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¿Y qué tal si hay

elecciones en 2012?

Falta regenerar las instituciones electorales. ¡Pero ya!

Cuando estas líneas estén circulando, sólo restarán doce meses para la gran fecha de 2012. Se equivocan los augures si están convencidos de que el cuadro nominal de la sucesión presidencial adelantada está definido. Falta que, literalmente, corra mucha sangre bajo los puentes. En el estado de violencia galopante que sobrecoge a la comunidad  nacional, nadie tiene la vida comprada. Recordar nomás estos nombres: Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu. Ambos priistas: El primero, candidato en campaña; el segundo, con potencial para convertirse en presidente de México en 2000. Recordar los nombres de precandidatos o candidatos a gobernador, a presidentes municipales y a legisladores que han sucumbido bajo fuego en los últimos cuatro años. En estricto rigor, dicho sin concesiones al tremendismo, la pregunta que debe plantearse desde hoy es: ¿Habrá elecciones generales el primer domingo de julio de 2012?

Los temores del

licenciado Felipe

 

Ese el tema de esta entrega. Antes, de entrada, vale una consideración previa: El presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, convertido en jefe de campaña de su partido -el PAN-, ha venido machacando en los últimos meses un mensaje electorero dirigido a los jóvenes nacidos en los últimos 25 años, a quienes quiere “informarles� lo que fue de México gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que ha acusado sistemáticamente de corrupción y autoritarismo, y de masacrar a la juventud mexicana.

 

No le faltan argumentos de peso y de pesos al michoacano para sostener esa denuncia, que cualquier mexicano puede documentar leyendo la historia de México al menos desde 1946 en que se fundó el PRI como continuación del Partido Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana. Lo que le falta decir a Calderón Hinojosa es la otra parte de la verdad: Desde 1988; esto es, desde hace casi un cuarto de siglo, el Partido Acción Nacional firmó una alianza estratégica con el usurpador priista Carlos Salinas de Gortari, cuya consagración presidencial en septiembre de aquel año fue tipificada por el constitucionalista y entonces diputado federal del PRI, el también michoacano don Antonio Martínez Báez, como un golpe de Estado técnico. Tenerlo presente: No se puede golpear impunemente al aliado de ayer en función de las conveniencias de hoy.

La permuta en ese perverso y antidemocrático pacto -firmado a espaldas del candidato presidencial panista Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, entonces todavía en resistencia contra el fraude electoral del 6 de julio de 1988-, consistió en que el PAN le reconocería al usurpador Salinas de Gortari la legitimidad de gestión a cambio de concertacesiones electorales, que empezaron con la cesión, en julio de 1989, de la gobernación del Estado de Baja California en favor de Ernesto Ruffo Appel, y la presidencia de la República en 2000, en favor de Vicente Fox Quesada.

Si no fuera por la

complicidad del PRI

 

Aún más gruesa y contundente es la tercera parte de la verdad: El 1 de diciembre de 2006, los legisladores del PRI, en sesión de Congreso General, allanaron la toma de protesta de Calderón Hinojosa, quien a media noche del 30 de noviembre de ese año había sido investido Presidente por Fox Quesada, en una extraña y sigilosa ceremonia organizada y grabada en Los Pinos. Al Palacio Legislativo de San Lázaro, Calderón Hinojosa se introdujo por un pasadizo secreto escoltado por altos mandos del Ejército mexicano. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, Juventino Castro Castro escribió seis meses después: Si el licenciado Calderón requirió de las Fuerzas Armadas para su asunción a la primera magistratura, con las Fuerzas armadas tratará de gobernar. En años posteriores, legisladores del PRI le han recordado al presidente designado aquel “favor�.

