EL TRÁFICO DE DROGRAS y la posibilidad del surgimiento de guerrillas, se usan para solicitar mayores presupuestos, su dimensión es desconocida.
DESDE 2010 Hillary Clinton advirtió sobre la posibilidad de que en México la guerrilla y el narcotráfico trabajaran juntos. Entonces secretaria de estado, Estados unidos necesitaba un puente diplomático sólido por el cual podrían pasar sus tropas a territorio mexicano.
La fragilidad del régimen de Felipe Calderón en ese momento permitían cualquier cosa y lo que era peor, la aseveración de Hillary era cierta.
La guerra anti drogas tiene su origen en Estados Unidos, paradójicamente el país de mayor consumo de todo tipo de drogas. La intención detrás de esa guerra aparente y superficial, es encontrar brotes de subversión en América Latina, lugar donde surgen las guerrillas desde inicios del siglo pasado y siguen vigentes hasta ahora en diferentes formas y diversos países.
Guerra de baja intensidad
Puede afirmarse que fue en 1986 cuando la sistematización de la guerra contra las drogas se convirtió en parte de la política de los Estados supeditados a Estados Unidos, desde luego, entre ellos el nuestro.
La guerra contra las drogas es parte de una estrategia de guerra permanente de baja intensidad llevada a cabo por el gobierno del vecino país como parte de su gobierno: La guerra de baja intensidad, la cual es como una campaña contra el hambre en México, no se sabe cuándo empezó, no se tienen noticias de sus avances, y carece de objetivos claros y resultados tangibles; sin embargo, detrás de ese programa se conocen trabajos de inteligencia que detectan revueltas, levantamientos, inconformidades, etc.
Un eslabón en la cadena
Por simplista que pueda sonar, la inconformidad social es un eslabón en la cadena que desata la guerrilla, o, por lo menos la fortalece ideológicamente.
 El pronóstico de Hillary Clinton está fundamentado en la información que tiene de nuestro país desde su entonces oficina de Estado del gobierno del vecino país. El ejemplo de la coalición entre guerrilla y narcotráfico ha incurrido en varios países de Sudamérica, principalmente en Colombia. La pureza de la subversión se ve contaminada por los negocios ilícitos, pero que al mismo tiempo afirman que combaten otro ilícito que es el mal gobierno y con este argumento se unen y crean frentes comunes.
El escritor y catedrático de la Universidad de Texas, en Austin, afirma que desde 1978 en la frontera con Estados Unidos “se han aplicado políticas y estrategias que coinciden con el esquema de la guerra de baja intensidad”.
En México, la guerra contra la guerrilla y contra las drogas tenía un mismo tronco, la Dirección Federal de Seguridad, donde se combatía la subversión y posteriormente, dentro del mismo esquema el narcotráfico.
En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas renombró el departamento confidencial de la secretaría de Gobernación como "oficina de información Política", cuya tarea era recabar toda la información posible sobre las actividades de los personajes de oposición en el país, así como las reacciones por la expropiación petrolera que fue decretada ese mismo año. En 1942 y dado que México entró a la Segunda Guerra Mundial declarando la guerra a las potencias del eje, se ampliaron las funciones de esta oficina, siendo encargada de dar seguimiento a los sucesos del conflicto bélico y cambiando su nombre a "Departamento de Investigación Política y Social".
En 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, y dada la aparición de grupos subversivos en el país, el DIPS desapareció y en su lugar fue fundada la Dirección Federal de Seguridad a cargo del Gral. Marcelino Inurreta de la Fuente, cuyas funciones además de realizar espionaje político, consistían ahora en sofocar a los grupos opositores al régimen y ubicar y detener a sus principales líderes. Para la década de los años 70 la DFS inició actividades contra el narcotráfico.
 Las grandes cantidades de dinero que implicaba la siembra, el trasiego, el traslado de fronteras, la venta y el consumo se convirtió en una invitación para que los altos jefes policiacos y militares de México y Estados Unidos tuvieron participación directa en el negocio del narcotráfico, que no dejaban de relacionar con la guerrilla, actividad que se afirma, nunca dejó de operar desde esos años hasta la fecha, pero ahora está reactivada por los diferentes acontecimientos en el sureste con motivo del rechazo al a reforma educativa.
Según, Ruth G. Ornelas, economista e internacionalista egresada de la UNAM, en el periodo 2000-2005 el gasto público real en seguridad se contrajo en 10%, mientras que en el periodo 2006-2010 creció 78 por ciento. De este gasto total en seguridad, 54% se canalizó a los estados y municipios, 39% a la federación y 7% restante a los fondos, transferencias y subsidios relacionados con la seguridad, como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y fondos metropolitanos.
