“Propuesta para la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones Contra Periodistas”.

C. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

C. Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

C. Dr. Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República

C. Dip. Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

C. Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

C. Lic. Luis Raúl Gonzáles Pérez, Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Debido a la violencia contra periodistas, sus familias y medios de comunicación del país, el Club de Periodistas de México A.C. convoca a la sociedad civil, gobierno, reporteros y empresas informativas a pasar del justo reclamo a la acción trascendente.

Consideramos que, si bien es necesario fortalecer el funcionamiento de las actuales instituciones responsables de investigar y proteger a los periodistas y medios de comunicación, también es indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionales de la información.

Como Club de Periodistas de México, A.C., consideramos ineludible que los periodistas y comunicadores, así como los medios de comunicación y las propias

autoridades, trabajen de manera coordinada, con enfoques multidisciplinarios y complementarios.

Es primordial que los periodistas y comunicadores cuenten con protocolos de autoprotección, para reducir los riesgos inherentes a su trabajo.

Los empresarios, por su parte, deben proteger a los periodistas y comunicadores que trabajan para ellos, salvaguardando sus derechos de seguridad social y laborales y complementándolos con medidas que vayan desde la confidencialidad en el desarrollo y publicación de sus investigaciones, hasta la contratación de seguros jurídicos, seguros de vida, de gastos médicos mayores y bonos de riesgo cuando ejerzan su labor en condiciones de peligro.

Además, deben respetar la libertad de conciencia de sus periodistas y comunicadores, de tal manera que haya un criterio bien delimitado entre la línea editorial y el derecho del periodista o comunicador a ejercer su libertad de conciencia. Los periodistas no deben ser vistos ni tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y reportajes.

El Estado mexicano, a su vez, debe proveer de los recursos suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La legislación mexicana le debe otorgar un recurso anual, que debe formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se debe legislar para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga de oficio todos los casos de agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de empresas informativas o de comunicación, a fin de terminar con la discrecionalidad que la ha caracterizado hasta ahora.

Asimismo, se deben crear Fiscalías Regionales rotatorias, dependientes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Los agentes del Ministerio Público no deberán ser originarios de las regiones a las que están adscritos, para evitar conflictos de interés y prevenir actos de corrupción.

Las Fiscalías Regionales deberán ser supervisadas por Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la defensa de derechos humanos.

Se hace necesario que paralelo a fortalecer el trabajo de las Fiscalías de Procuración de justicia, se impulsen políticas públicas de prevención y atención en beneficio del gremio de periodistas y comunicadores; al respecto, se propone crear una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas.

Esta Comisión debe estar facultada para integrar un Registro Nacional de Periodistas y Comunicadores, así como un Banco de Datos de Emergencia y un área especializada en generar alertas de riesgo.

Debe contar, asimismo, con un área de Asesoría Legal y Psicológica; otra, especializada en el diseño de campañas de autoprotección y una más, en el fomento del periodismo de investigación, con base en la seguridad de los periodistas, de sus familias, de sus compañeros de trabajo y de las empresas para las que laboran.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas deberá tener, además, entre sus atribuciones, la de registrar todas aquellas actas especiales y denuncias de hechos que los periodistas y las empresas informativas temen hacer directamente ante las autoridades correspondientes, debido a la sospecha de que estén coludidas con sus agresores.

Lo anterior se hace necesario y se fundamenta en la recomendación número 20/13 de la CNDH, del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que, en el punto 163-IV Recomendaciones Generales a Autoridades Federales y Locales, señala:

Primera: Se emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; asimismo, se implementen las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo.

Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, destaca lo siguiente:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Se hace necesario que el Ejecutivo Federal, con las facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tome en consideración las presentes propuestas que el Club de Periodistas de México, A.C., tiene a bien hacerle llegar como alternativas concretas que ayuden a terminar con las agresiones al gremio periodístico y de la comunicación.

C.c.p. Profesor Michel Chossudovsky. Coordinador de Delegaciones Internacionales del Club de Periodistas de México, con sede en Ottawa, Canadá.

C.c.p. Uriel Rosas. Coordinador de Delegaciones Nacionales del Club de Periodistas de México, con sede en Jalapa, Veracruz.

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