CON CIERTO SENTIMIENTO ARISTOCRÁTICO y de vieja factura publicitario-turística, todavía recientemente se hablaba de la sede de los poderes federales como la Ciudad de los Palacios, pero desde que se modificó es estatuto del Distrito Federal, de Departamento Central al genérico Ciudad de México, quienes veían la capital de la República como “selva de asfalto” parecen haber acertado en la denominación.
PARA LOS AÑOS setenta del siglo XX, cuando los políticos zalameros describían la evolución de la entidad central del país como “una hazaña” de todos los mexicanos digna de elegía, urbanistas y sociólogos diagnosticaban el fenómeno: Macrocefalia. Uno de los síntomas más alarmante de tal espanto, es la irritabilidad.
 Visto el curso de un larguísimo proceso legislativo federal, es un hecho que 2016 saludará a la metrópoli en los términos paritarios de entidad 32 de la República. Ya está a la vista el espectáculo pugnaz entre los partidos políticos para alzarse con el dominio de la Asamblea Constituyente. El escrutinio popular tendrá la última palabra.
Nos quedamos con el fenómeno Macrocefalia como deformación craneal. Pero hacer el diagnóstico es más fácil que prescribir el tratamiento.
El centro de gravedad sobre el que gira la problemática de la Ciudad de México -presentada ahora como Capital Social-, aun antes de que se haga la declaración senatorial de su nuevo estatuto constitucional, que pasará por la sanción de las legislaturas estatales, es el de los Derechos Humanos, que abarcan los de la integridad personal, la propiedad, la libertad y, por supuesto, el de la vida.
 Dos mandatos constitucionales históricos, son piedra de toque de tales garantías: Los derechos a la Libertad de Expresión y de Reunión. En ejercicio de estos derechos, la Ciudad de México registra un record anual de casi ocho mil manifestaciones, plantones, bloqueos, etcétera, en muchos casos vandalizados por oscuros provocadores de sospechoso patrocinio.
Si bien un sector de la sociedad metropolitana entiende y a veces se solidariza con las causas que motivan esas expresiones en algunos casos multitudinarias, existen segmentos sensibles que tipifican las consecuencias de esas movilizaciones como un caos y no pocas veces reclaman a la autoridad no sólo mano dura, sino reparación de daños.
El cuadro descrito a gruesas pinceladas está en las mentes de directivos, socios, amigos e invitados del Club de Periodistas de México, cuando el pasado 7 de diciembre tuvieron como huésped y expositor al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada.
Siguiendo una tendencia de las últimas administraciones que han prescindido de la imagen ruda, “echada pa’lante” de los viejos comandantes policiacos, Almeida Estrada posee formación académica en la Facultad de Derecho de la UNAM.
 Su condición de funcionario todo terreno le valió para su reclutamiento al cargo que otros menos audaces y seguros considerarían “la rifa del tigre”.
Profesional y sicológicamente seguro, según el estado de ánimo con el que asume tan grave responsabilidad, Almeida Estrada acredita servicios de contraloría pública, procuración de Justicia, asistencia jurídica a entes estatales de orden federal o regional, y de investigación para fines legislativos, etcétera.
No sólo: Dada la multiplicidad disciplinaria que exige ahora el servicio público moderno, Almeida Estrada, maestro y alumno a la vez, enriquece sus conocimientos con el estudio de la Filosofía del Derecho y del Derecho Parlamentario.
Late en la atmósfera del cordial encuentro periodístico un espectro que, aunque matizado por la autoridad, está en la percepción de los habitantes del DF: El del crimen organizado que merodea en las inmediaciones de la Gran Capital.
Equipado con su vasta experiencia, el titular de la SPP asegura tener respuestas realistas a los múltiples e ingentes desafíos. Una de ellas se sintetiza en el compromiso de lograr la Tendencia Cero en los delitos de alto impacto, capítulo sobre el que informa de una disminución del 12.4 por ciento en lo que va de 2015 respecto de 2014. Entre esos delitos de alto impacto prima el secuestro.
 Si de Ciencia se trata frente a una delincuencia cada vez más sofisticada, los objetivos y metas de esa iniciativa tienen como rector un Nuevo Modelo de Gestión Policial que se basa en el uso intensivo y exhaustivo de los nuevos hallazgos tecnológicos, incluyendo la cibernética; el análisis de Inteligencia, táctica operativa y, sustancialmente, el apego a la legalidad, imperativo en la constante del reclamo social.
Legalidad versus impunidad, es el cuestionamiento. Almeida Estrada no titubea al emplear el término implacable contra conductas contrarias a la disciplina de servicio.
El éxito del combate a la impunidad rebasa, sin embargo, el rigor disciplinario típico de los cuerpos policiales. Aquí se trata de entrada hacer prevalecer el respeto a los Derechos Humanos, vía capacitación, profesionalización, vinculación con la sociedad y rendición de cuentas como imperativos que tienen que pasar por los filtros del control de confianza, en cuyo caso son normas las establecidas por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, del que derivan modelos de protocolo para el trato de presuntos responsables y potenciales justiciables.
En ese esfuerzo, el Centro de Control de Confianza ha merecido la certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 Si se trata del recurso humano -materia imprescindible de la función pública ahí donde los cuerpos especializados en el DF lo forman más de 80 mil elementos-, el funcionario pone el acento no sólo en la vocación, sino en el espíritu y la filosofía de servicio que condicionan el reclutamiento de los servidores, para alejarlo de prácticas violentas y corruptas tan características de los aparatos policiacos no sólo de México, sino de todo el mundo.
El epidémico enervamiento de la violencia en el país, con marcada incidencia en el altiplano, han movido al gobierno del Distrito Federal a coordinares con los gobiernos de estados vecinos en lo que se tipifica como “Escudos”, en este caso del Centro, que se integran con los operativos Aeropuerto Seguro, Pasajero Seguro, además de los específicos conocidos como Cometa, Rastrillo, Constituyentes, Tláhuac-Chalco, Ajusco y otros.
Capítulo especial, según explica el compareciente, se destina a la prevención del delito en jóvenes y niños.
 Existe en el tema de Seguridad Pública en el Distrito Federal una especie de Talón de Aquiles ya encallecido. La viciada relación conductor-agente de tránsito.
El titular de la SPP explica los nuevos programas de Fotomulta, señalización, radares, inmovilizadores (tan temidos), etcétera, y aquí convoca a un compromiso común.
Entra en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito. Leerlo y entenderlo, llama, como una responsabilidad de doble sentido: La del automovilista como obligado civil al cumplimiento, y la de la autoridad, dispuesta a remitir a los abusivos al Consejo de Honor y Justicia, instancia modernizada y reforzada para atender quejas de los ciudadanos y desterrar los actos de impunidad. Vale.
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