Renovarse
o seguir muriendo
Enrique Pastor Carranza
“La libertad de expresión tiene límites, empieza cuando se propaga el odio y la dignidad de otra persona es violada”: Ángela Merkel.
Mientras el debate entre las descalificaciones y las revelaciones de sus desvergüenzas de nostálgicos del poder y nuevos frentes de lo mismo, causan profunda vergüenza por el nivel tan rustico y carente de sensibilidad de ambos lados, el escenario de los periodistas se enrarece con un incremento de crímenes en el interior del país, creando una gran cortina de humo sobre el verdadero fondo de tantas ejecuciones, acosos, campañas de odio y riesgos y colocando a México en el nada honroso primero lugar de intolerancia e impunidad, cuando se priva de la vida a los periodistas.
MUY LEJOS ha quedado aquella reflexión del “DIAGNÓSTICO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO”, elaborado por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a solicitud de la subsecretaria de los Derechos Humanos de SEGOB, y publicada en mes de julio del 2019.
En su texto, que no tiene nada que despreciar, se concluye: “La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de Derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen el interés en cambios al status quo. En la medida en que se afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades”.
Indiscutiblemente estas resistencias se viven a diario en cada entidad federativa donde caciques, delincuencia organizada y grupos de poder económico-político, realizan cambios de militancia a siglas de beneficio mutuo, sea cual sea la moda desde el 2000, con el tongo democrático concertado del PRIAN-PANAL en favor de Vicente Fox, hasta los tiempos donde se habla de una “Cuarta Trasformación”, y los mismos creadores del neoliberalismo, saqueos de la nación y eventos apátridas se transmutan a la militancia de mayor efectos electoreros para que nada cambie de fondo ni se distorsionen las formas de mantener las plazas.
El 100 por ciento de los periodistas exterminados y las familias de ellos abandonadas a su suerte, son y trabajan en provincia, mientras en el centro de las resonancias, la CDMX, se cuida no cometer esas prácticas por sus efectos de reclamo y trascendencia a otros estados.
Alta impunidad
Tras su visita a nuestra nación, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habría destacado: “La situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (en México) sigue siendo alarmante”.
Esto, ante la falta de cumplimiento de la responsabilidad del Estado para protegerlos de las agresiones a quienes ejercemos una función vital, donde se refleja la verdadera dimensión de nuestra democracia y es causa de preocupación nacional e internacional; vernos convertidos en el primer lugar de actos criminales contra comunicadores, en similar porcentaje de falta de castigo a los manos que realizan los asesinatos y las mentes que las maquinan.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagrado en su artículo 2, donde se establece la responsabilidad internacional del Estado de proteger todos los derechos humanos, este deber de protección no se limita a que los estados se abstengan de vulnerar los mismos, sino también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Todos, creo, debemos saber por ello, en el 2012 el Estado mexicano adoptó una ley al respecto y creó por decreto el Mecanismo para la Protección de Personas defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
En la actualidad son ya se contabilizan 151 periodistas y activistas de los Derechos Humanos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la impunidad está por encima del 90 por ciento de los homicidios a los periodistas y el 99 por ciento de los Defensores de Derechos Humanos.
Es evidente que el Mecanismo no está dando resultados fehacientes, cuando en el inicio del año 2022, en menos de 60 días se tienen los crímenes de cinco periodistas.
Según algunas investigaciones las mayores agresiones a periodistas se dan en entidades como Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, mientras en crimen de Defensores de Derechos Humanos se agudizan en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Luces de alarma mundial
Es increíble que ante estas cifras demoledoras y vergonzantes, el debate rijoso y satanización en contra de periodistas escale a niveles de colocar al Ejecutivo Federal, en franca confrontación de descalificaciones y reproches contra los denominados poderes fácticos y sus soldados, sin la categoría contra críticos y presuntos opositores, cuando los hechos ya prenden luces de alarma mundial de organizaciones periodísticas globales y ONG, para exigir revertir el escalamiento de las pugnas al grado de crear escenarios de extremos, intolerancia y exterminio mesiánico, cuando —se supone— tenemos las instancias jurídicas y Estado de Derecho para ventilar presuntas injurias o afectaciones de toda índole.
El escenario no es alentador, si los ánimos no se serenan en todos los sentidos y prevalece la idea de castigar con la ley estos actos denigrantes que afrentan.
Es prodigioso enterarnos por medio de la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, en su análisis financiero del 2020, Tercera Entrega se denuncia, a pesar de que el 6 de noviembre del año 2020, mediante Decreto Presidencial se había ordenado la extinción del “Fideicomiso Fondo”, la SEGOB ni siquiera había realizado los trámites para su formalización.
El documento arroja lo que denomina “gastos no justificados, pagos indebidos y observó que de los 34 integrantes de las tres unidades encargadas del Mecanismo, no se proporcionó la documentación que acredite cumplir los mínimos perfiles para ese nivel de servidores públicos, no se vigiló que la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V. describir con recursos humanos, técnicos y demás necesarios para prestar servicios, así como una serie de irregularidades de contratismo en materia de escoltas, firmas sin validez, memoria fotográfica y el perfil de quienes fueron y son escoltas para la presunta protección de las víctimas“.
Esto solamente pone a flote el nivel de importancia y seriedad de los responsables de otorgar la protección a las víctimas, y como una Institución pone en mayor riesgo la vida de quienes debieran estar protegiendo, por encima de visiones mercantilistas inaceptables.
¡ASÍ O MÁS CLARO, EL DESPRECIO A LA VIDA Y SEGURIDAD DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS!
