LA DEBACLE ELECTORAL del PAN pone de manifiesto un fenómeno que venía gestándose años atrás: la ruptura de la gran coalición de fuerzas políticas que gobierna a México hace 30 años: los empresarios, la iglesia católica, los tecnócratas, los intelectuales, la clase media y el gobierno de Estados Unidos. Ergo, los desafíos son forjar una nueva alianza gobernante y concretar la reforma del Estado.
Sus tareas son garantizar la gobernación y la eficacia del gobierno; modernizar la hacienda pública para invertir en salud, educación, desarrollo de infraestructura, frenar la pobreza y la desigualdad de oportunidades.
Parte de la inteligencia encabezó la fractura de esta alianza cuando Fox avaló la impunidad y se volvió símbolo de arbitrariedad y corrupción. Siguieron su huella los sectores medios, empobrecidos porque nunca llegó el prometido Estado de derecho que salvaguardara su seguridad y patrimonio, hiciera cumplir los contratos y sometiera a los monopolios (bancos, telefonía, cemento, bebidas, pan, Pemex, CFE...) a la ley y a la competencia. Amplió la fisura una democracia incapaz de obligar a los políticos a rendir cuentas (sobredimensiona a los partidos) y convierte a México en 32 feudos de sus gobernadores.
La Iglesia católica marcó su distancia de la coalición cuando perdió el control del PAN su ala más conservadora –que tenía como proyecto diluir el Estado laico. El sector empresarial, en cambio, sufrió una doble recomposición: la hegemonía del sector financiero, que impone tributos al sector productivo (y a todo el país), fue rota por la crisis financiera; a ello se suma la disyunción del sector privado con la tecnocracia (los gerentes del poder) por su pésimo manejo de la crisis, que agrava la depresión y puede causar una crisis social y de gobernación. Así concluye una alianza que cohesionó a los poderosos.
A este factor se suman los errores políticos del gobierno del presidente Calderón: su estrategia contra las mafias polariza a la clase gobernante, empeora la inseguridad pública y desprestigia a México.
El alejamiento con Estados Unidos lo indican el fin de la coalición gobernante -marcado por el arribo de Obama al poder- y la crisis financiera que mina el Consenso Washington. Una señal de los nuevos tiempos es el énfasis de la Casa Blanca en los derechos humanos. Otro síntoma de ruptura entre la clase gobernante de Norteamérica es la imposición canadiense de visado a los mexicanos. También pesa la marginación del país del rescate automotriz: prefirió dilapidar divisas para apoyar el peso. El remate: la mala prensa mundial por la fallida guerra al narcotráfico y la crisis sanitaria. México es socio indeseable.
El diagnóstico establece la agenda. En materia política, la labor es quíntuple: reforma electoral para mejorar el sistema de democracia representativa mediante la reelección limitada e inmediata de diputados y alcaldes, así como disminuir el número de curules. El objetivo es mejorar la rendición de cuentas. Revisar el sistema presidencial, ya sea para convertirlo en régimen semiparlamentario o ampliar las facultades democráticas de la Presidencia, y reforzar los poderes de fiscalización del Congreso, como propone Sartori. El fin es garantizar la gobernación, un gobierno eficaz y contener el feudalismo.
Las otras reformas urgentes son las del Poder Judicial para garantizar justicia expedita e imparcial, unificar y profesionalizar a las policías, y renovar las secretarías de Estado, conforme a las nuevas prioridades del país. Incluirían reducir el salario de los funcionarios y dar énfasis al servicio público. En economía, identificamos dos reformas preeminentes: una fiscal que, al terminar la crisis, grave equitativamente a todo mexicano, y establecer una política industrial que forme cadenas productivas y aglomeraciones (clusters) de empresas líderes. El éxito de esta política se basa en la promoción de la ciencia y la tecnología.
Finalmente, México debe replantear su relación con Estados Unidos y Canadá en cuatro áreas: seguridad, economía, política y migración. Estos pilares implican cambiar el combate a las drogas por una estrategia centrada en la salud pública. Convertir las inercias de integración económica y política en pactos equitativos de Estado, como la unificación industrial y monetaria, fijándoles fechas, compromisos y beneficios. Formar fondos de compensación regional. Crear mecanismos de gobernación trinacional y liberación gradual de tránsito y trabajo. ¿Podrá un gobierno tan dividido con tales desafíos?
*El autor es analista económico y político. E-mail:
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