El gobernador Constitucional del estado de Campeche, Fernando Ortega Barnes, enfrenta juicio político ante la Cámara de Diputados, por los delitos de Despojo, abuso de autoridad, fraude, robo y amenazas, en agravio de Leonel Osvaldo Garza Cantú, a quien sustrajo un terreno con una superficie de 24, 977.18 metros cuadrados, propiedad de construcciones Industriales del Golfo S.A. de C.V, por un monto total de $2, 747, 489, 800. 00. El terreno se encuentra cercado por elementos de la Policía del estado. En la demanda de juicio político se exige su desafuero y juicio penal.
Para el abogado de la empresa constructora y dueña del predio, César Fentanes Banda, este hecho representa una de las más viles acciones que el gobernador del estado, Ortega Barnes ha realizado en beneficio personal. Dijo que la actitud del ejecutivo ha sido de prepotencia, menosprecio y carencia de toda ética, al adjudicarse un terreno que no le corresponde.
Recordó Fentanes Banda que los Mouriño, una de las familias más poderosas en el sur del país, obtuvieron un permiso del Gobernador priísta Fernando Ortega Barnes para construir, a través de su compañía Inmobiliaria Supermex SA de CV, un complejo turístico llamado Campeche Country Club. Ortega Bernés participó en la presentación del proyecto, acto que desencadenó críticas por parte de la oposición. Manuel Chablé Gutiérrez, ex candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura, dijo que la presencia del mandatario en el evento “demuestra sumisión ante la influencia” que tienen los Mouriño en esa entidad.
La zona residencial cuenta con mil 500 lotes urbanizados y “servicios de alto nivel”, como se promociona en su página web, diseñados con las más altas especificaciones profesionales, con diferentes vistas al mar, lagos, jardines y hoyos de golf. Pero eso no es todo.
La Historia
En entrevista exclusiva, César Fentenes Banda, abogado de Leonel Garza Cantú, empresario de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, compra el inmueble en el año de 1992 directamente a Banobras y, por razones de tipo financiero, no se pudo pagar, por lo que se inició un juicio ejecutivo mercantil, promovido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondeport en contra de Leonel Osvalda Garza Cantú y Construcciones Industriales del Golfo.
Destacó el abogado que en el transcurso del procedimiento hubo diversos y variados acercamientos entre las partes involucradas por lo que se llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda, de reestructurar el juicio para, de alguna manera dar facilidades para liquidar la deuda.
 En este ambiente de cordialidad, el empresario Garza Cantú pagó diversas cantidades de dinero especificadas directamente al juzgado, las cuales fueron convenidas con la parte actora de este juicio. Explicó que al momento de realizar el último pago de las cantidades convenidas y con las cuales liberaba totalmente el adeudo. Es decir, dijo el abogado, se pasaba de quitaba la reserva de dominio y el terreno pasaba directamente a manos de Leonel Osvaldo Garza Cantú, obviamente porque el área estaba totalmente pagada.
Pero, contradictoriamente y en lugar de hacer los deberes procesales normales, se hace una “Donación” de Banobras al gobierno del estado de Campeche. Haciendo con esto una jugada sucia, ilícita e inmoral, porque los cerca de 25 mil metros cuadrados de terreno estaba totalmente pagados. Es decir explicó el abogado Fentanes Banda, se realizó un primer pago correspondiente al 40 por ciento del valor total que ascendió a $ 1,098,995, 920. 00 y la cantidad restante se distribuyeron de la siguiente manera:
Se otorgó financiamiento por parte del vendedor con un cargo del 119.54 por ciento anual y, para garantizar el pago se suscribieron cuatro pagarés seriados por un importe neto de $631,251,880.00 anuales pagaderos a partir del 30 de septiembre de 1993.
Explicó el abogado Fentanes Banda que una vez adquirido el inmueble por Construcciones Industriales del Golfo S.A de C.V., construyó las edificaciones necesarias e integró al predio el equipo idóneo para el desarrollo adecuado de sus operaciones, las cuales iniciaron a partir de la suscripción del contrato traslativo de dominio.
El descaro
Días más tarde y obviamente luego una visita que el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernes realizó por el predio, y “quedó fascinado” por su ubicación en Ciudad del Carmen y, a pesar de que ya está el juicio pagado, se celebra el contrato de “donación” al gobierno del estado de Campeche. Entonces para mayor descaro –afirma- Banobras crea una Fideicomiso y en ese momento comienzan las gestiones con el gobernador. Nosotros, en ese momento rechazamos cualquier intento de “donación” porque el predio estaba totalmente pagado.
Dijo que en un principio se pensaba que el gobernador Ortega Bernes en pláticas extrajudiciales había admitido –incluso había pruebas- de que se había incluido indebidamente el inmueble del señor Garza Cantú; sin embargo “En unas de tantas jugadas y en contubernio con la juez V en materia Civil de primera instancia del Distrito Federal, Con toda la impunidad y abuso de autoridad, no solamente devolvió lo que indebidamente fue “donado”, sino que desalojó a través de la fuerza pública del estado de Campeche.