Renovarse
o seguir muriendo
Enrique Pastor Carranza
“La libertad de expresión tiene límites, empieza cuando se propaga el odio y la dignidad de otra persona es violada”: Ángela Merkel.
Mientras el debate entre las descalificaciones y las revelaciones de sus desvergüenzas de nostálgicos del poder y nuevos frentes de lo mismo, causan profunda vergüenza por el nivel tan rustico y carente de sensibilidad de ambos lados, el escenario de los periodistas se enrarece con un incremento de crímenes en el interior del país, creando una gran cortina de humo sobre el verdadero fondo de tantas ejecuciones, acosos, campañas de odio y riesgos y colocando a México en el nada honroso primero lugar de intolerancia e impunidad, cuando se priva de la vida a los periodistas.
MUY LEJOS ha quedado aquella reflexión del “DIAGNÓSTICO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO”, elaborado por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a solicitud de la subsecretaria de los Derechos Humanos de SEGOB, y publicada en mes de julio del 2019.
En su texto, que no tiene nada que despreciar, se concluye: “La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de Derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen el interés en cambios al status quo. En la medida en que se afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades”.
Indiscutiblemente estas resistencias se viven a diario en cada entidad federativa donde caciques, delincuencia organizada y grupos de poder económico-político, realizan cambios de militancia a siglas de beneficio mutuo, sea cual sea la moda desde el 2000, con el tongo democrático concertado del PRIAN-PANAL en favor de Vicente Fox, hasta los tiempos donde se habla de una “Cuarta Trasformación”, y los mismos creadores del neoliberalismo, saqueos de la nación y eventos apátridas se transmutan a la militancia de mayor efectos electoreros para que nada cambie de fondo ni se distorsionen las formas de mantener las plazas.
El 100 por ciento de los periodistas exterminados y las familias de ellos abandonadas a su suerte, son y trabajan en provincia, mientras en el centro de las resonancias, la CDMX, se cuida no cometer esas prácticas por sus efectos de reclamo y trascendencia a otros estados.
Alta impunidad
Tras su visita a nuestra nación, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habría destacado: “La situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (en México) sigue siendo alarmante”.
Esto, ante la falta de cumplimiento de la responsabilidad del Estado para protegerlos de las agresiones a quienes ejercemos una función vital, donde se refleja la verdadera dimensión de nuestra democracia y es causa de preocupación nacional e internacional; vernos convertidos en el primer lugar de actos criminales contra comunicadores, en similar porcentaje de falta de castigo a los manos que realizan los asesinatos y las mentes que las maquinan.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagrado en su artículo 2, donde se establece la responsabilidad internacional del Estado de proteger todos los derechos humanos, este deber de protección no se limita a que los estados se abstengan de vulnerar los mismos, sino también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Todos, creo, debemos saber por ello, en el 2012 el Estado mexicano adoptó una ley al respecto y creó por decreto el Mecanismo para la Protección de Personas defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
En la actualidad son ya se contabilizan 151 periodistas y activistas de los Derechos Humanos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la impunidad está por encima del 90 por ciento de los homicidios a los periodistas y el 99 por ciento de los Defensores de Derechos Humanos.
Es evidente que el Mecanismo no está dando resultados fehacientes, cuando en el inicio del año 2022, en menos de 60 días se tienen los crímenes de cinco periodistas.
Según algunas investigaciones las mayores agresiones a periodistas se dan en entidades como Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, mientras en crimen de Defensores de Derechos Humanos se agudizan en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Luces de alarma mundial
Es increíble que ante estas cifras demoledoras y vergonzantes, el debate rijoso y satanización en contra de periodistas escale a niveles de colocar al Ejecutivo Federal, en franca confrontación de descalificaciones y reproches contra los denominados poderes fácticos y sus soldados, sin la categoría contra críticos y presuntos opositores, cuando los hechos ya prenden luces de alarma mundial de organizaciones periodísticas globales y ONG, para exigir revertir el escalamiento de las pugnas al grado de crear escenarios de extremos, intolerancia y exterminio mesiánico, cuando —se supone— tenemos las instancias jurídicas y Estado de Derecho para ventilar presuntas injurias o afectaciones de toda índole.
El escenario no es alentador, si los ánimos no se serenan en todos los sentidos y prevalece la idea de castigar con la ley estos actos denigrantes que afrentan.
Es prodigioso enterarnos por medio de la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, en su análisis financiero del 2020, Tercera Entrega se denuncia, a pesar de que el 6 de noviembre del año 2020, mediante Decreto Presidencial se había ordenado la extinción del “Fideicomiso Fondo”, la SEGOB ni siquiera había realizado los trámites para su formalización.
El documento arroja lo que denomina “gastos no justificados, pagos indebidos y observó que de los 34 integrantes de las tres unidades encargadas del Mecanismo, no se proporcionó la documentación que acredite cumplir los mínimos perfiles para ese nivel de servidores públicos, no se vigiló que la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V. describir con recursos humanos, técnicos y demás necesarios para prestar servicios, así como una serie de irregularidades de contratismo en materia de escoltas, firmas sin validez, memoria fotográfica y el perfil de quienes fueron y son escoltas para la presunta protección de las víctimas“.
Esto solamente pone a flote el nivel de importancia y seriedad de los responsables de otorgar la protección a las víctimas, y como una Institución pone en mayor riesgo la vida de quienes debieran estar protegiendo, por encima de visiones mercantilistas inaceptables.
¡ASÍ O MÁS CLARO, EL DESPRECIO A LA VIDA Y SEGURIDAD DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS!
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