Objetivos diferentes
El problema fundamental de esta estrategia anti drogas es que el objetivo de EU es diferente al de México: su objetivo central es minimizar la cantidad de drogas que llegan a su frontera y que los traficantes logran internar en su territorio.
 En cambio, el objetivo principal de México debe ser minimizar el costo total del conflicto interno, es decir, la violencia, motivada por el negocio del trasiego de drogas y, recientemente, por la creciente producción de marihuana, amapola y metanfetaminas en el país.
El combate a la producción de drogas es un conflicto entre el gobierno y los productores sobre el control de la superficie cultivable. En cambio, el combate contra el tráfico es un conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes sobre el control de las rutas de trasiego y plazas. Ambas actividades representan un costo para el gobierno.
La complicidad en los diferentes estados de la República tiene que ver directamente con el tipo de droga que se elabora, que se siembra o que se expende desde diferentes puntos. Así, precisar el nombre dela droga que se crea, se siembra o pasa por México sería ocioso en este proceso de conciliación entre guerrilla y narcotráfico.
Para los narcotraficantes que en algunos casos realizaron transacciones de trueque, cambiando drogas por armas, dentro y fuera de nuestro territorio, ahora no pueden más que vender sus arsenales a otros grupos ya sea porque ya son vetustas las armas o porque la cantidad que poseen es simplemente estorbosa.
El mercado inmediato de los narcotraficantes para recobrar efectivo a cambio del pago en especie es la guerrilla.
Estas ganancias extraordinarias de los cárteles hacen más costoso para el gobierno mexicano este combate contra el narcotráfico, ya que ahora enfrenta a traficantes mejor armados, con mejores tecnologías de transporte para el trasiego, mejores equipos de telecomunicaciones, mayor capacidad financiera para corromper.
Escalada militar
En 2007, cuando Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, salieron a la calle 45 mil militares. De acuerdo con un informe del departamento de Defensa de Estados Unidos, en 2009 la cifra de militares en combate ascendió a 130 mil.
El reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013, fue contundente: “El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas por violaciones de derechos humanos por parte de militares se incrementaron 1,000%.”
La guerra contra las drogas en México, creyó limpiar de expresiones de inconformidad organizada partes específicas del territorio mexicano. No se combatió el narcotráfico de mera regular sino la guerrilla. Entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, cerca de 30 asesinatos políticos, y más de 50 ejecuciones que involucran a periodistas e informadores.
Los responsables de los crímenes son agentes estatales o paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los métodos usados van desde la calcinación, decapitación, tortura letal, hasta la violación física y asesinato brutal de mujeres. Se trata de huellas criminológicas que prueban la presencia militar en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, y una administración del terror semejante a la efectuada durante el periodo de la guerra sucia en México o las juntas militares sudamericanas.
Al llegar septiembre de 2011, la política de Seguridad Nacional de Estados Unidos se concentra en combatir al terrorismo, sobre todo pone sus ojos en Asia y África, donde según sus informadores podría arrojar una serie de atentados similares al de las Torres Gemelas en Nueva York, esto no sólo obliga a reducir el presupuesto a instancias como la DEA en aquel país sino que la atención que anteriormente tenían las drogas, disfraz del combate a la inconformidad social, disminuía considerablemente.
Los “ideólogos” de la DEA iniciaron una serie de “investigaciones” de escritorio que enviaron a los medios y al Congreso, como alertas para la población estadounidense y se esforzaron por relacionar a los talibanes, presuntos culpables de los atentados del 11 de septiembre, con el tráfico de opio, y advirtió sobre posibles ataques de terroristas que fundamentaban su acción beligerante en el comercio de las drogas.
Cosas del pasado
Al gobierno de Estados Unidos que se dio cuenta de la engañifa, pero le servía esta versión de la realidad para comprobar al mundo que las ideologías habían muerto y que las guerras por las ideas y las religiones, las costumbres y las culturas, las tradiciones y las religiones eran cosa del pasado.
Así, la Casa Blanca compró la versión de la DEA, a la que se le regresa de inmediato un alto presupuesto, influencia y credibilidad. Ante esta condición, los policías antinarcóticos de Estados Unidos consideran a México como un país con altas posibilidades de que el narcotráfico pueda unirse a la guerrilla.
Versión que pareciera tener un chispazo de realidad pero en realidad la relación entre narcotráfico y guerrilla no tiene comprobación en México y puede tener más de fantasía y especulación que certeza, pero servirá como pretexto para aumentar el presupuesto militar y policiaco en ambos países, que resulta ser un buen negocio para los funcionarios públicos y un aparador para atemorizar a la población en caso de que quiera sublevarse.
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