¿Y la sociedad civil…?
Para Calderón, cambio
climático es tema para
“economistas y ejecutores
de política pública”
INDIRA DURÁN
(Excluisivo voces del periodista)
Las cumbres climáticas se han convertido en escenario que expresa las relaciones políticas entre países; relaciones que, como se demostró en diciembre de 2009, aún siguen las pautas de los tradicionales “ejes” y se permite definir “bloques opositores”.
Sobre la Cumbre Climática de Copenhague (COP 15) recayó la percepción de “fracaso” por su incapacidad de conseguir un respaldo unánime de los objetivos y puntos propuestos, preludio necesario para la consecución de un Acuerdo Vinculante que, según lo estipulado por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sólo puede establecerse en el seno de la ONU. Sin embargo este “fracaso” no se amplía a los foros y reuniones que prologaron con éxito el COP15; entre ellos el Foro de las Grandes Economías sobre la Energía y el Clima (MEF) creado en marzo del pasado año. En ellos se establecieron los parámetros luego reiterados en los puntos del “Acuerdo de Copenhague”, demostrando así que, a nivel pragmático, dichos foros significan el espacio político capaz de establecerse alternativa para la negociación multilateral.
Este protagonismo coloca a la Convención de las Partes en su justa dimensión. Las Cumbres del Clima son la conclusión de un largo proceso de negociaciones que no se limita a la Convención de la Partes. Sin embargo, este papel conclusivo otorga la apariencia de eficacia diplomática en el marco de las relaciones multilaterales. No puede ser de otra forma, pues la activa presencia de organizaciones civiles y de los medios de difusión coloca a las cumbres climáticas en el punto de mira de la opinión pública. A pesar del revuelo mediático, la urgencia por establecer factores benéficos que sostengan de un modelo económico acorde a los objetivos para paliar el impacto climático, más que la responsabilidad medioambiental, es determinante para un acuerdo ambicioso y global.
El reto de las negociaciones medioambientales consiste en abordar soluciones rotundas para paliar el impacto climático, evitando al mismo tiempo el impacto económico que dichas soluciones implican.
Ante la premura por una solución que ponga en marcha los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos fijados por el Convenio Marco y los acuerdos derivados del mismo, la Convención de las Partes parece dubitar entre dos iniciativas políticas posibles: o se defiende la viabilidad de las negociaciones multilaterales, manteniéndolas bajo el control neutral de la ONU; o se promueve los espacios de negociación alternativos que paulatinamente establezcan una cierta independencia frente a la dirección de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Precisamente, este segundo escenario es el que pareció imponerse a partir de 2009. Este escenario fragmentado se incita en beneficio de los intereses económicos de las diferentes naciones, aunque promueve una rápida conclusión.
Mayor control en las negociaciones por parte de las diferentes potencias y mayor margen de actuación al momento de definir los objetivos medioambientales, es propósito que posibilitará una verdadera actuación global, aunque a costa de la neutralidad que significa el liderazgo de las Naciones Unidas. También a costa, es de suponer, de una actuación ambiciosa y efectiva, justo lo que exigen las instituciones científicas. En términos de eficacia política,, es probable que la ONU continúe actuando como institución “marco” aunque el peso político lo tengan las reuniones prologales.
En la medida en que se incrementa la posibilidad de que, tanto países desarrollados como países en desarrollo, tengan acceso a la innovación en tecnologías limpias, se posibilita que los países se comprometan con el objetivo definido por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que considera necesario reducir hasta un 85 por ciento las emisiones de CO2 con respecto a la era preindustrial para el año 2050. El mejor de los escenarios apunta actualmente a una reducción del 50 por ciento de estas emisiones para el mismo año.
