Los obreros, expulsados
del paraíso neoliberal
Desde que, hace poco más tres décadas, los tecnoburócratas criollos -clasistas y,
por supuesto, racistas- tomaron por asalto Los Pinos, cargados con su modelo de
(verdadera) simulación y sus formatos
de matrices insumo producto, por
mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) se propusieron “adelgazar el
Estado obeso”.
Asesinato del alma
A Carlos Salinas Recortari le tocó meter la tijera a
la nómina federal, preferentemente sobre la baja burocracia. En la alta, fueron
incorporados los genios en “excelencia”. Fue el aval gubernamental para que los
patrones privados también remitieran a la cesantía, sin defensa sindical, a
buena parte de su plantilla de personal. A la que quedó, se le condicionó su
permanencia al rasurado de sus
prestaciones económicas y sociales. A veces a la cancelación de su sindicato.
Se decretó entonces la desalmada sentencia: ¡Empléate a ti mismo!
Ahora, son los de la llamada economía formal (en muchos
sentidos más criminal que la otra), los que se quejan por la “desleal” competencia
de los desempleados que medran en la economía negra. Son ya casi 30
millones en todo el país. (La Población Económicamente
Activa es de poco más de 52 millones.)
Dos canalladas
dos
Se pueden ilustrar las canalladas neoliberales con dos
casos elocuentemente representativos. Cuando en 1995-1996 Ernesto Zedillo Ponce
de León determinó entregar a particulares los Ferrocarriles Nacionales (que
finalmente quedaron en manos extranjeras, que dan empleo al ex presidente),
echó a la calle a tres mil obreros y empleados sólo en el Distrito Federal.
Con la complicidad del charro sindical ferrocarrilero Víctor Flores Morales, el ente
liquidador regateó la liquidación a los despedidos. Al menos 300 de ellos
interpusieron demanda laboral (juicio 91/996), reclamando diferencias en el
monto de la liquidación, base para su pensión. Apenas entre 400 y 500 pesos
mensuales.
El primer laudo favorable a los demandantes se dictó en
2001 (Tiempo de Vicente Fox). Durante 12 años, el liquidador evadió la
sentencia con todo tipo de huizachadas,
entre ellas el emparo. Finalmente, la Junta
Especial 46 de Conciliación y Arbitraje, con sede en
Tlaxcala, argumentando que el ente liquidador atacaba el derecho a la
alimentación de los pensionados, el pasado 14 de octubre ordenó el embargo de
instalaciones de la estación Buenavista, de la Ciudad de México, para
garantizar el pago de unos 18 millones. Llegó la “justicia laboral” cuando no
pocos de los demandantes han muerto.
El pasado 24 de octubre, unos 650 ex obreros
sindicalizados de la Goodyear Oxo,
se manifestaron frente a la sede de la Junta Especial 10 de
Conciliación y Arbitraje. (¡Provocaron caos vial! dijeron en las pantallas
televisivas.) ¿Cuál es la pila? La pila es que Sergio Pérez Tovar registró a su
nombre y como de su propiedad el sindicato. Con tal cínico carácter, usó
discrecionalmente más de 500 millones del patrimonio sindical para la compra de
tres ranchos de riego en Querétaro y otras propiedades. Lo que hace la mano, hace
la tras: Sus chalanes Gonzalo Ugalde y Marco Antonio Díaz siguieron su línea de
despojo.
Esa historia también empezó en 1996. Se ha emitido
sentencias a favor de los trabajadores, una de ella en 2005. ¿Qué ha hecho
hasta 2013 la autoridad laboral? Se ha hecho pato. Botones de muestra, nomás.
Topes salariales, contratos de
protección…
Durante los treinta años relatados, además de
institucionalizarse los contratos de protección empresarial aupados por la
federal Secretaría del Trabajo, se ha procedido a la desindicalización de
trabajadores, y a la precarización del empleo. Recientemente, con la
contrarreforma laboral, se estableció la triangulación contractual para que los
patrones (incluso empresas paraestatales), incumplan, sin consecuencias jurídicas
-ni fiscales-, la Ley
Federal del Trabajo.
Pero, además, entre las políticas de choque dictadas por
el FMI, con la coartada de que los costos laborales son inflacionarios, se
establecieron los topes salariales.
En lo sucesivo, la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos (y en cadena los patrones privados) indexó los incrementos al índice
inflacionario (que no se compadece de la carestía de la canasta básica
alimentaria.)
Obviamente, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en cada nuevo
paquete de Criterios de Política Económica, los tecnoburócatas fijan el cálculo mínimo de inflación para el año
siguiente. De ahí que el incremento anual de los mínimos (a los que están
sujetos al menos unos seis millones de trabajadores) sea de risa loca.
Obviamente también, a final de cada ejercicio fiscal, el tal índice
inflacionario queda por encima del anticipado. El salario mínimo permanece
inamovible.
Fabrica de
pobres… y ái veremos
El gobierno de Enrique Peña Nieto, ha tenido que
instituir la Cruzada Nacional
contra el Hambre, para satisfacer las necesidades más ingentes del infelizaje.
El 24 de octubre, la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa
presidencial reforma constitucional (excluyente de los trabajadores del
Estado), para crear la pensión universal y el seguro de desempleo. Para
financiar esas prestaciones, se tendrá que echar mano a la reserva de la
subcuenta de vivienda, disponiendo de tres puntos porcentuales del cinco por
ciento de las cuotas patronales. Agua de borraja para jubilados y desempleados.
Es la lógica neoliberal de: Fabrica pobres y
desempleados, y vamos a ver de qué cuero salen las correas para darles
subsistencia a sus familias.
Para colmo, queda para las calendas griegas una política pública de prohibición del trabajo
infantil y de protección al trabajo adolescente. Hablamos de unos cuatro
millones de menores. ¿Y los ninis,
‘apá? Vamos sobre el record de ocho millones.
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