En búsqueda de
la legitimidad perdida
HÉCTOR TENORIO
LAS MANIFESTACIONES IMPULSADAS desde las redes sociales son una variable cuyas consecuencias provocan un corto circuito al sistema político mexicano. Los inconformes con el resultado del primero de julio no dejan de denunciar y exigir que se sancione la compra de votos, el rebase de tope de gastos de campaña, las estructuras paralelas de financiamiento y otras irregularidades en que incurrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Marcelo Ebrard.
SU REACCIÓN HA SIDO iniciar una contraofensiva, porque la situación post electoral lo condena al nacimiento de una presidencia debilitada e ilegitimidad. Siempre y cuando no se invalide el proceso.
Los priistas creyeron que los mexicanos no habían cambiado desde en la década de los 70, demostrando poca movilidad le apostaron a buscar la legitimidad internacional, menospreciando la interna. Se convencieron tardíamente que la mejor defensiva es el ataque frente al desprestigio de una victoria manchada por las denuncias del fraude. En este contexto, demandaron al Instituto Federal Electoral (IFE) continuar con la queja de una presunta triangulación de recursos y la creación de otras asociaciones civiles distintas a Austeridad Republicana y Honestidad Valiente.
Afirman haber detectado desvíos de recursos de administraciones perredistas para financiar a los integrantes del staff de Andrés López Obrador. La estimación del PRI es que se trata de un gasto no reportado de mil 200 millones de pesos. Entre los gobiernos señalados se incluye al del Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard posible candidato presidencial dentro de seis años y que pudiera verse afectado.
La piedra angular de la estrategia del tricolor es deshonrar a Andrés Manuel López Obrador para así ocuparse de temas como las reformas pertinentes contrarias a las clases sociales más vulnerables. No olvidemos que son un instituto político bajo cuya dirección adquirió forma el actual sistema social mexicano, que se caracteriza, entre otras cosas, por su desigualdad lo que permite administrar la pobreza con fines electorales.
Pero ¿por qué se tardaron tanto? En el cuarto de guerra del PRI diseñaron un escenario donde daban por hecho que López Obrador al perder la elección, denunciaría el fraude y se lanzaría a desconocer las instituciones. El error fue partir de lo que hizo AMLO hace seis años cuando se declaró presidente legítimo a sugerencia de Porfirio Muño Ledo. Sin embargo, el tabasqueño ahora está asesorado por el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal quien con sus consejos lo está convirtiendo en líder de la oposición y con pretensión a ser candidato presidencial del 2018.
A pesar de la cortina de humo, el caso de las tarjetas de Soriana y Monex utilizadas por el PRI sigue en el aire. El Grupo Financiero Monex debe aclarar cómo recibió depósitos millonarios de empresas cuyo domicilio no corresponde al declarado, o tienen actividades que no requieren de esas tarjetas.
El asunto se encamina a convertirse en un nuevo Pemexgate que derivó en una sanción de mil millones contra el PRI ó la simulación como sería el caso del dinero de Amigos de Fox, que permitió a Vicente Fox llegar a la presidencia y luego ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) declarar el no ejercicio de la acción penal, y de forma paralela el IFE, declaró infundada la denuncia. No obstante, el Tribunal falló en contra y Acción Nacional (PAN), pagó una multa de más de 300 millones de pesos.
Queda claro que el descrédito de las instituciones electorales es debido a su encubrimiento e inoperancia. La autoridad está obligada a investigar la denuncia presentada contra el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto y no es el demandante el obligado a realizar el trabajo del Ministerio Público. Este mismo argumento es válido para la denuncia que presentaron los priístas.
La realidad se impone, el PRI fue incapaz de explicar los porqués de su victoria y ello nos lleva a una lucha entre los intereses de los ricos y el resto del país.
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