La no protección a los periodistas
y la irresponsabilidad gubernamental
Remberto Hernández Padilla*
Es ya indispensable creación de una institución autónoma que sustituya a la “Feadle”
En la Organización de las Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las organizaciones internacionales de periodistas, especialmente en la Sociedad Interamericana de Prensa y en la Federación Latinoamericana de Periodistas, así como Reporteros sin Fronteras, entre otras instituciones, el tema de los periodistas asesinados en México ha calado hondo.
EN NUESTRO país existe grave preocupación por ese fenómeno social, así lo han manifestado tanto el Club de Periodistas de México, A.C., la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la Fundación para la Libertad de Expresión, el Centro Nacional de Comunicación Social, así como la Casa de los Derechos de los Periodistas, entre otras destacadas organizaciones quienes en forma permanente han venido exigiendo, al gobierno mexicano, que se enfrente al grave problema.
El tema de los periodistas asesinados en México no es nuevo; fue por ello que la sociedad —utilizando diferentes estrategias— presionó al gobierno federal que se vio obligado a crear una “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas” (Feadp), el 15 de febrero de 2006; pronto vinieron las nefandas influencias para bloquear las investigaciones y la fiscalía quedó sin actividad. Para julio de 2010 fue reactivada esa dependencia gubernamental que no fue propicia para ciertos entes de la política, porque había difundido que de 40 agresores de periodistas que recibieron acción penal en su mayoría eran servidores públicos de alto nivel.
Los medios de comunicación han venido escribiendo, permanentemente, sobre la irresponsabilidad gubernamental de no atacar en serio el problema de los muchos periodistas asesinados y, de otros, que simplemente fueron desaparecidos, de los cuales ya nada se supo. Fue por ello que el Poder Legislativo, en respuesta a tan vital tema instrumentó una serie de bases legales con el objetivo atacar a fondo ese fenómeno social. Fue así que en noviembre de 2011 la LXI Legislatura aprobó una reforma a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución para federalizar los delitos cometidos contra periodistas.
Federales, los delitos contra periodistas
En el texto aprobado quedó establecido: “Las autoridades estatales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta”.
Con el auge de secuestros y asesinatos de periodistas una indignada sociedad exigió, enérgicamente, al gobierno de la República, que se pusiera atención al tema, por lo que, como respuesta, se anunció la creación, el día 16 de febrero de 2012, de la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión” (Feadle) que, como objetivos fundamentales, en el papel quedó escrito: “Dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística”.
Sin embargo, esa institución (la Feadle), dependiente de Procuraduría General de la República (PGR), en sus diez años de existencia, “solo ha presentado seis sentencias por el delito de homicidio en contra de comunicadores, lo cual equivale a una eficacia de 0.4 por ciento”. Es conveniente referir que la burocratizada “Feadle”, en su pretensión de justificarse “sube a la web” información que bien se puede constatar como incorrecta, veamos: al referirse a una investigación referente a 140 periodistas asesinados, difunde, en casi todos los casos, las muertes de los entes de la pluma, el día en que esa información fue publicada en los medios, y no cuando el hecho ocurrió, ni las circunstancias por las que supuestamente provocaron los referidos asesinatos.
Adenda:
Ante el vital tema de los periodistas asesinados, y la comprobada ineficacia gubernamental de la Procuraduría General de la República y su específica dependencia responsable del tema la “Feadle”, fue presentado, en el Senado de la República, desde el 2020, un proyecto de decreto con el objetivo de que sea reformada la ley que creó la referida dependencia para que ésta pase a ser un ente autónomo, y se convierta así en auténtica defensora de periodistas.
La ya indispensable creación de una institución autónoma que sustituya a la “Feadle” que bien puede llamarse “Comisión Nacional para la Atención Integral de los Periodistas” que deberá atender lo que por indolencia y/o irresponsabilidad la referida dependencia gubernamental no ha cumplido y que consiste en: “Brindar atención a las víctimas del delito. Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. Proteger la seguridad de los comunicadores, así como otorgar medidas cautelares o de protección, y gestionarlas ante las autoridades locales competentes. La sociedad mexicana y sus auténticos representantes, que son los periodistas, lo requieren.
“Silenciados o asesinados, así es la vida de muchos periodistas en México, siempre con el mismo patrón: suelen ser profesionales cuyas informaciones resultan incómodas al poder o al crimen organizado, que en ocasiones entremezclan sus intereses. Por si fuera poco, los últimos tres años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con los medios de comunicación han sido tensas”.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo.
Periódico El País, 25 de enero de 2022.
