LA SANIDAD MADRILEÑA ARDE
El otro país
ÁNGELES MAESTRO
La sanidad madrileña arde. Tras la presentación de unos presupuestos para 2013 en los que la Consejería de Sanidad ha decidido un recorte de mil millones de euros sobre un presupuesto de algo más de siete mil millones y la cascada de noticias sobre cierres de hospitales, centros de especialidades, de salud mental, privatizaciones generalizadas y el anuncio de despidos masivos, la chispa ha prendido.
Huelgas, encierros y manifestaciones se prodigan en una escalada de tensión que tuvo un momento destacado en la monumental manifestación del domingo 18 de noviembre y que marca un nuevo hito el lunes 26 cuando se inicia una huelga indefinida de personal médico y otra del resto de trabajadores de la sanidad de dos días por semana.
Con el pretexto de la crisis el gobierno, el PP ha decidido privatizar todo lo que pueda ser negocio y dejar lo público, degradado al máximo, para la atención de los pacientes no rentables, personas mayores y enfermos crónicos.
El anuncio del cierre de grandes hospitales (La Princesa y Carlos III) para convertirlos en geriátricos, privatización de la gestión de Centros de Especialidades para hacerlos depender del hospital de gestión privada más próxima, cierre de Centros de Salud y de Salud Mental, privatización completa del personal sanitario de todos los hospitales de gestión privada, que hasta ahora dependía de la Comunidad de Madrid y el anuncio de despidos de miles de trabajadores de la sanidad completan un panorama que ha hecho saltar la chispa que está incendiando la sanidad pública madrileña.
Todos los gobiernos -estatal y autonómicos- han ido engordando una bomba de relojería que está estallando ahora en Madrid. Seguramente la Consejería de Sanidad pensaba que todo estaba controlado al tener suficientemente comprados y/o debilitados a los grandes sindicatos del sector, a colegios profesionales y sociedades científicas. Todas estas entidades, efectivamente, han venido callando mientras se ponían en marcha los 11 hospitales de gestión privada, la transferencia de más de cinco mil sanitarios a los mismos -pagados por la sanidad pública- el cierre de laboratorios y de miles de camas en los grandes hospitales públicos y el despido lento pero constante de trabajadores de la sanidad.
La lenta acumulación de material altamente inflamable
Desde hace dos décadas se viene produciendo una lenta acumulación de hechos que venían sirviendo a un doble objetivo que se retroalimenta mutuamente: deterioro y restricción de los servicios públicos y privatización de la sanidad.
Desde el Informe Abril Martorell (1991), que el PSOE significativamente encargó a un banquero franquista, se definió un programa completo de privatización que los gobiernos estatal y autonómicos han venido ejecutando como una apisonadora. Se han venido privatizando servicios de limpieza, cocinas, lavandería, laboratorios, gestión de historias clínicas, ambulancias, etcétera, mientras aumentaban exponencialmente los conciertos con clínicas privadas “para reducir las listas de espera” y el deterioro constante de la sanidad pública iba engordando las cuentas de resultados de las aseguradoras privadas.
La exclusión de medicamentos de la financiación pública -los “medicamentazos” del PSOE y del PP-, la definición de la “cartera de servicios” que determinaba qué prestaciones estaban incluidas y las que no, unidos a una descapitalización progresiva de la sanidad pública, iban preparando el paso decisivo.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada por el PP, PSOE, CiU, PNV y CC abre la puerta a la entrada masiva de la empresa privada a la gestión de la sanidad pública. Esa ley es la cobertura legal del PP para la privatización masiva que pretende culminarse en Madrid, en el País Valenciá, y en el resto de CC.AA. Esa Ley fue también la que amparó la construcción de hospitales de gestión privada en Cataluña y Baleares mientras gobernó la “izquierda”.
El papel del PSOE en todo este proceso ha sido y es decisivo. Sin su apoyo o su silencio, como el de la dirección de CC.OO., que aplaudió mediante comunicado de prensa la votación de la citada Ley, o el de organizaciones satélites como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -que negaba sistemáticamente la trascendencia de la misma- ha sido determinante para que todo el proceso de privatización se llevara a cabo con el mínimo de respuesta popular.
Valga como el ejemplo el hecho de que, tras el enorme esfuerzo realizado por organizaciones independientes como CASMADRID y MATUSALÉN para recoger más de 500 mil firmas para la derogación de la Ley 15/97, el PSOE en el gobierno se viera obligado a votar en el Congreso la propuesta de IU de votar la toma en consideración de su reforma. Eso sucedió en el año 2009 y fue un brindis al sol. Semana tras semana el PSOE fue solicitando ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta que se disolvió el Parlamento en 2011 por la convocatoria de elecciones generales.
