GUERRA CONTRA EL NARCO: LEGITIMARSE POLÍTICAMENTE, NO ACABAR CON LA ECONOMÍA CRIMINAL

III. La guerra contra el narcotráfico del gobierno federal no tiene como principal objetivo terminar con el sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad política interna y externa.

Desde la esfera del consumo no es posible justificar la guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, pues la cantidad de adictos en México representa tan solo el 0.40% de la población, cantidad que sin duda es importante pues representa un total aproximado de 450 mil ciudadanos, pero que es un porcentaje muy inferior a los adictos que existen en los Estados Unidos, los países de la Unión Europea o en América Latina. [2]
Tampoco constituye una justificación para esta supuesta guerra, el propósito de reducir la violencia del narcotráfico. Más bien al contrario, lo que se demuestra es que la violencia en México ha aumentado a niveles que no se habían observado en muchas décadas, con más de 15,000 asesinatos en los últimos tres años, vinculados de una manera u otra al sistema de la economía criminal, por lo que ahora existe una violencia mayor a la que supuestamente se pretendía combatir o reducir.[3]
La respuesta del gobierno federal ante el sistema de la economía criminal fue doble, por una parte, consistió en dar gran publicidad a un “enfrentamiento” valiente del Estado ante este flagelo, bajo el concepto de “guerra”; que al no ser una guerra contra otra nación, y al sacar al Ejército Mexicano a las calles, se debe concebir como un enfrentamiento con un enemigo interno que pone en riesgo la seguridad nacional.[4]
La otra vertiente de la “guerra” contra el narco fue la publicidad a favor de una reforma judicial, que no se apega a nuestro sistema de administración de justicia, y pretende convertirlo en un espejo del sistema estadounidense, con apoyo de fundaciones de ese país.

La propuesta va en el sentido de centralizar los mandos policiacos, formar una policía nacional; hacer juicios orales, públicos, en los que se establezca una relación diferente entre el juez y las partes.

El Ejército Mexicano se ha visto severamente afectado por la misión que le ha sido encomendada por el Presidente de la República, pues lo ha expuesto al poder corruptor del sistema de economía criminal, a la vez que lo ha llevado a un terreno estratégico ajeno a sus mandatos constitucionales, lo que ha propiciado su debilitamiento y eventualmente su desprestigio ante la sociedad mexicana y la sociedad internacional, pues su fracaso es seguro dada la política que sigue el gobierno mexicano.[5]
La definición de “guerra” para combatir la delincuencia dedicada al narcotráfico, ha servido para justificar la militarización de la vida pública en México, pero no ha detenido ni las actividades ilícitas, ni la violencia de los narcotraficantes, provocando numerosos casos de violación de derechos humanos de la población e incluso asesinatos de personas inocentes.[6]

Esta decisión es de suma gravedad para la Nación, pues las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y una forma directa de vulnerarlas, es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución, y que por la estrategia seguida, necesariamente no podrán lograr los objetivos propuestos.

Este fenómeno es causa de un debilitamiento del Ejército Mexicano, institución que debería ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales, y que está convirtiéndose de hecho en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares, que ahora se dedican a la realización de actividades criminales. De esta manera, se estima que un treinta por ciento de los narcotraficantes tienen antecedentes militares.[7]

Aunque en teoría el ejército es coadyuvante del Ministerio Público, de hecho el ejército conduce operativos de los que no están informadas otras autoridades, motivado por el riesgo de filtraciones que las puedan hacer fracasar, pero que pueden conducir al país a una situación insostenible, pues el ejército carece de facultades constitucionales para realizar las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, y ahora, con las modificaciones legales, también la policía. [8]

Una involución democrática de esta naturaleza parece estar motivada por el interés de contener el avance de los procesos democráticos, que se convertirían en obstáculos para la reproducción de un orden social en el cual prevalecen los intereses de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, en la sociedad mexicana.

La militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones fundamentales de la economía política, así como reducir la resistencia de la sociedad, reprimir la protesta y movilización social, aislar a la ciudadanía, hacer una represión selectiva de líderes sociales, obstaculizar su organización e infundir un miedo paralizante a la población, con el propósito de establecer y ocultar la vigencia de los mandamientos del consenso de Washington, a pesar de su ostentosa bancarrota a nivel mundial.

