¿Conjeturas paranoicas?
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
DESDE PRINCIPIOS DE DICIEMBRE del año pasado se ha especulado que tal vez Calderón podría pensar que el país no está en condiciones para llevar a cabo elecciones para el cambio de poderes federales y que, así las cosas, mejor sería posponerlas hasta que se logre, si acaso, terminar con el crimen organizado que se ha apropiado de las instituciones del Estado y es una amenaza a la democracia.
PARA MÍ, SON CONJETURAS con una cierta dosis de paranoia, pero… Veamos algunas declaraciones quizá emblemáticas. En el debate televisivo de los candidatos presidenciales del 6 de junio de 2006, Felipe Calderón dijo que en las elecciones del 2 de julio “vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años”. Como se corría el riesgo de que no ganara él sino López Obrador, a pesar de todo lo que Fox había hecho por marginarlo, entonces acomodaron las cifras de tal modo que, en efecto, Calderón y sus paniaguados pudieran decidir el futuro del país, por lo pronto por seis años. Todo el aparato del Estado se coludió para que no se recontaran los votos ni se pusieran en riesgo los resultados oficiales de esos comicios. El desenlace ya lo conocemos.
Lo que no sabíamos entonces, pero ahora sí, es que Calderón se apoyaría en las fuerzas armadas para gobernar e incluso para mostrar la nariz en lugares públicos fuera de su fortaleza denominada Los Pinos. Inventó una guerra, después “lucha”, contra el crimen organizado como fórmula para “legitimar” su gobierno, paradójicamente violando las leyes (todavía no se aprueba su propuesta de ley de seguridad nacional que le daría legalidad a algunas de las acciones hasta ahora ilegales tanto del Ejército como de la Marina en dicha guerra: por ejemplo el ingreso a casas habitación sin orden judicial o retenes en calles y carreteras también sin la respectiva orden judicial: artículo 16 constitucional).
Tal vez por esto es que el secretario de la Defensa hizo un llamado al Congreso, el 9 de febrero, a reformar las leyes en materia de seguridad nacional, con el fin de “custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio” del Ejército Mexicano (La Jornada, 10/2/12), pues bien se sabe que sin esas reformas el prestigio de los militares está en cuestión, por no tener fundamento legal muchas de sus acciones contra el crimen organizado o contra quienes presuntamente pertenecen a éste.
Diez días después, en el aniversario del Día del Ejército y las Fuerzas Armadas, el general Galván dijo: “Somos una institución emanada de la ley, y que actúa con apego a la ley” (las cursivas son mías), a pesar de que la ley que haría legales las acciones militares todavía no existe y de que, en caso de que se dicte antes de que termine el periodo de Calderón, no será ni podrá ser retroactiva.
La otra parte interesante del discurso del secretario de Defensa del 9 de febrero es cuando dijo que es evidente que existen partes del territorio nacional donde “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” porque la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado (La Jornada, ídem). Esto no debió haber ocurrido y demuestra que lejos de haber sido efectiva la “lucha” de Calderón contra el crimen organizado, éste ha ganado terreno que antes no tenía o que el gobierno no reconocía como espacios en control de aquél. Preocupa que para recuperar esas regiones del territorio nacional se vaya a hacer mediante las fuerzas castrenses y que éstas controlen, en nombre de las instituciones del Estado, esas regiones, y no el poder civil constitucional.
No sería un buen precedente que el gobierno civil y constitucional le ceda el poder a los militares, ni siquiera para “rescatar” regiones del país donde el crimen organizado se apropió de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, dicho sea de paso, no son abstracciones: tienen titulares y trabajadores de diversos niveles, que son los responsables de lo que se haga con ellas y de que trabajen al servicio de la población común y no de delincuentes. El caso de la penitenciaría de Apodaca, Nuevo León, es ilustrativo: nueve custodios y varias autoridades (incluido el director del penal), según la información oficial, participaron en la fuga de 30 presos, presumiblemente zetas. Los zetas, por si no se recuerda, tienen su origen en las filas de militares de elite, desertores del Ejército Mexicano (véase “Los zetas” en Wikipedia).
Se ha generalizado la idea de que el narco tiene grandes poderes. Sin juzgar si esto es cierto o una exageración, en cuanto se supo que no ganó el PAN en las elecciones pasadas en Michoacán (13/11/11), este partido sugirió que el crimen organizado había influido en la contienda, a favor del PRI, por supuesto. Una afrenta para Calderón, no sólo porque es su patria chica sino porque la ex candidata de su partido es su hermana.
Lo preocupante del affaire Michoacán es que ante la posibilidad de que perdieran los panistas saltó de inmediato la conjetura de que atrás de los candidatos opositores podía estar presente la delincuencia organizada. Días después de las elecciones michoacanas (30/11/11), el senador panista González Alcocer trató de meter a hurtadillas una modificación en la miscelánea penal con la que se pretendía equiparar la protesta social con el terrorismo. Al ser cuestionado, el senador reconoció que dicha iniciativa provenía de la Presidencia de la República. No pasó.
Cinco días más adelante del fracaso de penalizar la protesta social, Calderón declaró que era innegable la presencia del crimen organizado en las elecciones: “La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales –dijo– es un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso; es una amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso.” Y luego señaló: “Hablamos de un mal que representa una amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia nacional” (La Jornada, 5/12/11).
¿Conjeturas paranoicas?
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