Salud integral, entre promesas impunidad

Salvador González Briceño

El secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, desde Palacio Nacional anunció el pasado 21 de octubre que será a partir de 2020 cuando se inviertan 40 mil millones de pesos, para reforzar el servicio de salud a la población, así como garantizar la distribución gratuita de medicamentos a todas las personas sin seguridad social.

ESTOS SON LOS OBJETIVOSdel Plan Nacional de Salud 2019-2024. Restará que el Congreso de la Unión apruebe la Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para la creación del Instituto Salud para el Bienestar (Insabi). Al igual, que la Secretaría de Hacienda destine los recursos necesarios, pues no están considerados en el presupuesto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

Se trata de brindar atención primaria en materia de salud, y la red de servicios integrados brindará protección a todas las personas, sin restricción alguna, para cualquier enfermedad, esa es la finalidad.

Lo había adelantado el propio Dr. Alcocer, en su comparecencia ante los Diputados del día 16 de octubre al referirse al aumento presupuestal del 10.4 por ciento para la red de los llamados Institutos Nacionales de Salud y Centros Hospitalarios de Alta Especialidad.

Mientras tanto, en el IMSS-Bienestar hay avances, según informó el director del IMSS, Zoé Robledo, pues a partir del 1 de septiembre los médicos recibieron un aumento en su salario mensual de hasta un 20 por ciento, así como la creación de 269 plazas de enfermería y 88 de sicólogos para hospitales rurales. Además, está abierta la bolsa de trabajo para las unidades médicas rurales para enfermeras de comunidades que hablen la lengua indígena.

Mas, vale recordar que el Dr. Alcocer opera entre tiburones. Dicho de otra manera, que sin mover las corruptelas en la cumbre del sistema de salud, la opacidad seguirá siendo una constante en el sector. La clave está en mover directivos, o como lo escribe para este medio el también doctor Rodolfo Ondarza Rovira (su nota “La guerra entre Salubridad-Hacienda-IP y el cártel de la Bata Blanca”).

El Dr. Ondarza, había denunciado antes (ver: “¿El cártel de la bata blanca?”, en Voces del Periodista, N° 361 de fecha 1 de agosto de 2017), la existencia del cártel de la Bata Blanca, que —dice—, ha cometido crímenes de lesa humanidad, así como fraudes en el sector salud “desde hace muchos años”.

Ya en 2017 habría denunciado a los doctores Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, no solo como cabezas de dicho cártel sino por las varias irregularidades cometidas, “en el sector Salud desde hace muchos años”.

Ambos doctores, “han encubierto los más de 500 casos de cirugías experimentales ilegales que se efectuaron a pacientes con hidrocefalia hipertensiva, sin el consentimiento de los pacientes o de sus familiares, sin la autorización de los respectivos comités de salud”.

Entonces denunció públicamente el caso, incluso señalando al médico que practicó las operaciones, como es el caso del propio exdirector del Instituto Nacional de Neurología, Julio Sotelo, quien recibió el apoyo del entonces director, Ángel Celis López. Ilícitos de entonces que quedaron en la impunidad. Se pregunta ahora, ¿Será que se puede sostener, ahora en la Cuarta Transformación, a los médicos que bien refiere como el “cártel de la bata Blanca”?

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