EL FIN DE UNA INSTITUCIÓN FACCIOSA QUE DURÓ 100 AÑOS IMPARTIENDO INJUSTICIA
El Garrote
Cambió de Manos
Akire Lincho
Después de conocer la situación de corrupción y despilfarro descarado de los gobiernos neoliberales, y cuando nuestra capacidad de asombro parecía haberse saturado, el titular de la Fiscalía General de La República (FGR), doctor Alejandro Gertz Manero, tuvo a bien presentar su informe de 100 días de trabajo al frente de esta nueva institución autónoma del Poder Ejecutivo, que vino a sustituir a la PGR de triste memoria, y cuyo contenido volvió a poner a prueba nuestra incredulidad.
EN ESTE DOCUMENTO NARRÓ LO QUE TODOS SABÍAMOS, pero lo que era inaudito escuchar de boca de algún funcionario de alto nivel, y dio un resumen puntual de la función que desempeñó la oscura PGR en sus 100 años de existencia.
Desde 1917 la PGR y el Ministerio Público Federal estuvieron vinculados a un modelo al servicio de los intereses del poder y en contra de los derechos de la mayoría de los ciudadanos.
LA PGR INTERVINOfacciosamente frente al asesinato del general Álvaro Obregón, igualmente lo hizo en contra del movimiento democrático vasconcelista, repitiendo esas conductas ilegales y abusivas en la enorme mayoría de los procesos electorales del país en contra de cualquier candidato que no fuera el oficial, participando siempre en la represión violenta a todos los movimientos sociales de maestros, petroleros, electricistas, ferrocarrileros, médicos, estudiantes, intelectuales y contra cualquiera que se opusiera a un sistema antidemocrático y corrupto, siendo verdugo y encubridor de miembros y favoritos del poder, de sus socios y de sus protegidos. A principios del Siglo XXI la institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos mientras encubría permanentemente a los cómplices del poder, hasta que en 2018 por fin pudo romperse ese monopolio del Poder Ejecutivo para crear la nueva Fiscalía General de la República que inició su administración el 18 de enero del 2019.
El informe incluyó un diagnóstico de la situación en la que recibió la institución, un reporte de acciones que se llevan a cabo en paralelo a la realización del diagnóstico, un programa a futuro para consolidar la creación de una institución de justicia incluyente y un reporte de actualización de algunos casos relevantes que heredó de administraciones pasadas que se encuentran pendientes de resolver.
Rezagos
EL DIAGNÓSTICOde la situación en la que recibió el despacho es sorprendente.
Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas sin resolver que, además, no estaban controladas por un mecanismo centralizado, no contaban con administración de tareas, estaban en desorden y sin ningún tipo de verificación; cada oficina recibía los asuntos que le convenía atender y no atendía los que no representaban interés político o económico; el promedio de eficiencia en carpetas judicializadas era menor al 5 por ciento; no existía control de calidad en la judicialización de las carpetas; no había un programa de verificación sobre el número de asuntos a cargo de cada Ministerio Público (MP), algunos tenían a su cargo hasta mil carpetas por MP y la mayoría no tenía asignado ningún asunto; no existía un control sobre los tiempos máximos para integrar investigaciones ni para medir atrasos en meses o años, generándose tiempos de proceso de más de un año en promedio para cada investigación; no había un sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales ni de los peritajes, lo que mantenía un rezago de 21 mil ordenes de aprensión y 28 mil mandamientos judiciales sin cumplimentarse, además de más de tres mil dictámenes periciales sin terminarse; no había ningún control sobre los MP asignados a los juzgados, que estaban perdiendo la mayoría de los casos.
Trabajo de guaruras y compras inútiles
DE LOS CUATRO mil elementos policiales con los que se cuenta para cubrir todo el país, ochocientos estaban destinados a la protección de funcionarios, ex funcionarios, políticos y otros favoritos del sistema.
Había anarquía administrativa prácticamente sin personal de apoyo a la ciudadanía y con personal en exceso designado en puestos sin utilidad alguna, muchos de ellos a niveles altos de la institución; sin evaluación de desempeño ni gasto controlado que se aplicaba en forma desordenada y dispendiosa en conceptos inútiles.
Existía una falta absoluta de control sobre el uso de la flota terrestre con cuatro mil vehículos, entre los que se encuentran unidades blindadas que usaban los funcionarios y sus allegados; la flota aérea se utilizaba mayormente para fines impropios y sin beneficio alguno en la judicialización de carpetas de investigación; se hicieron compras multimillonarias de aeronaves sin justificación alguna y pagadas con sobre precios; se gastaron mil millones de pesos en drones por medio de adjudicación directa sin justificación ni análisis de utilidad; en 2013 se adquirió un avión Bombardier Challenger Transcontinental en 19.5 millones de dólares cuando el costo en el mercado era de 15.5 millones; el cual no representa ninguna utilidad operativa para la institución; se encontró una falta injustificada de control en la infraestructura inmobiliaria con propiedades rentadas a precios exorbitantes, existiendo propiedades de la institución vacías y abandonadas, además de seis inmuebles que fueron otorgados al INDAVIN y que fueron desviados para satisfacer intereses privados, lesionando gravemente el patrimonio de la institución; los gastos de seguridad se ejercieron en forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de control que permitieron dispendios permanentes; a todo esto hay que agregarle una falta total de control en la asistencia de personal y con una estructura discrecional de gastos en las delegaciones estatales.