 

Todavía, en su reciente aparición en el campus de la Universidad de Stanford, Calderón Hinojosa, hablando ante jóvenes graduados, volvió a la carga contra el PRI, a cuyos gobiernos describió como un régimen autocrático. Pero, atrapado en un súbito arrebato filial, quiso rendir homenaje a su difunto padre, don Luis Calderón Vega, a quien, en campaña fallida por la gobernación de Michoacán, agradecía encarecidamente sus lecciones de civismo y política. Esta vez, ante sus anfitriones en Stanford, atribuyó a don Luis una cruzada opositora que definió como heroica y utópica. En esa cruzada, dijo Calderón Hinojosa, siendo aún niño, participó en compañía de sus hermanos.

 

Y así apareció el

hijo desobediente

 

Tampoco le faltan argumentos al presidente designado en su tardío reconocimiento a la meritoria trayectoria de don Luis Calderón Vega. Pero a Calderón Hinojosa le faltó decir que don Luis renunció al PAN, acusando a sus dirigentes de deslealtad y traición a los principios y valores fundacionales de este partido. Por lo demás, era del dominio público el desencuentro de Felipe con su padre, a quien sí le guardó auténtica fidelidad el tutor político del actual huésped de Los Pinos, Carlos Castillo Peraza, quien cariñosamente identificaba al biógrafo del PAN como joven abuelo.

 

En el episodio narrado, al presidente designado le faltó también otra parte de la verdad. Durante las décadas finales del siglo pasado, el abnegado militante del PAN, Luis Alberto García Orosa, escribió un ensayo apologético sobre don Luis: Luis Calderón Vega: Cronista de la política. Viendo encumbrado a su hijo Felipe en el mando nacional del PAN, García Orosa le presentó el original de su trabajo, solicitando el patrocinio partidista de la publicación: Felipe Calderón Hinojosa le negó el apoyo. No podía ser otra respuesta, la del hijo desobediente.

 

Ahora, al grano: En estas horas, México república y el estado de México acuden a un momento de destino. Esta entidad, con otras agendadas para 2011, tiene elecciones para la gobernación estatal. Aunque sea reincidencia, debemos insistir en que el estado de México ha sido tomado por los partidos políticos como probeta para el ensayo de la sucesión presidencial de 2012, de suerte que procedimientos legales y prácticas partidistas y de candidatos en campaña pueden potencialmente reproducirse el año que viene. De hecho, los aspirantes a la presidencia se han convertido o se han dejado convertir en los principales protagonistas del proceso mexiquense, por encima de los candidatos formales a la gobernación del estado.

 

Cuando abortó

el pacto secreto

 

En estas mismas páginas hemos informado sobre el azaroso camino recorrido por Alejandro Encinas, Luis Felipe Bravo Mena y Eruviel �vila Villegas (PRD, PAN y PRI, para citar sólo las cabezas de las formaciones partidistas postulantes), a fin de alcanzar las candidaturas, una vez que abortó un pacto secreto suscrito a finales de 2009 en la Secretaría de Gobernación (Fernando Gómez Mont) por el cual se canjearían entre el PRI y PAN-PRD apoyos legislativos al jefe del Ejecutivo, a cambio de que no hubiera coaliciones partidistas opositoras en la elección del estado de México.

 

Aquí mismo hemos sido críticos, no de los pactos, las alianzas o coaliciones partidistas, de suyo legítimas en cualquier sistema electoral que se precie de democrático, sino de la desfachatez con la que partidos y candidatos buscan pragmáticamente a sus aliados, sin compadecerse de la historia, la doctrina y los programas de las formaciones históricas y las arribistas de la última hora que pugnan por el poder por el poder mismo, sin el menor respeto a los regimenes normativo interno y los legales-constitucionales, y mucho menos al electorado. Candidatos llamados chapulines porque saltan de un partido a otro y de una representación popular a otra, y partidos sin escrúpulos que se asocian sin lealtad a ideología y programas, invariablemente registrados ante la autoridad electoral.

 

La constante de nuestras preocupaciones es que, con independencia de ese tipo de pactos, las innobles prácticas de las dirigencias partidistas en tiempos de precampaña o campañas son solapadas por los órganos de organización, vigilancia y calificación electoral, sean los institutos o tribunales correspondientes. La inquietud estriba en que esas conductas creen estado y se repitan en los organismos electorales federales que ya metieron a la nación en el trance de la ingobernabilidad, a causa de que sus sentencias de última instancia son, por ley. Inapelables e inatacables.

