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Edición 359

 

En medio del hondo drama que vive la sociedad mexicana, no es permisible abordar el tema de la violencia criminal y de la violencia institucional al margen de la debida seriedad.

No lo hacemos, ni lo haremos. Pero, frente a la frivolidad con la que algunos responsables de la conducci√≥n del Estado act√ļan de cara al leg√≠timo clamor social, es v√°lido preguntarse si en M√©xico se reproduce La Divina Comedia, de Dante, que nos hace transitar de uno a otro de sus c√≠rculos infernales.

Es al menos desconcertante una declaraci√≥n del procurador general de la Rep√ļblica, doctor Ra√ļl Cervantes, que aventura la conclusi√≥n de que el crimen organizado ha pasado de ser un problema de Seguridad Nacional a ‚Äúun asunto de seguridad p√ļblica‚ÄĚ.

Lo que de entrada implica el sentido de esa hip√≥tesis, es una regresi√≥n que vuelve a poner en manos de los gobernadores y los gobiernos municipales una responsabilidad que les es denegada por la Constituci√≥n federal en materia de delincuencia organizada, al remitirla al casillero de la seguridad p√ļblica, que si es funci√≥n de los gobiernos estatales.

No es, ese, un motivo de preocupaci√≥n casual, ni gratuito: La Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica es cabeza de sector de la Fiscal√≠a Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi√≥n, en la que est√°n radicados cientos de expedientes sobre asesinatos de periodistas y cr√≠menes contra  empresas de medios, que no han tenido hasta ahora una respuesta satisfactoria.

Que los compromisos de Estado se cumplan

La referencia es obligada: Abundan investigaciones, consignadas algunas por sus autores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las que se denuncia que en cr√≠menes contra periodistas y comunicadores en M√©xico,  est√°n metidas manos de ‚Äúagentes del Estado‚ÄĚ.

Hemos tomado de buena fe compromisos asumidos por diversos funcionarios del gobierno federal para romper el c√≠rculo agresi√≥n-impunidad que circunda el ataque contra el periodismo libre, refrendados en los √ļltimos d√≠as por dichos voceros gubernamentales como casu√≠stica reacci√≥n a las movilizaciones sociales por los asesinatos de periodistas perpetrados en lo que va de 2017.

Sin embargo, al cat√°logo de atentados no resueltos, se suma un nuevo m√©todo de represi√≥n: The New York Times revel√≥ hace unos d√≠as que periodistas y activistas mexicanos son sometidos a espionaje por medio de un programa de patente israel√≠ (Pegasus NSA Group), para detectar operaciones de terroristas adquirido, seg√ļn la versi√≥n del diario neoyorquino, por el gobierno de M√©xico.

Como corresponde a la l√≥gica de reacci√≥n inmediata, √°reas de Comunicaci√≥n del gobierno mexicano rechazaron lo publicado por Times y exhortaron a eventuales v√≠ctimas a denunciar esas acciones. ¬ŅEn d√≥nde? En  la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica.

El Club de Periodistas de México asume su responsabilidad

El Club de Periodistas de México, congruente con su representación gremial, ha sido persistente en el llamado de atención al Estado sobre esos ataques sin solución de continuidad.

Saliendo al paso a la grosera coartada, ‚Äúya basta quejas, propongan soluciones‚ÄĚ, el Club de Periodistas de M√©xico, con vocaci√≥n propositiva, ha formulado un proyecto sobre el tema, recibido ya en la presidencia de la Rep√ļblica, y acogido en la C√°mara de Diputados federal con la voluntad de introducir una iniciativa de ley que eventualmente se analizar√≠a en San  L√°zaro al iniciarse en septiembre el pr√≥ximo periodo ordinario de sesiones.

La exposici√≥n de motivos de ese proyecto de nuestro Club, retoma el ya end√©mico estado de violencia que hace presas a periodistas y sus familias, y convoca a la sociedad civil, gobierno, colegas y empresas informativas ‚Äúa pasar del justo reclamo a la acci√≥n trascendente‚ÄĚ, considerando indispensable impulsar pol√≠ticas p√ļblicas enfocadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionistas de la informaci√≥n.

El n√ļcleo de nuestra iniciativa es crear una Comisi√≥n Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas. Se plantea, asimismo, legislar para que la Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresi√≥n de la PGR, atraiga de oficio los casos de agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de empresas informativas, para ponerle fin a la discrecionalidad que ha caracterizado a esa dependencia hasta ahora.

Periodistas, profesionales de conciencia

En principio, se exige que los periodistas no sean vistos ni tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y reportajes, sino como profesionales de conciencia que deben tener bajo salvaguarda su integridad personal y laboral, y garantizados sus derechos a la seguridad social, a la confidencialidad en sus investigaciones y bonos de riesgo cuando, como ocurre en México, laboran en condiciones de peligro.

En esta edici√≥n se publica el texto √≠ntegro de esa iniciativa, en la que se detallan las condiciones m√≠nimas para el ejercicio de la Libre Expresi√≥n y el Derecho a la Informaci√≥n, y las estructuras, funciones, facultades y recursos p√ļblicos de los que debe de dotarse, por ley,  a los √≥rganos garantes de una racional y civilizada pol√≠tica de Comunicaci√≥n Social.

Si, como lo dicta el imperativo de un auténtico Estado de Derecho, la democracia no es tal si la libre circulación de información y pensamiento está sometida a restricciones y represiones, impidiendo o suprimiendo contrapesos al poder establecido, es llegada la hora de que México entre a la fase de perfeccionamiento de su entramado institucional, del que no puede ser excluido el ejercicio periodístico, concebido como un servicio a la sociedad civil, así como la sociedad política dispone a discreción de su propio régimen en el que basa su continuidad y no pocas veces sus excesos.




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