GUATEMALA 
El lado obscuro de la luminosa energía verde CAMILO SALVADO*
DESDE HACE ALGUNOS DÍAS el tema de la hidroeléctrica Chixoy ha vuelto a ser noticia
con la emisión de una ley estadounidense que condiciona la ayuda económica a
Guatemala a que se den “pasos creíbles”
en la reparación de daños a los damnificados por dicha represa.
LOS “DAÑOS” A LOS QUE se alude no son pocos; los “costos del desarrollo” implicaron 400 personas
masacradas, inundación de tierras comunitarias y desplazamiento forzoso de los
sobrevivientes, entre varios otros factores.
Hasta
la fecha, las comunidades cercanas a la hidroeléctrica Chixoy no tienen luz
eléctrica, ni viviendas dignas, mucho menos han sido reparadas por los daños
que sufrieron. La verdad es que esta injusticia, como tantas otras en la
historia del país, estaba hace tiempo enterrada (o más exactamente, inundada),
por lo que no era un tema de preocupación para el partido gobernante (Partido
Patriota, PP).
Sin
embargo, en los dos años de gobierno del PP, el tema de las hidroeléctricas ha
aparecido numerosas veces en los titulares. Es frecuente leer noticias sobre la
oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas.
Para
el ciudadano común es más fácil identificarse con las comunidades opositoras a
proyectos mineros, e incluso -si tal identificación no existe- comprender
argumentos sobre las muchas razones para oponerse a la minería de metales a
cielo abierto, vistos sus devastadores impactos socio ambientales y económicos
en Guatemala, Honduras y varios otros países en todo el globo.
Sin
embargo, existe mayor confusión y opiniones encontradas cuando las comunidades
se oponen a proyectos hidroeléctricos. Esta confusión se explica por la
publicidad que dichos proyectos han recibido como productores de “energía verde”, ambientalmente
sostenible y ciertamente menos contaminadores que los combustibles fósiles. Otra explicación se vincula con la
criminalización de que han sido objeto estas justas luchas y resistencias
comunitarias.
¿En
que consiste dicha criminalización? En una fase inicial, se retrata a las
comunidades como grupos antisociales o retrógrados que se oponen de manera
irresponsable, como por inercia, al “desarrollo”, simbolizado por la
construcción de la represa.
En el
“mejor” caso, se atribuye la oposición a la supuesta ignorancia de los
pobladores, en el peor caso a la manipulación de grupos externos a la
comunidad. No está de más advertir que ambos argumentos son racistas de forma y
fondo.
La
segunda fase de la criminalización consiste en acusar abiertamente a
comunidades y organizaciones aliadas de crímenes como destrucción de propiedad
privada o incluso de terrorismo; este último, un delito de moda desde los
atentados del 11 de septiembre de 2001en Estados Unidos.
Sin
embargo, esta peligrosa derivación de la “teoría
de los indios manipulados” tiene su propia historia en Guatemala.
La última
fase de la criminalización es la represiva. Con ello nos referimos
principalmente a la represión ejecutada de acuerdo a la ley -pero en contra de
la justicia-, es decir órdenes de captura, encarcelamientos o violentos
desalojos (por ejemplo, el realizado en Barillas).
En
esta fase represiva incluimos también aquellos hechos violentos aislados, o
aparentemente aislados, y sin embargo protagonizados por personas vinculadas a
las empresas hidroeléctricas (caso Monte
Olivo y otros).
La
estrategia de criminalización tiene varios planos y objetivos. Por un lado se
reprimen las luchas y resistencias locales, intentando parar en seco los
conflictos provocados por las empresas y no por las comunidades. Por otro, se
les hace ver como criminales y terroristas, con lo cual se les aísla del
potencial apoyo en el resto del país (o incluso internacional).
Partido Patriota, PP.
Al
mismo tiempo, se crea legitimidad para las acciones represivas legales, que de
este modo son vistas como un simple “mantenimiento del orden público” y no como
un brutal e incondicional apoyo del gobierno a las empresas.
No es
este el momento ni el lugar para discutir las desventajas y ventajas (reales o
supuestas) de los proyectos hidroeléctricos. Esperamos hacerlo en un próximo
artículo. Baste por el momento con indicar que no pueden hacerse generalizaciones
como “todas las hidroeléctricas son buenas” o “todas las hidroeléctricas son
malas”. Se debe analizar cada caso por separado y de forma específica, pero sin
perder de vista el contexto general.
De hecho, deben tomarse en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, el tamaño
real de la construcción, la extensión de su zona de influencia, sus posibles
impactos en los cuerpos de agua cercanos (en especial el que va a ser usado por
la hidroeléctrica), así como en la flora y fauna locales y por supuesto, en la
poblaciones aledañas; en especial, aunque no únicamente, aquellas ubicadas río
abajo de donde se construirá el proyecto.
Tampoco pueden hacerse generalizaciones sobre las razones de las comunidades
para oponerse a la construcción de una hidroeléctrica. Las mismas pueden ser
múltiples y complejas, dependiendo de cada caso. Sólo podemos afirmar algunas
cosas de los casos a los que hemos estado más próximos.
Desde
hace algunos años, AVANCSO ha entrevistado a varias personas y comunidades que
se oponen a proyectos hidroeléctricos en varios puntos del país. Si bien son
muy diversas, en todas las entrevistas existen algunos denominadores comunes:
ciertamente no se oponen al “desarrollo”, el cual siguen viendo -tal vez
inocentemente- como una salida a la insoportable situación de pobreza, abandono
estatal y exclusión en que viven.
Tampoco confunden las hidroeléctricas con la minería, como afirman algunos
columnistas de cuyo nombre no quiero acordarme. Muchos de ellos conocen las
ventajas que podría traer un pequeño proyecto hidroeléctrico, pero preferirían
verlo administrado por la misma comunidad (o en todo caso por la
municipalidad), y no en manos de una empresa privada cuyo primer objetivo es
generar ganancias privadas.
Y por
cierto, no se oponen a “las hidroeléctricas” en general ni en abstracto. A lo
que estas personas se oponen, es a casos concretos con nombres exactos: Hidro Santa Rita, Hidro Santa Cruz, Hidro
Xacbal.
A lo
que se oponen, es a la forma abusiva y prepotente en que los sucesivos
gobiernos y las empresas privadas, armados de razón (“es energía verde”, “es
buena para el ambiente”, “traerá empleos”) , pero también armados con pistolas,
pretenden imponer los proyectos hidroeléctricos, sin consultar a las
comunidades afectadas ni mostrarles el más mínimo respeto humano básico.
Pero
sobre todo, estos luchadores y luchadoras sociales conocen su historia y
guardan perfectamente en su memoria colectiva lo que los gobiernos quieren
decir cuando dicen “hidroeléctrica”; todo ello se resume en una palabra:
Chixoy.
Equipo PICTA-AVANCSO. Asociación para el Avance de
las Ciencias Sociales en Guatemala
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