El macabro caso
de las hipotecas en España
DANIEL D. CARPINTERO
ENTRE 1995 Y 2006 el paisaje de Madrid semejaba el de una ciudad que acabara de ser sacudida por una catástrofe natural. Montones de escombros y centenares de grúas se recortaban contra el horizonte como en una postal apocalíptica. Era la fiera de la construcción.
EN POCOS AÑOS LOS CAMPOS de la periferia se convirtieron en un páramo ceniciento en el que los barrios fantasma aparecían de la nada. Bloques de edificios idénticos atravesados por carreteras por las que no transitaba ningún vehículo. Centros comerciales desiertos. Hoteles siniestros a veinte kilómetros de la zona turística más cercana. Cualquiera que no fuese político o banquero se daba cuenta de que nunca se venderían tantas casas.
Eran los años en que Aznar gobernaba en España; los días en que el precio de las viviendas triplicaba o cuadriplicaba el valor real; la época en que todo ayuntamiento español tenía su propio escándalo de corrupción urbanística. Era el tiempo de las hipotecas basura.
En esos años el negocio de la construcción y la venta de viviendas llegó a representar el 16 por ciento del Producto Interior Bruto. Los bancos tasaban los bienes inmuebles y fueron inflando poco a poco los precios hasta que éstos alcanzaron niveles absurdos.
Comprar un departamento para venderlo al cabo de un mes era un negocio sumamente rentable. La especulación era frenética. La banca obtenía créditos al 1,5 por ciento o al 2 por ciento en el mercado interbancario -un capital que procedía principalmente de Alemania- y concedía hipotecas a un interés de entre el 3,5 por ciento y el 7 por ciento. No había que reunir condiciones especiales para conseguir una hipoteca. Ningún banquero tenía remilgos ante la posibilidad de ganar dinero aunque la operación revistiera cierto riesgo. Se daban créditos con los ojos cerrados y con la mano tendida para recoger los billetes. Hasta que el banquete terminó.
En 2008, tras el escándalo de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, el mercado interbancario se cerró. La compraventa de viviendas se redujo y los precios empezaron a caer. Muchos especuladores que adquirían bienes inmuebles para venderlos más caros se arruinaron. Otros tantos constructores -financiados por la banca- se vieron ante el problema de que eran propietarios de miles de viviendas que nadie quería comprar. También ellos acabaron en la ruina. O en la cárcel.
Fue el principio de la depresión económica en España. Cuatro años después hay casi seis millones de desempleados en el país -más del 25 por ciento de la población activa- y el gobierno derechista de Rajoy practica una política de recortes draconianos que están llevando la economía a la bulimia. Las conquistas sociales que se han logrado en treinta años de democracia -los derechos de los trabajadores, la sanidad y la educación públicas, el acceso universal a la justicia- desaparecen como ilusiones inducidas por algún dios sarcástico. España avanza hacia la desigualdad. O retrocede hacia días oscuros en que la derecha fascista campaba a sus anchas.
Las consecuencias más terribles del frenesí inmobiliario empiezan a difundirse ahora en los medios de comunicación. El pasado 9 de noviembre una mujer se arrojó por la ventana en Barakaldo (País Vasco) mientras la comitiva judicial enviada por el banco llamaba a la puerta para echarla de su casa. Falleció en el acto. Su suicidio -junto a muchos otros que no figuran en las páginas de los diarios terminó de indignar a una parte grande de la sociedad española.
Desde 2008 la banca ha obligado a desalojar casi 400 mil viviendas. Otros 300 mil desahucios se están tramitando en los juzgados. Se trata de una ironía macabra. Los bancos que ahora echan a la gente de sus casas recibieron hace unos meses más de 40 mil millones de euros en capital público -dinero del bolsillo de los ciudadanos- para evitar la quiebra masiva.
A este cóctel hay que agregar otro ingrediente: La ley hipotecaria española, una de las más injustas del mundo. Se redactó en 1909 y sobrevivió al franquismo para instalarse como una infección en la época actual. Establece que cualquier contrato hipotecario tiene mayor fuerza legal que la sentencia de un juez. Las cláusulas del documento del banco resultan inamovibles y fijan condiciones tan beneficiosas para la entidad financiera como desastrosas para el individuo hipotecado.
Supongamos que un cliente firma una hipoteca de 300 mil euros. Cuando ha pagado 100 mil se queda sin empleo -una circunstancia común en la España de hoy- y carece de recursos para pagar la mensualidad. El banco procede entonces a embargar sus bienes y sus ahorros. Pero no es suficiente. Eso apenas reduce la deuda. De modo que el banco inicia el proceso legal para desahuciarle y al cabo de seis meses el sujeto es expulsado de su casa. Aquí debería terminar el problema.
Pero el problema continúa. El banco subasta el inmueble a un precio muy bajo para asegurarse la venta (a menudo es la propia entidad la que compra la vivienda a través de una sociedad inmobiliaria de la que es dueña) y resta esa cantidad al monto total de la hipoteca, que ha crecido debido a los intereses por demora. Imaginemos que el banco vendió la casa por 180.000 euros. El individuo hipotecado ha pagado ya 100 mil y le faltan por desembolsar otros 20 mil más los intereses por demora. Es decir: más de 120 mil euros a cambio de nada.
En cuatro ocasiones se llevaron al Parlamento propuestas para cambiar una ley hipotecaria que no sólo es injusta sino que además contraviene la normativa europea. Las cuatro propuestas fueron rechazadas con los votos de los diputados del PP de Rajoy y del PSOE de Rubalcaba (antes de Zapatero).
La banca argumenta que cambiar la ley haría subir la prima de riesgo (el indicador que marca el interés que el país paga por colocar deuda soberana) y desestabilizaría el sistema financiero. Se trata de un argumento que los políticos y los empresarios llevan esgrimiendo desde 2008: la gente debe sufrir privaciones e injusticias para que la economía salga del agujero. Si España sigue por esta senda llegará a ser una tierra económicamente próspera en la que los ciudadanos se morirán de hambre.
La indignación social en cuanto a la injusticia de las hipotecas ha aumentado en las últimas semanas. Los cuarenta y siete jueces decanos de España presentaron un informe en el que piden que se modifique la ley, y proliferan las protestas de grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El gobierno de Rajoy se ha visto obligado a actuar. El remedio consiste en una moratoria de dos años en el pago de la hipoteca para las familias con muy pocos recursos y en alquilar las viviendas que la banca acumula como consecuencia del frenesí especulativo de los años de Aznar. Es como intentar curar una herida de bala con un trozo de esparadrapo. Rajoy sigue negándose a cambiar la ley. Y los banqueros se frotan las manos.
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