Lunes, 14 de Marzo de 2011 11:10 | 
Author: ROGELIO GÓMEZ MEJÍA | 
| Edición 254 |
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Libre expresión a juicio
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA
“Hasta la propia virtud se convierte en vicio,
cuando es mal aplicada”.
Shakespeare
Naturalmente el juicio a la película Presunto Culpable polariza a casi todos los sectores de la población, mayoritariamente a aquellos que consideramos la libertad como el don más preciado, después de la vida; más reflexionando por la verdadera causa reveladora del documental, dejada salomónicamente al criterio del espectador que, entre otras cosas no influyó en la jueza 12 de Distrito, Blanca Lobo Domínguez, para tomar la decisión de conceder un amparo estrictamente apegado a derecho al demandante Víctor Daniel Reyes Bravo afectado, dijo, por el daño moral causado en la exhibición de la cinta a juicio, que paralelamente por agresiva consecuencia perjudicaría también al derecho a la libre expresión, como lo critican acremente abogados democráticos y el candidato independiente a la gubernatura del Estado de México, Ramón Ojeda Mestre.
No tiene discusión la presunta o real afectación en la persona del quejoso en principio, por la resolución decretada de la jueza Lobo, pero queda claro que al sancionar el derecho de los cineastas por exhibir en esa película la participación identificable con el quejoso sin su autorización, dijo, afectó asimismo la libertad de éstos por exponer el juicio penal de un supuesto Toño, mismo que la Constitución ordena, deben ser públicos, lo cual finalmente es el meollo del asunto.
Presunto culpable.
Efectivamente, es reprobable costumbre que los medios de comunicación en general soslayen esa importante y trascendente fuente de información para la vida social, empeñados generalmente en exhibir, aquí sí, a miles de presuntos culpables de delitos imputados sujetos a procesos judiciales en vías de esclarecer la verdad histórica del caso por el que incluso son internados en prisión preventiva, así sea por el supuesto robo de un pan, lo cual indudablemente es una injusticia, salvo cuando la acusación es por un delito grave, homicidio, secuestro, etcétera, aun cuando reformas actuales agravan delitos de transgresiones perseguibles y que quizá se piensa resolverían con el novedoso sistema de los juicios orales que, desgraciadamente, en Chihuahua demostraron su ineficacia por el caso de los tres jueces que decretaron la libertad de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, secuestrador y asesino confeso de la infortunada Rubí Marisol Frayre, todavía prófugo, y provocador de la infame ejecución de su luchadora madre y mártir, Marisela Escobedo.
Por esto resulta de vital importancia poner en la mesa del debate nacional que el Congreso asuma la responsabilidad de puntualizar en la ley, específicamente, el cumplimiento de la garantía establecida en el artículo 18 Constitucional, para el caso de la prisión preventiva que en la práctica atiborra las cárceles, cerezos y prisiones de alta seguridad de “presuntos responsables”, que generalmente no están en sitios distintos a los de los sentenciados, mientras permanecen sujetos a procesos lejanos de los cuatro meses que marca el enciso VIII del artículo 20 para delitos cuya pena no exceda de dos años, y sentenciado o absueltos en un año, cuando la pena por el delito cometido sea mayor, lo cual trasciende que no ocurre a sabiendas que el sistema carcelario en el país, es la antesala del infierno.
Poner énfasis en este grave problema social requiere incluso una solución de Estado para determinar si los jueces realmente están cumpliendo con una responsabilidad de gran envergadura y como controlar y proteger la libertad que deben tener de cumplir con sus funciones en estricto apego a la ley, para que el Ministerio Público no utilice sus facultades más allá de las obligaciones que le marcan las normas y por la influencia del Ejecutivo, jefe del Procurador, igual que en los estados, utilicen el poder para disponer de cárcel propia contra quien sea, ridícularizando incluso al Poder Judicial, como ya ha sucedido.
Bala perdida
Hablando de libertades, debemos estar muy alertas ante el enegmático “estudio” en manos de los senadores Beatriz Zavala, Francisco Castellón, Francisco Javier Buganza, Federico Döring, Francisco Castellón, Carlos Sotelo y Eloy Cantú, en busca de un acuerdo para aplicar una ley reglamentaria para limitar el uso de Internet en sumiso incondicionamiento del grupo “Acuerdo Comercial Anti-falsificación” (ACTA) de corte extranjero, alarmados por la potencial fuerza (verbigracia WikiLeaks) de una invencible libertad de expresión. ¡Aguas!
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