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Anclados en “la venta de esperanzas” de la campaña electoral de 2006 -en la que el candidato del PAN Felipe Calderón se anunció como presidente del empleo-, los voceros del gobierno federal siguen obcecados en pintar paraísos color de rosa para la clase trabajadora que, bajo el tecnicismo Población Económicamente Activa (PEA), rebasa ya la suma de 46 millones de mexicanos en edad productiva, pero sin producir, según lo confirma el neologismo nini; jóvenes que no trabajan ni estudian, cuyo número, sólo en ese rango biológico, es de siete millones.
En cuatro años recorridos por la actual administración, los funcionarios calderonianos que abordan el tema del empleo han eludido sistemáticamente el imperativo de codificar ese término desde el punto de vista jurídico y sociológico. El empleo, según los expertos laboristas, se inscribe en el marco de las relaciones contractuales obrero-patronales, que aseguran al empleado un mínimo de garantías económicas y sociales, que van desde el la jornada legal y el salario, hasta las prestaciones adicionales. Lo que hacen esos funcionarios, maliciosamente, es dar como “empleo” las ocupaciones que compulsivamente se ven obligados a aceptar precisamente los desempleados, fuera del alcance tutelar de la Ley Federal del Trabajo, que protege los contratos-ley, los Contratos Colectivos de Trabajo y aun los contratos individuales.
El pasado 3 de octubre, en conferencia de prensa acotada, los secretarios del Trabajo y Hacienda, y el director general del IMSS, se gratificaron haciendo cuentas alegres en el sentido de que, en lo que va del año y hasta septiembre, se han generado poco más de 741 mil “nuevos empleos”. La base de referencia es el padrón del IMSS, en cuyo caso se habla de 14 millones 602 mil 764 afiliados, cifra que apenas resiste la comparación con la documentada en los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo. Tómese en consideración que anualmente se incorporan al mercado de trabajo un millón 200 mil, estos sí, nuevos demandantes de plaza. Estaríamos hablando de 12 millones de nuevas altas en la PEA.
Frente al triunfalista balance de la burocracia federal, están los estudios de los organismos patronales; esto es, de los empleadores, que difieren no sólo en la cantidad de nuevos “ocupados”, sino en la calidad de esas ocupaciones, que consideran precaria. Si esas fuentes no bastaran, aparecen ya análisis del Censo Económico 2010, en los que se concluye que, atrincherados en la tercerización simulada en las outsourcings, los empresarios eluden tanto la afiliación al IMSS como el pago de los impuestos respectivos. Por sectores, tras esa sesgada y perversa figura operan los grandes corporativos (48.6 por ciento); servicios financieros y de seguros (42.6 por ciento) y servicios de información en medios masivos (35.3 por ciento). Un significativo segmento del 29.5 por ciento corresponde a negocios familiares en los que el personal no reciben remuneración. Respecto de la masa laborante total, el personal ocupado en esos segmentos alcanza el 13.6 por ciento.
Un enfoque más revelador se encuentra en las propias estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentadas por esta dependencia para presionar al Congreso de la Unión a fin de arrancarle la aprobación de la Reforma laboral. A contrapelo de la ofensiva propagandística de su titular Javier Lozano Alarcón, la STPS reconoce, de acuerdo con nueva metodología aplicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la economía negra absorbe ya un total de 21 millones 200 mil individuos, casi ocho millones más que en 1995, año de la gran crisis económica generada por el error de diciembre. Ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional satisface ese fenómeno de precarización del trabajo.
Resulta obvio que los voceros de Calderón tratan de implantar mediáticamente la impresión de que el “empleo” reactivado es el signo más consistente de que, efectivamente, la recuperación económica va. Quién sabe: Recientemente, el Consejo de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea anunció que México será sometido a una supervisión macroprudencial, para evitar la repetición de la crisis internacional provocada hace años por el efecto tequila. Si el río suena… es que está rodando cascajo.
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