Se puede cumplir someramente con un Acuerdo Global, efectuando medidas inmediatas, aunque insuficientes, de reducción en CO2 o, como propuso Calderón en Copenhague, “promoviendo la reforestación”, pero los actores políticos y académicos involucrados declararon contundentemente, aún antes de Copenhague, que será preciso incentivar la investigación tecnológica. Los presupuestos otorgados a investigación y desarrollo (I+D) han de ser prioritarios para los diferentes países. Por su parte España ha asumido la conclusión del “fantasma de Copenhague”. Ante la presión de la Unión Europea -y precisamente por ella- en el contexto de la crisis económica que atraviesa España, Rodríguez Zapatero ha advertido que los presupuestos de I+D “no se tocan”.
Los costos que los objetivos medioambientales implican, y las consecuencias económicas que conllevan, han provocado que las partes involucradas apunten hacia un enfoque que debió haber primado desde el principio: la consecución de un acuerdo ambicioso en reducción de CO2 pasa por la construcción de proyectos que incentiven el mercado de las energías alternativas.
En la conferencia que el presidente Felipe Calderón expuso en Tokio este febrero, argumentó que el cambio climático es cada vez menos un tema limitado al foro de especialistas medioambientales y cada vez más un “tema de economistas y ejecutores de política pública”. Con esta frase Calderón Hinojosa plantea un hecho que anticipa el rumbo que tomarán las negociaciones en la próxima Conferencia de las Partes (COP16), mejor conocida como Cumbre Climática, que se llevará a cabo en noviembre de este año en México.
La advertencia hecha sobre el bajo perfil que tendrá la COP16, y la reticencia a comprometerse a lograr un acuerdo vinculante, no son sino declaraciones que reconocen el verdadero papel que actualmente tiene la Convención de las Partes en el contexto de las negociaciones.
Hasta este año, los amplios plazos de negociación han permitido el margen de tiempo suficiente para prefigurar un sistema económico que incorpore las nuevas tecnologías “verdes” a los programas empresariales. Este punto medular conjuga la urgencia en reducir el impacto climático y minimizar los efectos negativos que afectan principalmente a la industria energética y al mercado de combustibles fósiles.
Tras las difíciles negociaciones de 2009 ya se hablaba de Nuevo modelo de Crecimiento basado en bajas emisiones de carbono, que el director general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss Kahn, se apresuro a respaldar durante el pasado Foro de Davos, anunciando que el FMI promoverá un fondo “verde” para paliar los efectos del cambio climático, que en verdad es un fondo de inversión dirigido a los países desarrollados.
Si puede preverse una conclusión exitosa para la próxima Convención de las Partes que será celebrada en México el próximo noviembre, ha de basarse en declaraciones como las anteriormente señaladas que anuncian la disposición de los principales actores económicos a flexibilizar el modelo económico establecido, lo que tarde o temprano habría ocurrido.
Del mismo modo que ocurrió el pasado 2009, la reunión del Foro de las Grandes Economías sobre la Energía y el Clima prologará a la Cumbre Climática, teniendo como ciudades receptoras a Washington y Cancún respectivamente. Los países americanos involucrados en la MEF son Brasil, Canadá, Estados Unidos y México.
Por lo tanto, la “neutralidad” que el secretario de la SEMARNAT, Juan Rafael Elvira en entrevista con El País (19 de diciembre de 2009) arguyó como cualidad de México, próxima sede de la Convención de las Partes, es sólo aparente. Los espacios de las diferentes reuniones siguen teniendo como protagonista la franja centro-norteamericana. Aunque la maduración de un bloque que involucra a América Latina y el Caribe -la anunciada Cumbre de Estados Latinoamericanos- difundida el día 22 en el contexto de la Cumbre de Río, promete convertirse en puente de comunicación y negociación entre el tradicional grupo norte-centro americano y el resto de América. La próxima cumbre será el escenario adecuado para juzgar su grado de cohesión.
El posible éxito de la COP16 recaerá nuevamente en el problemático tema de la financiación, de la cual México ya ha adelantado conclusiones. Lo que nuevamente recuerda que el verdadero tema de la Convención no es cómo abordar el cambio climático sino cómo soportarlo económicamente.
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