Como se ha visto en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las movilizaciones de diversas organizaciones sociales y políticas en contra del Gobierno de Oaxaca, se ha exonerado al gobierno federal y a las fuerzas armadas que intervinieron, dejando en el ámbito del gobierno estatal la principal responsabilidad.

El mismo patrón se observa en la represión que sufrió la comunidad y los líderes de Atenco en el Estado de México, ante un intento de despojo de sus terrenos sin un fundamento en criterios de justicia y verdadero interés público, durante la cual se reconoció la violación de derechos humanos, de los que sólo solo fueron señalados como responsables los actores directos de los mismos, dejando en la impunidad a los mandos superiores a nivel estatal y federal. [9]

La capacidad de las instituciones públicas para garantizar la seguridad y prevenir los delitos, se ha visto ampliamente rebasada por las organizaciones del sistema económico criminal. Recuperar el poder de las instituciones requiere la supresión del ciclo económico de este sistema, que por definición no se puede lograr tan solo con el hecho de que el ejército realice operativos y acciones preventivas, sin que exista una estrategia integral ante este fenómeno.

La acción del ejército no se dirige hacia una amenaza externa, sino interna, en la que se corre el grave riesgo de trasladar las acciones y estrategias contra el crimen organizado, para dirigirlas en contra de la movilización y protesta social, como expresiones de resistencia ante intereses económicos de empresas globales, caciquismos políticos regionales, o acciones arbitrarias o ilegales de los poderes políticos, identificando o haciendo equiparables dichas acciones, con los delitos de secuestro, u otros, que llevan a cabo los verdaderos criminales.

A través de estas respuesta de los poderes públicos se busca convencer a la opinión pública, de que los luchadores y las movilizaciones sociales deben ser tratados como peligrosos delincuentes (Atenco, Oaxaca, entre otros), al grado que las extraordinarias penas que se les aplican y sus bases legales (como la inventada idea de “secuestro equiparado”), carecen notoriamente de un sustento jurídico adecuado.

El riesgo para los mexicanos es que aumente la impunidad que caracteriza la de procuración de justicia del país, y seguir dejando a los altos responsables en esa condición de impunidad, ante los crecientes casos de asesinatos, violaciones, torturas y violaciones a los derechos humanos, en los que se ven involucrados de manera creciente algunos miembros del Ejército Mexicano.

Esta militarización de la política está conduciendo a la realización de múltiples arbitrariedades, que alcanza incluso a servidores públicos electos y altos funcionarios del sistema de procuración e impartición de justicia, a quienes se ha detenido de manera ilegal, sin respeto a sus derechos humanos, con el propósito aparente de desprestigiar a partidos políticos adversarios en época de elecciones, sin que existan responsables institucionales de estos hechos.

Se han presentado acusaciones sin presentar pruebas de vinculación con el crimen organizado durante períodos electorales, que posteriormente se “olvidan” al pasar las elecciones, como ocurrió durante las pasadas elecciones para gobernador del Estado de Jalisco.

A pesar de los cambios constitucionales y en leyes secundarias que ya se realizaron, los resultados son más violencia, no solo por parte de los participantes en el sistema de la economía criminal, sino también por parte de las fuerzas armadas, pues al convertir a los batallones en policías, se han cometido arbitrariedades y atentados violentos por parte de militares, asesinatos en retenes del ejército, cuyos responsables son sometidos a tribunales militares.
La prensa nacional da testimonio diario de la multiplicación y cada vez mayor saña de los asesinatos y actos de violencia, que han rebasado la presencia y eficacia de la autoridad. Los ministerios públicos no se dan abasto ante el aumento de los delitos del narcotráfico, las bandas se han apoderado de pueblos y regiones enteras, el contrabando de armas de alto poder (granadas, bazucas, armas de repetición), a lo que se suma el flagelo de los secuestros.[11]
A pesar de la presencia, patrullaje y operativos del Ejército Mexicano en diversas regiones donde prevalece el dominio del sistema de economía criminal, la violencia y la impunidad prevalecen.

