IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las estructuras de organización social tradicionales, superadas por su incapacidad
Eduardo Roldán
Hoy es evidente que los diferentes esquemas político-económicos que han dominado la organización mundial en sus visiones librecambistas y estatistas no son suficientes. Por ello se demanda volver “la mirada a la sociedad civil como fuente última de cohesión social” (1).
ASÍ, EL NUEVO escenario exige al Estado, a los órganos de gobierno, a los partidos políticos y actores sociales a encontrar respuestas innovadoras conforme a la nueva realidad, abriendo nuevos canales de expresión y desarrollando un nuevo marco institucional que garantice la independencia de la sociedad civil y fortalezca su participación en los asuntos públicos.
Los ciudadanos y las organizaciones reclaman, cada vez más, un espacio en la construcción de la nación. Esta participación, sin embargo, no debe verse como un movimiento insurgente; más bien como una propuesta democrática de gran viabilidad operativa y legítima.
Uno de los saldos históricos ha sido un exceso de influencia del Estado mexicano en la vida de los ciudadanos, que ha limitado su iniciativa de organización, expresión y manifestación. “Existe un gran desequilibrio en la relación Estado-población, pues el primero opera frecuentemente como el gran decisor, sustituyendo la voluntad de los ciudadanos” (2). Por ello deben buscarse los mecanismos para transmitir la voluntad del pueblo, y asegurar el cumplimiento de las demandas en la co-gestión de las acciones. Más allá de las estructuras clientelistas y de los sistemas tradicionales de comunicación y acción entre el Estado y la sociedad del orden postrevolucionario; debe reconocerse una sociedad civil organizada, demandante y participativa.
El agotamiento de las reservas de organización social del Estado y el ejercicio democrático desde la sociedad misma, plantea nuevos retos de convivencia social y organización política. El fortalecimiento democrático, sin sociedad incluyente no es posible, ni tiene “viabilidad ética, social o política”. Debe construirse una nueva articulación, redes que reconozcan la diversidad de los movimientos, y que no esté a acotada por estructuras centralizadas o burocráticas.
En efecto las estructuras de organización social tradicionales han sido superadas, en virtud de su incapacidad para generar apoyos y procesamiento de los intereses de la ciudadanía. Se ha dado paso a la multiplicación y pluralización de los actores que implica enormes retos en la legitimación del poder y representación de intereses. La sociedad mexicana desbordó el sistema de representación social y política.
La autogestión
Esta crisis de identidad democrática no significa la eliminación de las instituciones públicas. Como observa Carlos Monsiváis: “El que no se les crea a los gobernantes no significa que abandonen el mando, pero describe un gobierno que ya no dispone de las resonancias habituales, de la ingenuidad popular como espejo magnificado de las proezas inexistentes, de la complicidad que suprime y remodela la memoria”. (3)
“El imperio de la ley, es requisito básico del sistema democrático y no puede existir sin códigos no escritos de confianza cívica. La sociedad civil, más que el Estado, aporta la base de la ciudadanía, y es, por ello, crucial para sostener una esfera pública abierta” (4). La estructuración de un nuevo marco legal debe tener en cuenta la advertencia de Luis F. Aguilar, quien expresó: “El reto del gobierno, y de las propias agrupaciones, es crear un nuevo marco jurídico, que incluya una definición de lo que son, una tipología de las actividades (...) Más orden, pero sin llegar al control” (5).
El orden normativo busca, entonces, no sólo el establecimiento de un sistema político viable, que establezca los derechos individuales y colectivos y reglamente las relaciones del Estado con la sociedad y entre ésta. (6) Adicionalmente, mediante leyes es necesario reconstruir el espacio público, dignificar el trabajo de las ONG y garantizar una nueva gestión social de las políticas. (7) Este espacio público sirve de mediación social, en el que convergen diversos intereses y permite su procesamiento.
El marco normativo debe garantizar la consulta permanente a la sociedad civil, así como su participación en las decisiones generales. La eficiencia y transparencia en la operación de las políticas públicas, ya no puede pensarse sin la intervención de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de tales acciones. Las acciones así contenidas, no sólo honrarían los principios básicos de la Ley Fundamental, también adquirirían un alto grado de legitimidad social, limitaría los márgenes de discrecionalidad gubernamental y aumentaría la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Con base en esta lógica debe desarrollarse un marco normativo que reconozca: la autogestión de la sociedad civil; su derecho a la organización; su actuación como fuerza política para configurar el nuevo orden nacional; su personalidad judicial; su derecho a la administración de los asuntos que le son propios: su capacidad informativa y de consulta; su derecho a la participación en el diseño, toma de decisiones y gestión de políticas; así como el reconocimiento de su régimen patrimonial y complementación de fondos públicos en el mismo, reconociendo en ello, la gran aportación que realizan no sólo a la democracia representativa, sino participativa.
Hacia lo público
En síntesis, la ley debe alimentar los procesos sociales, pero no puede crearlos. De esta manera debe gestarse una fórmula imaginativa que recree en un marco legal —además de las anteriores consideraciones— la realidad del trabajo socialmente organizado. A saber, el nuevo marco normativo debe comprender: Las labores de información y consulta que realizan las organizaciones civiles; La participación de las mismas para concertar las políticas y acciones; El reconocimiento de éstas para participar en la co-decisión de las políticas públicas; y El control que debe existir, por parte de la sociedad civil sobre la ejecución de los programas y proyectos públicos.
1.- Anthony Giddens, La tercera vía y sus críticos, Taurus, México, 2001, p. 65.
2.- Adalberto Saldaña H. El Estado en la Sociedad Mexicana, México, Porrúa, 1981, p. 220.
3.- Carlos Monsiváis, Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza, México, Era, 1987, p. 13-14.
4.- Anthony Giddens, op. cit., p. 74.
5.- Entrevista a Luis F. Aguilar, citado en Carlos San Juan Victoria, "Tendencias de la sociedad civil en México: la puja del poder y la sociedad a fin de siglo", en Alberto J. Olvera, La sociedad civil, de la teoría a la realidad, México, COLMEX, 2001, p. 161.
6.- Adalberto Saldaña, Op.cit p. 5.
7.- Adrián Gurza Lavalle, Estado, sociedad y medios, México, IUA-PvV, p. 55.
*) Internacionalista, académico, analista político y escritor.
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