Enderezar el barco
COMO ACCIONES que están desarrollando en paralelo a la realización del diagnóstico para enderezar el barco destacan las siguientes.
Para atender las 300 mil averiguaciones rezagadas, más las 30 mil que se han recibido desde el 18 de enero del 2019, se creó un modelo único de oficialía de partes para que se establezca un sistema de apoyo a denunciantes por parte de la visitaduría, con una política nueva de trato respetuoso y eficiente a la población; a fin de evaluar este sistema se instaló un mecanismo de encuestas permanentes con el resultado, a la fecha, de que el 87% de los denunciantes atendidos están satisfechos con el servicio.
Se realizó un análisis de cargas de trabajo en las áreas sustantivas del MP y de apoyo administrativo para reconocer al que se desempeña bien y exigir que todos los MP se responsabilicen de resultado de las carpetas que se les asignan ya con nombre, apellido y responsable. Se creó un programa de operación y seguimiento de la acción penal llamado Sistema de Evaluación de Resultados (SER) que, junto con JUSTICIANET, detecta cualquier atraso en los procesos de avance de las carpetas de investigación, señala retrasos y desviaciones; este mismo sistema se aplica ahora al desempeño de cada uno de los policías, de sus superiores y al de los peritos, con lo que se optimiza el trabajo y el control de calidad de las judicializaciones.
De los 800 policías que estaban asignados como guarda espaldas para políticos y favoritos del poder, 320 ya están incorporados a la atención de investigaciones y al cumplimiento de mandamientos judiciales en toda la República y a la protección de víctimas coordinada con SEGOB. Del 1 de diciembre del 2018 a la fecha el Gobierno Federal ha presentado 12,700 denuncias por actos de corrupción que se han atendido de inmediato; la CFE, Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y la Consultoría Jurídica de la Presidencia han sido los principales denunciantes; hasta el momento se han judicializado más de 400 de estos casos con más de 620 detenidos.
Se acordó con el INEGI poner toda la información de inmediato a su disposición para abatir la cifra negra de delitos que descalifica al sistema judicial mexicano en forma importante.
En materia administrativa se revisaron las 26 mil plazas para reorientar a los servidores a atender a las víctimas desde la presentación de una denuncia, a través del proceso y hasta que esta se resuelva; aunque se conservaron todas las plazas de base, se cancelaron más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas; se estableció un programa de estímulos a todo el personal de MP y apoyo administrativo para que sean públicamente premiados mes con mes, y para aplicar un programa de sanciones a quienes incumplan con las tareas encomendadas; se ha aplicado una política diaria de control de gastos de operación y se realiza el análisis de los contratos de servicios superfluos o innecesarios, con lo que se han logrado ahorrar 364 millones contra el mismo periodo del 2018.
La flota terrestre se reducirá en 30% una vez analizadas las necesidades reales y la flota aérea, de 35 helicópteros y 17 aviones, se reducirá en 74%, cancelando todas las unidades de lujo no necesarias; en la compra de drones, aeronaves y vehículos blindados no justificados se han iniciado las auditorías, la revisión de costos y legalidad de contratos; en materia de activos inmobiliarios se está reorientando la ocupación y concluyendo los contratos de arrendamiento en inmuebles innecesarios para optimizar el aprovechamiento de los inmuebles propios, incluyendo la recuperación de los seis inmuebles que se entregaron al INDAVIN y que se pretendían concesionar por 40 años en beneficio de particulares; los gastos de seguridad pública se revisan para determinar si existen irregularidades a fin de proceder en consecuencia; en la administración del personal se dictaron las directrices suficientes para que exista control y eficiencia.
Tres premisas básicas
SIN EMBARGO, LO MÁS RELEVANTE es el plan de futuro de la Fiscalía que busca cambiar las estructuras básicas para que los corruptos y los enemigos de la democracia no le puedan dar marcha atrás, comenzando por una nueva normatividad basada en una ley orgánica nueva, seguida por un proyecto de Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica de alcance nacional y aplicación local, cuya iniciativa está terminada y se encuentra a prueba, con objeto de resolver más del 70% de la crisis de injusticia que se padece en todo el país, a partir de tres premisas básicas: prontitud en la justicia, reparación inmediata del daño y establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo; a esto hay que agregar la preparación de un nuevo Código Penal Nacional, que incluya todos los delitos, dando prioridad a la reparación del daño, a la imprescribilidad de todos los delitos graves para que se termine con el fenómeno criminal y con el monopolio de la acción penal del MP, seguida de otro proyecto legislativo para reformar el Código de Procedimientos Penales, orientándolo al fortalecimiento de los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y compactando efectivamente los tiempos procesales.
En este relevante documento el Fiscal General decretó, en concordancia con el discurso del Ejecutivo, el fin de un régimen excluyente de privilegios cupulares e injusticia generalizada, y el inicio del proceso de transformación hacia un modelo de instituciones de justicia incluyentes, concretando un cambio de 180 grados hacia el pluralismo y la inclusión en la impartición de justicia para todos los ciudadanos.
Por fin el garrote cambió de manos.
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