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México hace el
trabajo sucio a EU
El Senado de la República eliminó, por fortuna, todo intento de criminalizar a los extranjeros indocumentados en la nueva Ley de Migración. Los legisladores modificaron 32 artículos y eliminaron los dos más peligrosos, el 26 y el 151, que otorgaban facultades a la Policía Federal para detener a migrantes en cualquier parte del territorio nacional y contemplaban multas para todos aquellos que empleen a extranjeros indocumentados.
También se suprimieron las atribuciones que se daban a las autoridades para llevar a cabo detenciones a partir de denuncias anónimas y perseguir a los defensores de los migrantes.
La Ley de Migración estaba diseñada de tal manera que permitía evocar a la de Arizona. Por lo pronto no pasó, pero es lógico pensar que priistas y panistas volverán a la carga más adelante.
Lo harán porque sus intereses no están puestos en México y el resto de América Latina, sino que los tienen en Estados Unidos, donde radican sus padrinos, protectores y promotores.
El proyecto original de la Ley de Migración estaba pensado para hacer de la Policía Federal mexicana una corporación norteamericana extraterritorial, que ahorrara a los Estados Unidos el trabajo de detectar y detener a los trabajadores indocumentados provenientes de América Central y América del Sur. Iba a ser, pues, una legislación hecha a la medida de los dirigentes norteamericanos más racistas.
Por lo pronto, fracasaron. Sin embargo no debemos confiarnos, puesto que desde Washington y Nueva York, seguramente, volverán a presionar pronto para que la Policía Federal mexicana tenga facultades persecutorias.
Nótese que el mayor interés de que México cuente con una Policía única se ubica, precisamente, en el vecino país del norte. El mando civil único sería muy fácil de influenciar y la Policía única podría desarrollar, en nuestro territorio, loas actividades que están vedadas a las agencias de seguridad e inteligencia de la Unión Americana.
La lucha emprendida por el gobierno mexicano contra los grupos criminales viene a corroborar lo expuesto líneas arriba: que México hace el trabajo sucio a los Estados Unidos. Durante lo que va del mandato de Felipe Calderón se han registrado alrededor de 35 mil muertes, sin que, del otro lado, se vea la voluntad política de frenar el consumo, para después prevenirlo. México pone los muertos, el terror, el pillaje, la corrupción y la impunidad, en tanto que los norteamericanos ponen a millones de consumidores de sustancias prohibidas.
Otros controles extraterritoriales
El Congreso de la Unión aprobará –seguramente en los próximos meses- una serie de regulaciones que tienen como objetivo, según fuentes oficiales, el frenar el lavado de dinero en nuestro país. Su argumento es que cada año ingresan entre 25 mil y 40 mil millones de dólares en efectivo, que son producto de la venta de drogas en Estados Unidos.
En la actualidad, el sistema bancario mexicano debe informar, por ley, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de todas aquellas operaciones inusuales, relevantes y preocupantes. A pesar de eso, la justicia mexicana no ha logrado detectar a ningún capo verdaderamente importante. Por eso la Cámara de Senadores prepara la primera Ley Federal sobre Prevención de Recursos y Operaciones de Procedencia Ilícita.
Esta norma endurecerá los controles sobre los notarios públicos, las casas de empeño, los negocios de bienes raíces, los de blindaje de vehículos y los que se dedican a la venta de arte, lo cual suena lógico. Pero, por otro lado, de prosperar esta iniciativa, se limitarían las operaciones en efectivo, a tal grado que ninguna persona podría adquirir un inmueble si lo quiere pagar en efectivo. Forzosamente tendría que hacerlo a través de un cheque, o de un crédito bancario. Tampoco se podrán comprar automóviles con pago en efectivo, cuando el monto rebase los cien mil pesos.
La lógica de las autoridades es que con estas medidas se evitaría que los grupos de la delincuencia organizada infiltren su dinero sucio en los mercados legales. Nuestra preocupación, sin embargo, es la siguiente: que con el pretexto de prevenir y combatir el lavado de dinero se vigile hasta el mínimo movimiento de la gente decente. Dicho de otra manera: Hacienda podría encajarse más con los contribuyentes cautivos, a despecho de que los grupos criminales sigan operando en la impunidad, gracias a la compra de voluntades y al poder que tienen sus cómplices incrustados en las diferentes estructuras del gobierno y la economía. Y si a eso se le agrega el interés exacerbado por echar a andar la Cédula de Identificación Ciudadana, se tendrán más razones para desconfiar.
En conclusión: Estados Unidos utiliza a México para hacer el trabajo sucio. Ellos quieren la droga, a costa de nuestros muertos y, como no quieren fatigarse con los indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica, pretenden endosarle a la Policía Federal mexicana la tarea de perseguirlos, detenerlos y deportarlos. También quieren saber a cuánto ascienden los haberes de don Pedro Pérez o doña Josefina López, para ver de qué manera se los pueden arrebatar mediante sus sistemas bancarios usureros.
Finalmente: ¿Le interesará a Washington, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo que México eleve su recaudación fiscal? ¡Por supuesto que sí! Entre más recaude la Secretaría de Hacienda, entre más castigue a los ciudadanos, más préstamos podrá recibir la clase gobernante para seguir dilapidándolos y más nos cobrarán de intereses. El negocio es redondo, gracias a los grupos criminales que ellos mismos han armado hasta los dientes.
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