Explicó que a mediados del mes de diciembre del 2012 irrumpieron el predio personas armadas con armas de diversos calibres y, con amenazas, obligaron a empleados a abandonar las oficinas y patios propiedad de Construcciones Industriales del Golfo S.A. de C.V., por órdenes precisas del gobernador constitucional del estado de Campeche, Fernando Ortega Barnes.
Agregó que todo el personal que labora en la empresa fue obligado a salir de la propiedad sin entregar un inventario del equipo. La maquinaría y el inmueble quedó resguardado por vehículos y personal que ostentaban identificación del gobierno de Campeche. “Se quedaron con maquinaria, grúas, herramientas y demás instrumentos electromecánicos”, abundó.
Este acontecimiento, recalcó César Fentanes, fue un acto de prepotencia y abuso de autoridad, no obstante que el ejecutivo federal tenía pleno conocimiento que ese inmueble “no le pertenecía”. Se realizaron las acciones correspondientes: juicio civil y penal¸ cosa que al gobernador hizo caso omiso; entonces, nosotros como afectados tuvimos que recurrir al juicio político, a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que consagra esta figura.
Explicó que cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones que cometa un delito, como en este caso abuso de autoridad, robo, despojo, fraude, daño en propiedad ajena y amenazas, puede ser desaforado y, más tarde, juzgado por las autoridades correspondientes. Dijo que ejecutivo estatal se “adueño” del predio y por capricho no lo quiere devolver.
Ahora hemos presentado juicio político ante la Cámara de Diputados, el cual ya fue ratificado y se le está dando seguimiento. Se formó la Comisión instructora para subirlo al pleno en la agenda legislativa. “No dudamos que el juicio penal proceda, pues tenemos todos los argumentos y pruebas necesarias paras enjuiciarlo políticamente”, afirmó el abogado.
Destacó: “hay confianza plena en nuestras leyes; sin embargo en el estado de Campeche no existe la ley ni el respeto por la ciudadanía; no se puede litigar, los abogados y jueces están al servicio de Fernando Ortega Barnes, por tal motivo tuvimos que recurrir a la Cámara de Diputados para que se investigue hasta las últimas consecuencias los hechos y actuaciones del ejecutivo estatal.
En Campeche el gobernador la ley se ejerce a su capricho; Ortega Barnes es un sujeto prepotente, desquiciado por el poder. “Es un hombre que no escucha”. Dijo y aseguró que lamentablemente no hay un contrapeso político en la entidad que lo someta a juicio político como debiera ser. “Las agencias del Ministerio Público y los jueces están a su servicio. Es una persona represora y hostil para el estado”, afirmó.
Beneficios energéticos
Tras asegurar que al gobernador se le reconoce como a una persona represora, destacó que “No hay duda que con la Reforma Energética impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el ejecutivo estatal sea beneficiado, porque hay muchos terrenos en Campeche que van a subir de valor, dado que constituyen un manejo de plataformas bien constituidas en la entidad.
El gobernador está previendo y anticipando tener ganancias multimillonarias, sobre todo por los presupuestos que se ejercerán el próximo año y, Campeche, será uno de los estados beneficiados por los yacimientos y complejos petroleros. “Es un hombre que tiene mala fama y reputación y pretende erigirse en empresario petrolero en la zona”. Destacó César Fontanes.
 Por otra parte puntualizó que ya existe una demanda civil en contra de Banobras por nulidad del contrato y resarcir “La donación” del terreno al gobernador del estado, por los daños y perjuicios que a la fecha son millonarios. El terreno está cercado por guardias privados. No se vende ni se renta, el predio está con maquinaria y artículos propiedad de la constructora.
Nosotros solicitamos, a través de este juicio político, que se gire un oficio al registro público de la propiedad, para que el gobernador no “vaya a hacer mal uso o enajenarse a favor de un tercero, porque ese terreno está en litigio”, aseguró. Dijo que ellos esperan el pago por la reparación de daños y su consignación ante los tribunales”.
Enfatizó que el juicio está, en este momento, en la Comisión instructora, y en este caso ellos son muy cautos en decir qué diputados de todos los partidos la integran, “pero dado el manejo legislativo que existe no se duda que se presente un debate fuerte por parte de los organismos políticos. No dudo que el gobernador tenga en la Cámara de diputados legisladores amigos para protegerlo.
Esperamos que con el juicio político se le desafore y se ponga en manos de las autoridades correspondientes. “No dudo que exista un debate legislativo fuerte como en otros casos ha sucedido, pero las evidencias –todas- están en contra del gobernador Fernando Ortega Barnes. Con este acto delictivo, su carrera política se acabó”.
Teme por su muerte sí, concluyó el abogado.
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