El sistema de procuración de justicia está en total bancarrota, pues el 99% de los delitos quedan en la impunidad; existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, y aumentan las denuncias de tortura.[12]

Para algunos expertos en el tema, en particular son preocupantes la falta de definición de los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, y el poder de auto control que tendrán las autoridades policiales sobre sus propios actos.[13]

Estas modificaciones en la institución policial deben tener no solo una legitimidad en el ámbito de la ley, sino también en la conducción y los resultados que se obtengan con dicha potestad. La idea de que el Estado “tiene el monopolio de la fuerza legítima” no debe ser considerado como una facultad que por sí misma representa el ejercicio de la justicia, sino que debe demostrarse en cada momento, que se cumple con el criterio de promover la justicia, ante las amenazas a la sociedad que provienen de las organizaciones criminales.

En teoría el Estado puede ejercer la fuerza sin que sea violencia, como se expresa en el Artículo 17 Constitucional, en donde se contienen los principios básicos de que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, y de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que sean expeditos y habilitados para impartirla.[14]

Este concepto está vinculado con la idea de soberanía, como independencia respecto de otros estados, y en lo interior se manifiesta en la potestad o supremacía del Estado sobre cualquier otro grupo o institución. El Estado puede defenderse a sí mismo a través de la fuerza, contra una fuerza externa o interna, procurando la armonía de los integrantes de la sociedad.

El estado cuenta con las fuerzas armadas para asegurar la seguridad nacional y el resguardo del territorio y fronteras. El pueblo y la nación tienen el derecho de defender la soberanía.

No obstante, las estructuras administrativas del Estado mexicano para el comercio, las aduanas y muchas áreas de la política económica, se han debilitado con el TLCAN, lo que ahora está ocurriendo también en el ámbito de las instituciones policiacas.

Las modificaciones legales a la policía preventiva son significativas, ya que anteriormente o bien no portaban armas o éstas eran de bajo calibre, en tanto que ahora están siendo equipadas con armas de alto poder; y su misión no solo es reprimir y prevenir, sino también investigar.

Con ello se modifica de manera significativa el sistema de impartición de justicia, pues ahora el Ministerio público, que tiene la misión de investigar los delitos y ponerlos ante la autoridad judicial, contará ahora con una policía ministerial e investigadora.

Por ello se trata de una reforma policial que reforma el artículo 21 constitucional, que antes otorgaba la facultad investigadora al ministerio público (investigación y persecución de delitos), que se auxiliará por una policía que estará a su dirección. La reforma puso en el mismo plano al Ministerio Público y a las policías que aunque estén bajo su mando, también pueden investigar. Los peritos y agentes del ministerio público, no tienen derecho a que se les reponga en su cargo aunque ganen un juicio laboral. Estas reformas debilitan al Ministerio Público.

Según algunos juristas, ello crea una estructura jurídica que permitiría la represión en un momento dado, pues el Estado tiene una estructura que hace flexible la línea de la violencia legítima, para derivar en violencia institucional, según el dictado del Poder Ejecutivo. En resumen, las reformas policiacas combaten la violencia con otra violencia, en tanto que se descuida la prevención y la educación.

De acuerdo a Bailey, puede ser utilizada como “...bandera electoral, dice, fortalece la imagen del presidente, pero dificulta la formación de una política de Estado en el tema de seguridad nacional. Usar con fines electorales el combate al narco es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.”[15]

La perspectiva del tiempo refuerza la interpretación de la utilización política por parte del gobierno federal de esta guerra, que ha sido dirigida ostensiblemente contra de partidos opositores en el Estado de Michoacán, como ocurrió durante la jornada electoral de 2009, cuando se realizó una detención de alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de justicia, por presuntos delitos vinculados con la protección al crimen organizado, con el evidente propósito de afectar la voluntad de los votantes en dichas elecciones, lo que sin embargo, no ocurrió de acuerdo a las estimaciones y cálculos gubernamentales. Lo anterior ilustra la utilización político-electoral de estas acciones, que deberían estar al margen de estas consideraciones partidistas.[16]

[1] Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.

[4] guerra. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2009.(Del germ. *werra, pelea, discordia; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre). 1. f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. f. pugna (‖ entre personas). 4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. ~ civil. 1. f. La que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.

