Un día sin el ejército
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Cuando el ejército fue llamado a la lucha contra la delincuencia en todo el país, la decisión no fue desproporcionada: el crimen organizado había ocupado, ante la complacencia, complicidad o ineficacia de los gobiernos municipales y estatales, partes territoriales de la república. Por tanto, se trataba de un asunto de seguridad nacional y de soberanía del Estado.
La batalla no ha sido fácil, sobre todo por la incomprensión de la comodidad del ciudadano: quiere que derroten a las bandas criminales, pero que no zaranden su entorno tradicional. Asimismo, el ciudadano desea una lucha quirúrgica, casi tan fina como de rayo laser, pero sin afectar el espacio de convivencia que la sociedad ya logró con la delincuencia. Un mail de una ciudadana llegó al correo de esta columna con una frase demoledora: “preferimos convivir con los delincuentes porque nos respetan”.
Además de violentar la soberanía territorial del Estado, los cárteles del narcotráfico representan una comunidad criminal internacional. Se trata de otra razón para enfocar el problema desde la óptica de la seguridad nacional. Por tanto, la participación del ejército era lógica, y más cuando existen evidencias de que el narcotráfico se asentó en la República con la complicidad de policías, políticos, gobernantes y sociedad. Los militares involucrados en el tráfico han sido encarcelados.
La batalla en las calles es por territorio. Pero policías, políticos, gobernantes y sociedad han dejado aislado al ejército en esa lucha. Como se vio en Ciudad Juárez, el retiro del ejército de las calles y la intervención de la policía federal fueron aprovechadas por el crimen organizado para reapoderarse de la plaza. Por ello, el regreso del ejército parece inminente ante la dimensión del poderío armado de las bandas de delincuentes.
El ejército siempre ha despertado suspicacias. Y ahora mismo éstas han sido explotadas nada menos que por el PRI, cuyo reinado de setenta y un años se sustentó en el uso del ejército para reprimir la disidencia. El peligro de golpe de Estado nunca existió y los militares se ajustaron a la disciplina militar. Al final de cuentas, la intervención de los militares es la última línea de defensa del Estado, a partir inclusive de las definiciones que señalan que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la represión. En esta lógica gramsciana, la disputa delincuentes-ejército estaría determinando posiciones políticas que tienen como espacio la soberanía del Estado.
De ahí que el problema no sea el ejército sino la incapacidad de los liderazgos políticos y de gobierno, diría Maquiavelo. El asunto radica cuando partidos, gobernantes y jefes policiacos permitieron que las cosas llegaran al extremo de que el crimen organizado se apoderó de partes territoriales del Estado. Y se complica con la percepción bastante pueril de que todo se resolvería con la legalización de la droga, pues se despenalizaría pero auto máticamente aumentaría el consumo.
La intervención del ejército contra el crimen organizado ilustra el tamaño del desafío. El país no enfrenta pandillas o narcos con armas fundidas en oro y piedras preciosas -nacotraficantes, pues-, sino con un imperio que comercializa un producto que idiotiza a los ciudadanos. Y este crimen organizado es el que quiere al ejército fuera de la batalla.
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