México parece envuelto inexorablemente en las dos espirales que le han puesto marca a la casa común en los tres sexenios recientes: La inseguridad y la corrupción.
Con sobrada razón, el pasado 3 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto expresó su preocupación por que los índices de criminalidad empezaron a regresar “a escenarios del pasado, que no queremos que vuelvan”.
El valor político de esa declaración presidencial radica en que rompe el ciclo retórico en que los responsables del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del gabinete de Seguridad Nacional se gratifican en la autocomplacencia por maquillados resultados en el combate al crimen organizado y la delincuencia común.
De hecho, las organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que permanentemente llevan el registro de hechos y el conteo de las víctimas de la violencia, provocan la irritación de aquellos funcionarios al divulgar sus propias estadísticas y darle a ese fenómeno la dimensión de una crisis humanitaria, potenciada por la impunidad.
Romper los cercos de fuego que asfixian al sistema
En ese mismo mensaje, el jefe del Ejecutivo llamó de nuevo a hacer frente a la corrupción, esa plaga que contamina todas las esferas de la vida pública en el país.
La toma de conciencia sobre esos flagelos que quiebran la sana convivencia social y política, es imperativa a la luz de las verdades negadas sistemáticamente por la autoridad civil.
Un día antes, en Cuautla, Morelos, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que normalmente caracteriza sus participaciones públicas por la discreción y la moderación de su oratoria, puso el dedo en la cancerosa llaga al convocar a los mexicanos a romper el cerco de la violencia y la inseguridad.
Nada tiene de críptica una frase empleada en su discurso por el comandante del Ejército, cuando se refirió a desterrar “las malas prácticas” que lastiman a la sociedad; obviamente, en el ejercicio de la función pública y, por extensión, en la actividad privada.
Algunos medios impresos no tuvieron reparo en cabecear las palabras del general Cienfuegos con las siguientes líneas: Romper el cerco “de la corrupción”.
El general Cienfuegos retomó el llamado presidencial a la unidad nacional y a superar los desafíos del momento, comprometiéndose cada mexicano “con la Patria”.
Los legisladores, insensibles y omisos
Sin embargo, todavía algunos enclaves de los tres Poderes de la Unión no parecen sintonizar su desempeño en la misma frecuencia. Es el caso del Poder Legislativo federal.
Insensibles ante el paisaje de una República desvertebrada y una sociedad política y civil fragmentada por un disolvente proceso sin solución de continuidad, los senadores, por ejemplo, al terminar el periodo ordinario de sesiones le siguieron dando largas a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El mismo coordinador priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, desde que se puso a debate la iniciativa de ley 3 de 3 -declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses- pretendió curarse en salud, acusando a sus promotores de desencadenar una cacería de brujas.
La coartada a las odiosas dilaciones para darle ya estructura definitiva y operatividad al SNA, la sirvió una bancada de la oposición al exigir otra reforma constitucional para impedir que el procurador de la República se convierta en automático en Fiscal General, la nueva figura establecida constitucionalmente por una de las reformas transformadoras del actual sexenio.
Casualmente, el actual titular de la PGR, es el senador priista con licencia Raúl Cervantes, al que sus pares de todos los partidos despidieron de la Cámara alta con fanfarrias rumbo a la nueva misión que le confió el jefe del Ejecutivo.
Asociada a esa intransigencia político-partidaria, se ha dado la postergación del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, de suerte que el resto de los órganos del SNA ya instituidos, se han quedado como estatuas de sal en espera de que se exorcicen los caprichos de los coordinadores senatoriales.
También el TFJA dejado para las calendas griegas
No es, el anterior, el único freno a la activación del SNA. Los senadores dejaron para las calendas griegas la formación de otra institución de primer orden para el combate a la corrupción: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Es cierto que el Ejecutivo se vio lento en la proposición de los candidatos a magistrados del TFJA, pero no es éste un argumento de peso cuando en otras iniciativas los legisladores emplean el fast track para planchar proyectos de ley que son de su interés.
El pretexto esgrimido por algunos senadores, es que los candidatos a magistrados del Tribunal citado, fueron propuestos sin consulta previa a otros sectores de la sociedad comprometidos en el combate a la corrupción, cuya primera condición es que ese tipo de jueces se designen con base en el principio de idoneidad.
Siguen aferrados al sistema de cuotas y cuates
Tras bambalinas parlamentarias, está un hecho como catedral: La hora en que llegó la nómina de candidatos a magistrados administrativos, dejó sin tiempo a las representaciones partidistas para negociar el sistema de cuotas que aplican para el arbitrario reparto de esas posiciones.
Los coordinadores de las cámaras legislativas, sin distinción de colores y siglas, permanecen sordos al clamor social que demanda, en casos de tan marcada magnitud y trascendencia, se imponga la máxima: Ni cuotas ni cuates.
Si de auténtico combate a la corrupción se trata, es tiempo de que los formadores de leyes empiecen por desterrar la corrupción en los procedimientos y prácticas parlamentarias. Pero eso parece pedirle peras al almo.
A qué darle a la sociedad civil más motivos de crispación y exacerbación, cuando el humor colectivo está ya en sus límites. No hay que jugar con fuego cuando está a la vuelta de la esquina la sucesión presidencial, de por si fuera ya de los cauces institucionales. No hay derecho.
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