[5] ¿Saben a dónde están llevando a las fuerzas armadas? Jorge Carrillo Olea. La Jornada Junio 21, 2009. Las señales son ominosas: el país está militarizado, quien lo dude que se asome a la ventana; todas las corporaciones policiacas están en manos de militares; hace unas semanas nos enteramos de algo absolutamente inconcebible: una decena de jóvenes oficiales habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal por ser supuestos coadyuvantes de bandas de narcotraficantes. Todos ellos son jóvenes oficiales hijos del Colegio Militar: ese nivel ha alcanzado la contaminación… Se están destruyendo los invaluables principios militares. ...ahora se ha anunciado el reclutamiento voluntario de conscriptos de la presente clase 1990 para que con ese carácter se sumen a las filas del Ejército por un trimestre a cambio de 20 mil pesos y la liberación de su cartilla. ¡¡Inaudito!!, ¿significa esto que las tropas regulares ya se agotaron? ¿Es un primer paso para regresar al Servicio Militar Obligatorio? Nunca hay transparencia…Por eso la moral está en el suelo, por eso no hay convicción sobre la validez de sus misiones, por eso las deserciones y las traiciones.”

[6] “Ejército en las calles no frenó al crimen: AI”. Asegura que pese al despliegue aumentó la violencia de bandas. Liliana Alcántara. El Universal. Jueves 28 de mayo de 2009. “Amnistía Internacional (AI) criticó las deficiencias en la política de seguridad pública del gobierno mexicano, pues señaló que pese a que en 2008 desplegó 45 mil miembros del Ejército para combatir al crimen organizado en varias entidades, la violencia atribuida a estas redes delictivas aumentó y también se incrementaron los casos graves de “homicidios ilegítimos”, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de las viviendas cometidos por militares.

[7] “Ex militar, 1 de cada 3 narcos. Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares”, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido. Jorge Ramos y Ricardo Gómez. El Universal. Viernes 12 de diciembre de 2008. El secretario general Guillermo Galván señaló además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas. “Bastante escandaloso y paradigmático había sido, en la década pasada, el caso de Los Zetas, por mucho tiempo brazo armado del cártel del Golfo, integrado por militares de élite, entrenados bajo los más estrictos estándares de calidad en torno al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), quienes pusieron sus habilidades al servicio de sus enemigos originales. En su día fue bochornoso el sonado caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le capturó trabajando para la organización de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Más reciente es el caso de Noé Ramírez Mandujano, quien hasta hace poco fuera, también, el “zar” antidrogas. La recurrencia del problema nos habla de que no se ha trabajado para conjurarlo. No se trata de meros accidentes, sino de un problema claramente estructural. La gráfica histórica de las deserciones militares se mantiene al alza, de tal suerte que sólo este año han desertado del Ejército mexicano 18 mil 128 elementos, que sumados al resto de los efectivos que han abandonado la institución alcanzan ya la cifra de 150 mil en los últimos ocho años. El gran poder corruptor del dinero mal habido se combina con los bajos sueldos de la oficialidad en una mezcla mortal, que debe ser combatida de raíz. El mantenimiento de un razonable nivel de vida de los integrantes del Ejército es un primer paso para reducir el problema.” Editorial EL UNIVERSAL. Del erario a los cárteles 12 de diciembre de 2008.

[8] “El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco” Jorge Luis Sierra. 21 de abril de 2009. El Universal. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que el Ejército mexicano seguirá en las calles, involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013. Ello significa que “en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.” Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos. Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.”

[9] Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército. CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU. Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal. David Brooks. Corresponsal. La Jornada Agosto 21, 2009 Nueva York, 20 de agosto. “La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad). Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas. Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.”

[10] “Soberanes alerta riesgo de Estado de excepción”. El presidente de la CNDH asegura que tendría que haber una reforma constitucional en la regulación del Ejército en sus tareas de combate al crimen organizado”. JORGE RAMOS PÉREZ. El Universal. México, 28 de mayo de 2009. José Luis Soberanes Fernández, advirtió del riesgo de caer en un Estado de excepción en México.

[11] Redacción. El Universal. Jueves 18 de junio de 2009. “Las muertes relacionadas con el narcotráfico superaron ayer las 3 mil, lo que impone un nuevo récord desde que en 2005 EL UNIVERSAL comenzó el registro de las ejecuciones adjudicadas a la guerra entre cárteles. En comparación con el año pasado, la cifra actual de crímenes creció casi 80%. En 2008, en esta misma fecha, se habían contabilizado mil 701ejecutados. Este año los primeros mil muertos se alcanzaron en 51 días, los mil siguientes en 59 y el último millar, en 58 días, lo que da un promedio de 17 personas asesinadas a diario.”