 

Vicios, mañas y

otras trapacerías

 

Por la naturaleza de la elección en el estado de México y sus fines ulteriores, el monitoreo por la opinión pública sobre las formas y el fondo de las campañas ha sido incesante, pese al empeño de algunos medios electrónicos por ignorar las desviaciones de la norma.

No nos meteremos en el berenjenal de todas esas desviaciones. A modo de ilustración, basta con citar un acuerdo votado últimamente por una precaria mayoría de consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Dicho acuerdo dispone que los resultados de la vigilancia del gasto en campañas sólo sean conocidos hasta seis meses después de cerrado el proceso electoral. Como diría el ranchero: Después de conejo ido, pedradas al matorral. Un registro hemerográfico señala que las denuncias más recurrentes son sobre el visible exceso de financiamiento de candidaturas. Según otro mandato legal, el costo de las campañas electorales no debe rebasar la cota de 203 millones de pesos que tiene como techo el gasto en cada candidatura.

 

El monitoreo que asegura tener la alianza Unidos podemos más, que nominó a Encinas, revela, según su coordinador Luis Sánchez Jiménez, que el gasto de Eruviel �vila Villegas ha rebasado dos veces el límite establecido, asunto que, de acuerdo con el denunciante, sería llevado, en primera instancia, al Tribunal Electoral del Estado de México.

 

El factor Enrique

Peña Nieto

 

Desde hace al menos dos años, en el mismo estado de México, el gobernador priista Enrique Peña Nieto ha sido acusado de hacer un oneroso gasto en su promoción personal. El momento más crítico de esa denuncia pasó recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), al que se llevó el expediente de mil 520 spots sobre el V Informe de Gobierno difundidos nacionalmente y pagados a las televisoras por la administración estatal. El tema cobró relevancia por el hecho de que un predictamen del Trife fue discutido con los representantes de los acusados, por la consejera presidenta de este organismo, María del Carmen Alanís, en una cena ofrecida en su propia residencia. El Trife exoneró al gobernador y a su coordinador de Comunicación, David López Gutiérrez. El IFE, por su parte, se conformó con hacer una amonestación pública a las televisoras que hicieron la difusión de esos promocionales.

El diputado panista y presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados federal, Javier Corral reprobó ese fallo del Trife y dijo que éste organismo “ya no le sirve a nadie; no le sirve a los partidos ni le sirve a la confianza electoral. (El Trife) ha puesto de cabeza no sólo los principios relacionados con la función electoral, sino a la reforma constitucional-legal de 2007�.

La perdida es la

confianza electoral

 

La clave de la declaración del legislador chihuahuense es: El Trife no le sirve a la confianza electoral. En efecto, desde hace años, particularmente en las semanas previas a las elecciones generales de 2006, el Trife vio empañada su imagen por conflictos de orden administrativo en su interior. No es una cuestión de poca monta de cara a los elevados presupuestos que se asignan año con año a los organismos electorales federales. Aquí, sobre comportamientos de trascendencia externa, comentamos hace algunas semanas que un grupo de académicos de la UNAM investigó concienzudamente y publicó un libro en el que analiza críticamente la conducta de los magistrados electorales en la desaseada calificación de la elección presidencial de 2006, en la que reconocieron -los magistrados- sin sancionar, que la intromisión del presidente Fox en la campaña significó un riesgo para la validez de las votaciones. Lo mismo pasó con la injerencia de las asociaciones empresariales en la campaña mediática. El punto es la preocupación de esos investigadores: En la medida en que dichos órganos electorales no fueron objeto de una reforma profunda, sustancial, el riesgo es que en 2012 se repitan las atroces consecuencias de 2006.