No cabe la menor duda de que los enormes intereses económicos que pretenden gestionar buena parte de los 70 mil millones de euros del presupuesto anual de la sanidad pública cuentan con la complicidad, no sólo del PP, sino del PSOE, y de la mano de este último de otras organizaciones que han recibido sustanciosas subvenciones de su mano.
En este momento, cuando la gravedad de los hechos es inocultable y la conciencia popular se ha ido forjando mediante el infatigable esfuerzo -sostenido durante más de una década- de pequeñas organizaciones independientes, el gobierno de Madrid ha cometido el gran error de calculo de pisar el acelerador y mostrar a las claras sus intenciones de acabar con la sanidad pública y dar a la gestión privada la mayor parte de la sanidad madrileña.
El detonante
En un panorama en la sanidad madrileña marcado por la desconfianza de los trabajadores frente a las grandes organizaciones sindicales –tanto las que se autodenominan de clase como la amplia gama de sindicatos corporativos- y por el sentimiento generalizado de impotencia, un hecho ha contribuido decisivamente a hacer saltar la chispa de la movilización.
Una asociación de carácter sindical, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en pocos meses ha conseguido reunir a más de mil médicos, ha saltado a la palestra convocando una huela indefinida “hasta de se retiren los Presupuestos de Sanidad” y exigiendo la derogación de la Ley 15/97. AFEM representa mayoritariamente a los médicos jóvenes, en su inmensa mayoría con contratos precarios tanto en la sanidad de gestión pública como en la de gestión privada, y que tiene por lema la defensa de la dignidad de la profesión, ligada indisolublemente a una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
Esta asociación ha entendido claramente dos hechos trascendentales:
1. Que el negocio de la gestión privada pasa decisivamente por tener a un personal médico -que es quien determina el gasto- que “colabore” en el ahorro y que eso se asegura con contratos precarios y salarios que dependan de seleccionar a pacientes rentables, dar altas precoces y restringir el gasto en medios diagnósticos y tratamientos.
2. Que su capacidad de presión es muy grande ahora, que aún tienen el carácter de empleados públicos, y que puede desaparecer totalmente en cuanto los despidos masivos y la completa privatización se materialicen.
La huelga indefinida convocada parece contar con un amplio seguimiento. El éxito de las asambleas convocadas en un Colegio de Médicos abarrotado por cientos de profesionales que señalaban directamente a su Colegio, al sindicato médico y a las sociedades científicas como cómplices, han llevado a todas estas entidades a elaborar precipitadamente comunicados de apoyo a la huelga y de denuncia de los proyectos de la Consejería de Sanidad.
Al tiempo que se producían estos hechos, las asambleas de trabajadores de hospitales y centros de salud iban decidiendo encierros y movilizaciones seguidas con fuerza inusitada por la población. Los grandes sindicatos envueltos en la vorágine de lucha desatada, han convocado a todo el personal sanitario a cuatro días de huelga.
El movimiento popular se va organizando, colaborando decisivamente en encierros y manifestaciones en torno a la defensa de sus hospitales y centros de salud. La batalla de la Consejería de Sanidad por mostrar las huelgas y movilizaciones como actos en defensa de intereses laborales y corporativos -hoy por hoy- la están perdiendo.
La conciencia popular, expresada en la consigna “No son recortes, es lucha de clases”, va creciendo ante la evidencia del enorme saqueo de derechos laborales y servicios públicos, orquestado por el capital privado y que ahora se centra en el expolio de la sanidad pública.
La orientación de la movilización
La difícil pero trascendental tarea de las organizaciones de la izquierda coherente y de todas las personas que se van incorporando a la lucha cada día y que cada vez encuentra un terreno más abonado, se centra ahora en:
- Desmontar el discurso dominante centrado en que “los recortes son necesarios para salir de la crisis” y mostrar que lo que está en marcha es un gran saqueo de recursos públicos para llenar las arcas el capital privado.
- Oponerse al pago de la deuda y de sus intereses que estrangula nuestro futuro y que se concretó en la Reforma Constitucional de hace un año, pactada por el PSOE, PP y las derechas nacionalistas.
- Actuar convencidos de que el único camino posible es la lucha decidida, sin cuartel y hasta derrotar sus proyectos de desmantelamiento de los público y la privatización, que es conjunta de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos.
- Construir formas organizativas populares no controladas por aquellas organizaciones colaboracionistas y pactistas que han permitido que los planes del capital avanzaran desmovilizando y debilitando la capacidad de respuesta popular.
El camino está abierto. La lucha sigue.
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