[12] “CNDH ve impunidad en 99% de delitos” Organismos de los derechos humanos presentan informe. Liliana Alcántara. El Universal. 15 de diciembre de 2008. “…los ciudadanos sólo denuncian 10% del total de los delitos que se cometen y, en su mayoría, las personas dejan de presentarse ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción. De acuerdo con datos del programa de Atención a Víctimas del delito de la CNDH se estima que de este 10% de delitos que se denuncian ante la autoridad competente sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables. Es decir existe, en este rubro, un nivel de impunidad de 99%. Además, según el organismo, hay alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Esta situación refleja, según la CNDH, el retraso que prevalece en las agencias de Ministerio Público cuando una víctima acude a ellas para denunciar un delito.”

[13] “Diputados aprueban Ley de la Policía Federal” La nueva ley facultará a la agrupación a realizar intervenciones telefónicas y en internet. Andrea Merlos y Juan Arvizu. El Universal. México, 23 de abril de 2009. “La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Policía Federal que tendrán como fin la prevención del delito…esta nueva ley que facultará a la nueva policía a hacer "escuchas" telefónicas, intervenir en internet y ejecutar estrategias civiles. Esta nueva ley crea un cuerpo policiaco con fines preventivos, con facultades de investigación que incluyen la intervención de teléfonos celulares, la obligación de empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas por celular y a observar la información en internet para evitar la difusión de pornografía. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.”

Ernesto López Portillo. La nueva policía encubierta. 12 de mayo de 2009. El Universal. “El Congreso de la Unión aprobó el 29 de abril pasado la nueva Ley de la Policía Federal… la autorización que incluye para realizar operaciones policiales encubiertas… la ley promulgada no trae los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, ya que entrega la supervisión de las mismas a una Unidad de Asuntos Internos (UAI) cuya organización y funciones fueron enviadas a reglamento. La segunda es que cuando la UAI inicie procedimiento por la posible desviación de algún policía federal, el expediente será aceptado o rechazado por el mando de la propia corporación. Al mandar a reglamento la regulación completa de la UAI se provocan dos efectos. Primero, se debilita de manera sensible el control legislativo sobre la policía, dejando al Ejecutivo federal un cheque en blanco para el control interno de su policía. Segundo, la UAI no puede llegar en el reglamento más allá del estándar de la propia Ley de la Policía Federal, con lo cual el instrumento administrativo queda constreñido…el titular de la UAI será designado por el presidente de la República, no por el comisionado general, ese es un gran avance; pero luego se mata lo ganado cuando se da al propio comisionado, en funciones de presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, la atribución de negar la procedencia de una investigación de la UAI… Igual pasó cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 y la Agencia Federal de Investigación en 2001.

No están en la ley los controles mínimos sobre las operaciones policiales encubiertas y la Unidad de Asuntos Internos puede ser frenada por el mando de la misma institución investigada. La fórmula es inaceptable. El camino correcto para el legislador es revisarla y corregirla; pero además debe tomar una decisión de mayor calado: inspirados en diversas experiencias internacionales prometedoras, los congresistas deben inaugurar en México los sistemas de supervisión civil de la policía, los cuales permiten crear controles especializados sobre la policía que no dependen de ella misma…La pregunta no es si deben o no hacerse operaciones policiales encubiertas. La pregunta es cómo evitar que se salgan de control.”

[14] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. Ed. Porrúa, México. 158ª. Ed. P. 18

[15] Van por narcos ...¿y votos? “Expertos consideran que usar la lucha contra cárteles como promesa electoral sólo fortalece la imagen del Ejecutivo, pero dificulta la formación de una política de Estado en seguridad nacional, genera pocos resultados y pone en riesgo el respeto a las garantías.” Ignacio Alvarado y Thelma Gómez . Universal . 19 de junio de 2009.

[16] Lunes, 01 de Junio de 2009. Miguel Ángel Granados Chapa. PLAZA PÚBLICA . Gran golpe o gran puesta en escena . Domingo, 31 de Mayo de 2009. “Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al procurador de justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías.”

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