La no protección a los periodistas
y la irresponsabilidad gubernamental
Remberto Hernández Padilla*
Es ya indispensable creación de una institución autónoma que sustituya a la “Feadle”
En la Organización de las Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las organizaciones internacionales de periodistas, especialmente en la Sociedad Interamericana de Prensa y en la Federación Latinoamericana de Periodistas, así como Reporteros sin Fronteras, entre otras instituciones, el tema de los periodistas asesinados en México ha calado hondo.
EN NUESTRO país existe grave preocupación por ese fenómeno social, así lo han manifestado tanto el Club de Periodistas de México, A.C., la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la Fundación para la Libertad de Expresión, el Centro Nacional de Comunicación Social, así como la Casa de los Derechos de los Periodistas, entre otras destacadas organizaciones quienes en forma permanente han venido exigiendo, al gobierno mexicano, que se enfrente al grave problema.
El tema de los periodistas asesinados en México no es nuevo; fue por ello que la sociedad —utilizando diferentes estrategias— presionó al gobierno federal que se vio obligado a crear una “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas” (Feadp), el 15 de febrero de 2006; pronto vinieron las nefandas influencias para bloquear las investigaciones y la fiscalía quedó sin actividad. Para julio de 2010 fue reactivada esa dependencia gubernamental que no fue propicia para ciertos entes de la política, porque había difundido que de 40 agresores de periodistas que recibieron acción penal en su mayoría eran servidores públicos de alto nivel.
Los medios de comunicación han venido escribiendo, permanentemente, sobre la irresponsabilidad gubernamental de no atacar en serio el problema de los muchos periodistas asesinados y, de otros, que simplemente fueron desaparecidos, de los cuales ya nada se supo. Fue por ello que el Poder Legislativo, en respuesta a tan vital tema instrumentó una serie de bases legales con el objetivo atacar a fondo ese fenómeno social. Fue así que en noviembre de 2011 la LXI Legislatura aprobó una reforma a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución para federalizar los delitos cometidos contra periodistas.
Federales, los delitos contra periodistas
En el texto aprobado quedó establecido: “Las autoridades estatales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta”.
Con el auge de secuestros y asesinatos de periodistas una indignada sociedad exigió, enérgicamente, al gobierno de la República, que se pusiera atención al tema, por lo que, como respuesta, se anunció la creación, el día 16 de febrero de 2012, de la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión” (Feadle) que, como objetivos fundamentales, en el papel quedó escrito: “Dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística”.
Sin embargo, esa institución (la Feadle), dependiente de Procuraduría General de la República (PGR), en sus diez años de existencia, “solo ha presentado seis sentencias por el delito de homicidio en contra de comunicadores, lo cual equivale a una eficacia de 0.4 por ciento”. Es conveniente referir que la burocratizada “Feadle”, en su pretensión de justificarse “sube a la web” información que bien se puede constatar como incorrecta, veamos: al referirse a una investigación referente a 140 periodistas asesinados, difunde, en casi todos los casos, las muertes de los entes de la pluma, el día en que esa información fue publicada en los medios, y no cuando el hecho ocurrió, ni las circunstancias por las que supuestamente provocaron los referidos asesinatos.
Adenda:
Ante el vital tema de los periodistas asesinados, y la comprobada ineficacia gubernamental de la Procuraduría General de la República y su específica dependencia responsable del tema la “Feadle”, fue presentado, en el Senado de la República, desde el 2020, un proyecto de decreto con el objetivo de que sea reformada la ley que creó la referida dependencia para que ésta pase a ser un ente autónomo, y se convierta así en auténtica defensora de periodistas.
La ya indispensable creación de una institución autónoma que sustituya a la “Feadle” que bien puede llamarse “Comisión Nacional para la Atención Integral de los Periodistas” que deberá atender lo que por indolencia y/o irresponsabilidad la referida dependencia gubernamental no ha cumplido y que consiste en: “Brindar atención a las víctimas del delito. Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. Proteger la seguridad de los comunicadores, así como otorgar medidas cautelares o de protección, y gestionarlas ante las autoridades locales competentes. La sociedad mexicana y sus auténticos representantes, que son los periodistas, lo requieren.
“Silenciados o asesinados, así es la vida de muchos periodistas en México, siempre con el mismo patrón: suelen ser profesionales cuyas informaciones resultan incómodas al poder o al crimen organizado, que en ocasiones entremezclan sus intereses. Por si fuera poco, los últimos tres años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con los medios de comunicación han sido tensas”.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo. Periódico El País, 25 de enero de 2022.
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