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Lobbying y negociación política
Rafael Estrada Cano*
La etimología jurídica del kratos, tiene raíces en el consenso y el conflicto;
no así la semiótica jurídica del actor político ya que las hordas partidistas omiten normar el proceso de diálogo
democrático a la interacción entre lo público, lo privado y lo social.
El control electoral del poder en el mundo vive su mayor crisis, la displasia constitucional de las leyes políticas no equilibra la libertad individual máxima con la justicia social máxima ni garantiza repartir, compartir y asumir el bien común societal en la negociación política propia de la elite política o en el cabildeo social y económico de los grupos de interés y de presión.
La negociación acaba con la concepción positivista de la ley, pues la flexibilidad y autopoiesis de sus procesos de comunicación no son compatibles con el supuesto de que basta la norma para coaccionar a la realidad; sin embargo, la pura negociación partidista, así como la costumbre, la coyuntura y los acuerdos-pactos como fuentes del derecho en la política no dan identidad a los significados sociales comunes adecuados a la interacción de los poderes ejecutivo y legislativo, que velan por el interés general; y del poder judicial, que ve por el interés particular.
En México la negociación data de la época posrevolucionaria de 1929 y 1968, sin apertura; la expropiación petrolera entre 1934 y 1940, como recurso para sumar voluntades; la expropiación de latifundios, las huelgas de trabajadores ferrocarrileros en 1957 y médicos en 1959; la expropiación eléctrica y el conflicto sobre la fijación de salarios mínimos y aumentos para los trabajadores de la educación de 1960; el conflicto estudiantil de 1968; el auje de la guerrilla en 1973; el reconocimiento del Partido Comunista Mexicano y la reforma que origino a los diputados de partido o diputados de minorías en 1977; los pactos de concertación económica y estímulos entre 1882 y 1988, como negociación controlada; la primer propuesta de Reforma del Estado y la reforma al artículo 130 Constitucional en 1988; la firmar del TLCAN en 1990; el origen del IFE y la insurrección zapatista entre 1994 y 1995; la apertura de oficinas de Enlace Legislativo en contrapeso al Congreso con mayoría opositora en 1997; el control por decreto de la Segob sobre toda negociación entre el ejecutivo y el legislativo desde el 2000; y actualmente, la judicialización de la resolución de conflictos.
En otro sentido, el cabildeo emana del sustantivo cabildo y éste a su vez del latín capitulum, comunidad, es una palabra dirty Word. En Estados Unidos nació en el Capitolio del estado de Nueva York, Albany, en 1829; en agosto de 2009 el senador Harry Reig, afirmo que los neogansteres llamados cabilderos representan al crimen organizado al estilo Tom Deley. El derecho consuetudinario en California tipificaba como una felony la actividad de cabildeo.
El Reino Unido acuño el concepto lobby en la Cámara de los Comunes y de los Lords en febrero de 1884. La Comunidad Económica Europea ya contaba con cabilderos activos en 1958.
Desde 1997 México practica el viejo neologismo ingles lobbying invisible, primitivo y sin marco normativo; pese a ello, 4 de cada 10 diputados en la LXI legislatura, afirman que la actividad del cabildeo es intensa y constante; 38 % dice que existe mucho cabildeo, 40% algo, 10% poco, 1% nada y 5% no sabe.
Harry Reid.
Políticos y cabilderos mexicanos han aplicado la técnica Below the line desde que en 1986 el gobierno contrato a la agencia Hanna Ford Company, para asuntos de comunicación e imagen en Estados Unidos; empresarios mexicanos en 1990 contrataran americanos para el TLCAN; el gobierno empleara en 1992 a 22 de las 75 agencias registradas ante el departamento de justicia norteamericano; entre 1994 y 2000 secretarias de Estado solicitaran facilitar la resolución de controversias sobre narcotráfico, lavado de dinero, inmigración, turismo y disputas comerciales; Presidencia contratara entre el 2000 y 2006, 14 firmas para temas de imagen del gobierno; la Concamin en 2000 formara su Comisión de Enlace Legislativo; la Coparmex creara en ese mismo año su dirección de cabildeo y la comisión de cabildeo; exfuncionarios públicos y agencias de relaciones públicas que ya venían realizando public affairs, desde el 2001 conformaran la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo A.C., y actualmente, con una serie de nuevos supraelementos del Estado-Mercado a través de la Población Política, el Territorio Web, el Gobierno Electrónico y la Soberanía Financiera.
La Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, la conformación de Consejos Consultivos Ciudadanos en los distintos órdenes del gobierno, la elección popular de Comités Vecinales y de los Pueblos así como, el ejercicio de un supuesto presupuesto participativo, no representan el empoderamiento de la sociedad civil ni el fomento a la participación ciudadana en la toma de decisión política; además, la Ciberpragmática de la www.reformapolítica.gob.mx o los Twitter políticos con redes sociales virtuales solo buscan la reinvención de la política con el Internet como nueva esfera pública, mientras por un lado, se pretende tipificar penalmente la libertad de expresión consagrada en el artículo sexto constitucional, como secuestro extorsivo político y por otro, la desgarbada adición al artículo décimo séptimo constitucional integro un supuesto derecho de última generación con las denominadas acciones colectivas.
Capitolio de Albany, N.Y.
En lugar de las sociedades en convivencia de partidos que llevan al extremo su praxis política, México a través de una Ley General para la Reforma del Estado debe incorporar al cabildero como actor político en las etapas de negociación, cabildeo y construcción de acuerdos ya que a pesar de la no reelección legislativa y el sistema de financiamiento público a los partidos, el tráfico de influencias y la corrupción serían acotados por un proceso donde el conflicto de intereses y la gestión de negocios serían legalmente transferidos como asuntos de la agenda ciudadana en la agenda de gobierno. También legislar la Ley Federal de Negociación y Cabildeo para que junto con la practica de la Advocacy de forma a nuevas definiciones constitucionales para el diálogo político, la voluntad política, los acuerdos-pactos políticos, la cláusula de gobernabilidad democrática, el nuevo paradigma del contrato político, así como aplicar el checklisten “cuestionario alemán” en el proceso legislativo, que convierta verdaderos intereses sociales en normas jurídicas.
*Investigador, voluntario de la ONU en México.
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