 

¿Cómo puede restituirse la confianza electoral en su representación jurisdiccional, si básicamente en el Trife, con un mínimo de togados con poder inatacable, prevalece la misma metodología de análisis de las impugnaciones y se apela a la capacidad de interpretación de la norma para fundar sus sentencias, y se observan comportamientos como el de la magistrada Alanís en un caso que involucra al aspirante a la presidencia mejor posicionado en base a la propaganda mercadotécnica?

 

Precampañas

desde el gabinete

 

No tiene intencionalidad sesgada la mención expresa de Peña Nieto (nosotros no ponemos ni quitamos candidatos), pero sirve de referente a eventuales denuncias ante el Trife contra otros aspirantes a la presidencia. Verbigracia, los del PAN y especialmente los que forman parte del gabinete presidencial, quienes, sin abandonar el encargo, están febrilmente en plena precampaña, más que por la candidatura de su partido, por la presidencia misma. Es el caso, en particular, del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, considerado ya por sus adversarios como el candidato oficial.

 

El actuario Cordero Arroyo está actuando, ciertamente como “candidato oficial� desde su despacho público en la SHCP, una vez que 134 panistas lanzaron su manifiesto Unidos con Cordero, meses después de que la familia Mouriño Terrazo, cercana al presidente Calderón Hinojosa, desde Campeche abrió el fuego a favor de dicho funcionario. En ese sentido, vale señalar que el secuestradito Diego El jefe Fernández de Cevallos, que ya fue candidato presidencial del PAN en 1994 -y al que Fox acusó de haberse rajado a la hora de la verdad, no obstante estar en ventaja sobre otros contendientes- ha reaparecido en la escena política, promoviendo los atributos del secretario de Hacienda, quien no tiene reparo en permitir que su jefe de asesores, Moisés Alcalde Virgen, actúe oficiosamente o con línea, como coordinador de campaña también desde su cubículo en Hacienda.

 

La negra sombra

de El Yunque

 

Puesto y dispuesto en posición privilegiada, hace unos días Cordero Arroyo presidió un acto de apoyo en su favor que le organizó El Yunque, capítulo Guanajuato. Que el precandidato acepte el respaldo de la organización ex secreta, da para pensar que su eventual presidencia se guiaría por la doctrina y los intereses de esa secta. No sólo eso: En el acto comentado hizo presencia y compromiso el acaudalado empresario guanajuatense Elías Villegas. Se trata del mismo personaje que ha financiado a Fox desde su primera campaña en 1988 por la diputación federal nominado por el PAN, al que se había acercado apenas unas semanas antes de su postulación.

 

Con la inmunidad de la que ha sido investido, Cordero Arroyo está utilizando su encargo para dispensar favores a potenciales apoyadores: Recientemente fue denunciado por hacer de su gestión como secretario de Hacienda estrategia proselitista. En acto público se reunió con presidentes municipales del PAN en el estado de Veracruz, que lo visitaron para solicitar auxilios económicos para sus alcaldías. En el tiempo que lleva en esa secretaría, ediles de otros partidos han acudido al funcionario con el mismo fin, y de los resultados de su gestoría no se ha emitido ni siquiera un boletín de prensa.

 

Disimulo del

IFE-mocho

Los consejeros del IFE-mocho no se han atrevido ni siquiera a pronunciar una amonestación pública a los precandidatos desenfrenados, menos a los del gabinete presidencial. Es que los señores consejeros andan metidos en otros menesteres para ellos prioritarios. Por ejemplo, la decisión de quedarse con los cuantiosos remanentes del presupuesto de 2010 para fines que sólo ellos determinan. Y en la investigación de la Contraloría interna sobre la mano negra en el manejo de partidas para la compra de bienes inmuebles, en cuyo caso el blanco es el ex director de Administración, Fernando Santos Madrigal, quien por la libre habría negociado la compra de una bodega en 20 millones de pesos, cuando la norma administrativa establece que para ese tipo de operaciones el tope es de 500 mil pesos. La resolución de la Contraloría interna es inhabilitar a ese ex funcionario por cinco años.

