SEGURIDAD y DEFENSA, sin resultados deseables. La exposición de México a los altos riesgos y al descrédito está a la vista de todos. ¿Cuál es el cambio? Suponiendo sin conceder, ¿Cuántos Cienfuegos y García Luna más deambulan por ahí con uniforme o sin él, corrompiendo todo lo que tocan ante los ojos inútiles o cómplices de las autoridades o del presidente en turno?

El reto, mejorar todo el sistema

El caso Cienfuegos habría ocasionado RENUNCIAS de alto nivel en otro país y en otro gobierno exigente con sus funcionarios. Por lo menos los de Sedena y Cisen-CNI debieron presentar su baja a consideración del Ejecutivo; porque su ineficiencia ha dañado la imagen de México en el mundo. Es un hecho, no suposiciones.

Cabe recordar que el Cisen-CNI, NO ha sido manejado institucionalmente ni con alto profesionalismo, puesto que los presidentes han colocado ahí a sus amigos. Fue el Caso de Felipe Calderón, quien delegó tan alta responsabilidad en un encuestólogo sin experiencia en la materia, Guillermo Valdez, como pago de favores al Grupo de Economistas Asociados, (GEA), que comandaba Jesús Reyes-Heroles, y a quien nombró Director de Pemex.

En el sexenio siguiente fue nombrado en tan alto cargo el antropólogo Eugenio Imaz, para que sirviera al duo dinámico Peña Nieto-Osorio Chong. Y les funcionó muy bien, porque el funcionario no vio ni oyó nada en todo el sexenio: nada de la “Estafa Maestra”, por ejemplo, un caso verdadero escándalo. Siguiendo el mismo esquema de lealtades, López Obrador colocó a su paisano y amigo Audomaro Martínez; y con él, en la segunda y ESTRATEGICA posición -sin mayor experiencia en la materia- quedó como Secretario José Ángel Ávila Pérez, ex colaborador cercano del hoy Secretario de Relaciones Exteriores y persistente aspirante presidencial, considerado ya por todos como el segundo hombre fuerte del país, y casi insuperable en la carrera 24-30.

Audomaro Martínez recibió al Cisen con un presupuesto recortado de 2,400 millones de pesos y con una obesa nómina de 3,600 empleados, algo insólito: con un alto porcentaje de ellos sin aprobar los exámenes de confianza; también con una importante infraestructura nacional e internacional, aunque desintegrada y desmantelada –saqueada- y fundamentalmente dedicada al espionaje político y no a las labores de seguridad nacional. Punto este muy importante que López Obrador se comprometió a corregir, pero hasta la fecha y por el caso del general Cienfuegos, de García Luna, de El Chapo y otros, todo apunta a que dejan mucho qué desear en sus indispensables funciones.

Durante las primeras semanas desde que estalló la noticia de la detención del General, López Obrador se precipitó diciendo que haría una limpia en el sector relacionado con la Defensa Nacional y con la Seguridad Pública, pero luego metió reversa, apuntando que en beneficio del principio de que todo mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, afirmó que esperaría el resultado de la investigación en Estados Unidos, pero en corto y por presiones de los militares dio instrucciones a su segundo al mando para que reclamara al gobierno de Trump el retorno del General.

A pesar de sus mediocres o malos resultados, todas esas instancias de inteligencia y seguridad nacional; defensa y seguridad pública, deben ser RECARGADAS y relanzadas, con rigurosos mecanismos de transparencia administrativa y rendición de cuentas; con revisión de sus estructuras y objetivos; con más recursos humanos y materiales; con efectivos programas de capacitación profesional -de vanguardia- porque México no es cualquier república bananera, aunque así lo traten muchos de sus gobernantes; por supuesto que con esquemas de eficiencia y pertinencia en el contexto internacional; bajo lineamientos totalmente institucionales y con servicio profesional de carrera, sin partidarismos perniciosos.

Esa debiera ser una tarea impostergable del Poder Legislativo: actualizar el marco jurídico de todos los organismos de inteligencia, seguridad nacional, seguridad pública, militar y policial; como una sólida y eficaz respuesta institucional contra la creciente y poderosa criminalidad transcontinental: lavado de dinero, narcotráfico, TERRORISMO, trata de personas y robo de órganos; así como intervencionismo político para desestabilizar gobiernos legítimos; contrabando de recursos estratégicos como litio, plutonio y otros materiales radiactivos; y piratería de secretos industriales.

Las instalaciones estratégicas nacionales, las dependencias o instituciones del gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal; así como en sus órdenes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están expuestas y son permeables a la corrupción y al desgaste interno. La ubicación geográfica y económica de México, regional y globalmente, lo hacen un foco de atracción para la CRIMINALIDAD DE ALTO IMPACTO.

Todo México debe tener conciencia de que la seguridad nacional y la seguridad pública deben ser prioridades y que en estos campos hoy por hoy no caben políticas de “austeridad”, sino en todo caso, de rendición de cuentas; y que para servir al país los organismos y dependencias deben disponer de eficientes instancias de inteligencia y seguridad nacional, equipadas con lo último o padecer el riesgo de quedar expuestas a todo tipo de atentados o extorsiones, como supuestamente ocurrió ante el Cartel de Sinaloa en la liberación del capo Ovidio.

La disyuntiva está clara: o se mejora la prevención o el país seguirá padeciendo los daños y las vergüenzas resultantes del mal desempeño de los FUNCIONARIOS CRIMINALES y de las redes de PELIGROSOS delincuentes del orden común.

En INTELIGENCIA y SEGURIDAD NACIONAL; en Defensa, en seguridad pública y en eficiencia policial, hoy por hoy no caben la pequeñez de ideas ni la escasez de programas preventivos; y menos la omisión ni el descuido gubernamental; o hace su tarea el presidente López Obrador o se la harán los vecinos del norte, porque ellos son –hoy lo sabe el General en su laberinto- como los anonymous[ed1]: NO OLVIDAN, NO PERDONAN y hay que esperarlos.

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