CUANDO SE HABLA DE PROFESIONES peligrosas se tiene la inmediata idea de personas que ejercen sus labores en ámbitos de riesgo; guerras, desastres naturales o en sitios que por su naturaleza resultan de gran peligrosidad y por lo general se olvida a un sector de la sociedad mexicana que ejerce sus tareas cotidianas inmerso en el peligro.
MÉXICO sigue siendo, en los días finales de 2015 y primeros de 2016, uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo. La búsqueda de información, que es una exigencia y al mismo tiempo un derecho de la sociedad, implica en muchos casos el afectar intereses del crimen organizado y el exhibir las prácticas corruptas de autoridades. Los resultados son muy concretos: cifras de periodistas muertos y amenazados que se incrementan año con año, sin que hasta el momento se haya logrado detener este panorama de miedo e incertidumbre que rodea al ejercicio de esta noble profesión.
Recientemente se dieron a conocer los datos que al respecto informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en voz de su presidente, Luis Raúl González Pérez. Básicamente, desde el año 2000 hasta el 2015 el organismo tiene registrado un total de 107 homicidios de periodistas. Alrededor de este dato duro se entretejen más cifras: desde abril de 2005 al 31 de octubre de 2015 se contabilizan 20 trabajadores de medios informativos desaparecidos. Desde 2006 a la fecha, 48 instalaciones de medios de comunicación han sufrido atentados de diversas magnitudes. La CNDH, asimismo, ha recibido desde 2010 a la fecha 506 quejas derivadas del ejercicio periodístico.
Los sitios más peligrosos
En su informe también destacó que Veracruz es el estado que más casos de asesinatos de periodistas registra, con 16 víctimas, seguido de Tamaulipas con 13 homicidios. A continuación vienen Chihuahua y Guerrero con 12 casos cada uno desde el 2000 a la fecha.
Son cifras que hablan de un problema que es “imperioso” corregir, como lo señaló el titular González Pérez, que con ello definió la necesidad de que cualquier agresión a la actividad periodística se investigue, se esclarezca y, derivado de ello, se sancione a los responsables. “La impunidad es la que propicia los crímenes contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión”, señaló en el marco de la LVII Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).
“Quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión atenta contra toda la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas”, enfatizó.
En tal sentido destacó que la democracia se vitaliza con medios libres, independientes, responsables, comprometidos con la ética y el respeto a los derechos humanos.
Otro aspecto del panorama de indefensión que envuelve a quienes practican el periodismo es el subejercicio del existente Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ha contado con recursos millonarios, los cuales no se han utilizado en su totalidad.
Este fondo se creó para proteger a víctimas de amenaza, tortura o desaparición forzada en México, país que ha sido señalado como uno de los más peligrosos para los reporteros, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
La Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que el presupuesto de este fondo está siendo subutilizado, lo que deriva en el perjuicio de las víctimas de atentados, amenazas, tortura, desaparición forzada, imposición de megaproyectos o violencia de género. Bajo esta idea, el mecanismo para el funcionamiento de este fondo ha sido severamente criticado en este 2015 por parte de organizaciones internacionales, por considerarlo ineficiente.
“La creación de un mecanismo nacional que responda de forma integral y eficaz a las peticiones de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos es un logro encomiable. Sin embargo, a más de dos años de su creación, el mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de los derechos humanos vulnerables”, aseguró la WOLA.
Recursos no utilizados
 Los datos revelan que en 2012 el fondo obtuvo recursos por 41 millones 44,543 pesos, los cuales no fueron ejercidos por ser el primer año de operación. ¿Dónde quedó esa cantidad? El año siguiente no fue algo mejor: el fondo obtuvo recursos por 170 millones 140,977 pesos, de los cuales solo se ocuparon 1 millón 310,645 pesos. Para 2014 el fideicomiso obtuvo 276 millones 972,791 pesos, de los cuales únicamente se ejercieron 22 millones 322,652 pesos. Y, cuando se dieron a conocer estas cifras, en el 2015, se recibieron para el fondo recursos por 245 millones 648,904 pesos, de los cuales apenas se habían ejercido 39 millones 191,036 pesos hasta el mes de septiembre.
La Segob también dio a conocer que 419 personas son protegidas con este mecanismo, de los cuales 171 son trabajadores de medios de comunicación que han recibido amenazas por el ejercicio de su labor informativa. De estos 171 periodistas bajo resguardo federal, 43 son originarios del DF; 25 de Veracruz; 13 de Guerrero; 13 de Oaxaca; 10 de Zacatecas; seis de Coahuila; cinco de Michoacán; cinco de Tamaulipas y cinco del Estado de México, entre otros, según lo especificó la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, en informe de Roberto Campa Cifrián.
¿Hasta cuándo seguirá esta situación?
La práctica del periodismo, como se ve, es una profesión de alto riesgo, no solo por las amenazas directas de quienes se ven afectados al ventilar la información, sino por los distintos grados de desamparo que, en el caso concreto de la escasa aplicación de los referidos fondos de protección, hacen de los reporteros un sector de la sociedad muy vulnerable e indefenso, lo que no se corresponde con la loable labor que desempeñan. Para dar una idea, de acuerdo a las cifras, hay más peligro para los reporteros mexicanos en su país que para los que laboran en sitios del medio oriente, inmersos en guerra.
¿Hasta cuándo se prolongará esto? ¿Será hasta que las autoridades ejerzan de manera efectiva la protección? O se esperara hasta que el último reportero caiga bajo las balas, el último medio sea silenciado… ¿para después de ahogado el niño, tapar el pozo?
(Redacción)
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