El boletinazo electrónico
En tiempos de guerra activa, nada gratifica y alienta más a un beligerante, que pulsar el desconcierto del enemigo. Esta ventaja sicológica -que a la larga se expresa como desfallecimiento de la moral del adversario- parece estar ya de lado del crimen organizado en la campaña que en su contra declaró el gobierno de Felipe Calderón hace 40 meses, en los que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas y miembros del gabinete de seguridad nacional han proclamado, un día sí y otro también, que el combate se va ganando... “aunque no lo parezca”.
El tono triunfalista gubernamental en ese combate en el que los cárteles de la droga aplican una suerte de táctica guerrillera de ataca y huye que caracteriza el foquismo, no se compadece de los sangrientos saldos, cada día mayores, en los que incesantemente comparten víctimas los bandos en pugna y terceros ajenos a la lucha.
El signo más acusado de la impaciencia del gobierno frente a los resultados adversos de su campaña, es la acusación a los medios de comunicación de colaborar con los agentes de la violencia, al privilegiar en los primeros planos las acciones criminales por encima de los pretendidos éxitos de las fuerzas del orden. El proceso informativo sobre esos sucesos, sin embargo, se revela como una más de las debilidades de la estrategia oficial en esa guerra sin gloria.
Aunque las corporaciones participantes en el combate al narco teóricamente responden a la subordinación al comandante supremo, la diversidad de mandos militares y civiles en cada operación -cuando éstas se anuncian como exitosas-, tienta a sus protagonistas a acreditarse los méritos y a disputar los laureles, en un desenfrenado apresuramiento que los induce, en el menos grave de los casos, a falsear la información, sin medir las consecuencias. Para citar los casos más representativos -en que el boletinazo electrónico se ha adelantado a la verdad-, esa confusión se ha dado ora en Morelia o Cuernavaca, ora en Ciudad Juárez y más recientemente en Monterrey, ahí donde las víctimas han resultado ser civiles inocentes, a cuyos deudos se dirigen las consabidas condolencias pero no disculpas, cuando a esas víctimas se les ha señalado como delincuentes, ni reparación de daños, de por si imposible.
El ejemplo más escandaloso es el registrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en que dos adelantados estudiantes muertos fueron imputados de sicarios, y mientras que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dio como fuente de la infamante distorsión a la Procuraduría General de la República, el procurador estatal, Alejandro Garza y Garza, la atribuyó a la Secretaría de la Defensa Nacional. Enredos burocráticos aparte, éstos giran en torno a una tragedia que nunca debió ocurrir.
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