Parece, el anterior, asunto de cuentachiles. No lo es, dada la millonada que año con año le asigna al IFE la Cámara de Diputados. Que tal si métodos como los  del ex director de Administración son apenas la punta del iceberg.

Otras cuestiones

más contables

Pasemos, respecto del IFE, de las cuestiones contables a otras más contables: Al menos para la opinión pública, aunque ya haya sentenciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, no se cierra el tema del recurso interpuesto por un grupo de activistas electorales que ha impugnado la exclusividad otorgada constitucionalmente al IFE para administrar la publicidad de las campañas electorales. No es cuestión menor. Subyace hasta ahora la prepotencia de agencias empresariales y las cadenas televisoras que en 2006 pagaron y cobraron, respectivamente, campañas de linchamiento contra un candidato presidencial que no era, por supuesto, Felipe Calderón Hinojosa. A esos intereses, el Trife y el IFE les han hecho lo que el viento a Juárez.

 

Pero, en materia de industria mediática, los designios de Dios son infinitos e inescrutables: Con la discrecionalidad que caracteriza su gestión, Calderón Hinojosa montó recientemente un escenario para hacer entrega -al parecer a título gratuito- de 75 refrendos de concesión a empresarios privados, con la coartada de la transición de radio digital. De lo que se trata, denunció el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara alta, el senador Carlos Sotelo, es de consumar la vieja pretensión de controlar la radio. Sotelo describió así la ecuación: “Te otorgo de manera discrecional la concesión, a cambio de recibir un trato conveniente. En los hechos -denunció el senador- el Presidente está legislando y arrogándose facultades que no le corresponde.

 

Ya empezó el

choque de trenes

 

Por el mismo carril, pero con otros insumos, transita el IFE en su relación con los concesionarios de medios electrónicos. Hace unos días, se cimbró esa relación al calor de la propuesta de que el Instituto regule el derecho de réplica. El tema ha quedado entre corchetes. No es el caso de otra propuesta colocada en la mesa de los consejeros por el Comité de Radio y Televisión: El cambio de plazos de entrega y restitución de promocionales electorales en la campaña de 2012. Ahora, el plazo es entre 48 horas y cinco días. Se trataría de reducirlo.

 

Obviamente, esa iniciativa no acomoda a los intereses de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que ya ha impugnado la proposición. Por lo que se sabe, sólo el PRI apoya la posición de esa Cámara. No es casual… ni gratuito. El representante del PRI ante el IFE es Andrés Maciel Fernández, al que algunos identifican como ligado a la cámara empresarial y particularmente a los intereses de las televisoras, una de las cuales, dicho sea de paso, puja en la Cámara de Diputados por una consejería en el IFE. Lo que nos habla de cómo se afilan las pinzas para tomar al Instituto de rehén desde ahora. ¿Es posible así restituir la confianza electoral, de la que habla el rejego diputado azul Javier Corral? Imposible, cuando investigaciones académicas concluyen que en el lapso de una década el IFE ha perdido vertiginosamente su credibilidad.

Mucho ojo en el

estado de México

 

Por ahora, dejemos el tema de ese tamaño. Concentremos la mirada en el estado de México. Potencialmente existen más de 10 millones 200 mil ciudadanos inscritos el Registro Federal de Electores. Las cuentas democráticas no cuadran si desde ya se advierte que puede haber una deserción de las urnas de casi 55 por ciento. Si el pronóstico acierta y el estado de México es el cuadrante desde el cual se decidirá la próxima sucesión presidencial, no se puede arrendar las ganancias a quien -si hay elecciones generales en 2012- resulte presidente con una participación de apenas 45 por ciento del listado nominal. El 3 de julio y semanas posteriores no colocarán dentro o frente a un escenario electrizante. Y no se crea que será por los 40 mil votos que sedicente socios del Sindicato Mexicano de Electricistas le ofrecieron al PRI. Cómo nos recuerdan estas ofertas aquellos 20 millones de votos que el entonces presidente del CEN del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, comprometió en 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari. Apenas alcanzó la mitad. Y eso que no había campaña para anular las boletas de votación.

 

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