Miércoles, 01 de Agosto de 2012 11:25 | 
Author: Héctor Tenorio | 
| Ediciòn 287 |
El malestar electoral
HÉCTOR TENORIO
ALGO NO FUNCIONA EN LA DEMOCRACIA MEXICANA. La crisis post electoral es su síntoma. En el fondo expresa el agobio de la sociedad mexicana, la fragilidad de sus instituciones y la quiebra de los códigos de entendimiento que mantienen la cohesión social.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN poco ayudan en la reconstrucción del tejido social, distorsionan la información, la alteran, ridiculizan o calumnian los argumentos opositores. Creen que el papel de lo votantes sólo debe ser el de sufragar y no estar haciendo marchas, mítines, y todo eso que hacen y que tanto escandaliza a la buenas conciencias.
En este contexto, los reflectores se concentraran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinará si el caso de Soriana y las tarjetas de Monex, entre otras anomalías en la campaña de Enrique Peña Nieto, ameritan ser sancionadas. Su decisión estará apegada a lo jurídico de no variar el resultado del 1 de julio, se estarían avalando desde un punto de vista socio económico el uso político de la extrema pobreza por medio de la compra del voto y el lavado de dinero a cambio de impunidad.
El asunto podría escalonar a la Corte Suprema de la Nación por ser la única con facultades para interpretar la Constitución y proceder si así lo considera a la invalidación del proceso, como alega Andrés Manuel López Obrador quien afirma que se quebrantó la protección de los derechos políticos y de acceso a la justicia de los votantes.
En plena defensa de su triunfo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), deja entrever que no perciben el vigor democrático que recorre las calles, ni entiende las dimensiones sociológicas y culturales del conflicto y dan por buena su percepción sobre la realidad nacional. Descalifican los cuestionamientos a la democracia y sus efectos negativos sobre la misma. Se mofan de la población afirmando que fue un montaje lo de Soriana de López Obrador quien pretende robarles sus votos. Los priistas encuentra cobijo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), cuyo pronunciamiento es parcial (incluyeron indebidamente a Marcelo Ebrad quien no firmó), no deja espacio a la inconformidad, y la agitación política resulta inaceptable. Pretenden por decreto desaparecer la voluntad de las masas que exigen sus derechos. Se les olvida que doces gobernadores priístas desviaron recursos del erario público con fines electorales.
El tricolor tiene su propia interpretación de la “Convención Nacional contra la Imposición” celebrada en San Salvador Atenco; de la celebración de una segunda versión de la misma a celebrarse del 22 al 23 de agosto en Oaxaca; de la marcha nacional convocada el 22 de julio; de los dos recorridos a lo largo del país por caravanas de miembros de #YoSoy132, cuyo salida sería el 12 de agosto y la segunda el 2 octubre mismo día que se espera una mega marcha; del cerco a San Lázaro y al Senado el primero de septiembre, con la intención de impedir que los nuevos Diputados y Senadores tomen posesión de sus cargos; del "grito de un México sin PRI" el día15 del mismo mes en todo el país; del boicot a Soriana; de la toma de casetas y de la instalaciones de Televisa; del paro cívico nacional programado el primero de diciembre con el objetivo de evitar lo que califican como una imposición de Peña Nieto a la presidencia de la República, todas estas inconformidades las consideran como expresiones de sectores desahuciados por la democratización y ansiosos de la descarga catártica que conlleva la derrota y la frustración.
El PRI está anclado en su propio pasado, al igual que los demás partidos políticos, así como la movilización social de Atenco y el SME que son movimientos que alcanzaron su plenitud máxima y no van a dar más. El cerco a San Lázaro no va impedir que se declare presidente electo a Peña Nieto, porque el Congreso no hace la declaración constitucional sino el TEPJF. Incluso, la toma de protesta se puede celebrar en otro lado.
Por lo pronto, en el Congreso de la Unión, se frenó la posibilidad de un período extraordinario donde se aprobaría la reforma laboral, ya que el sector obrero podría sumarse a las protestas. Incluso el malestar en las calles retrasa la consolidación de la alianza del tricolor y Partido Acción Nacional (PAN), en la próxima legislatura. Los panistas están siendo acusados de avalar el fraude 1988 y de haber pactado con el PRI en las pasadas elecciones.
¿Qué salida le queda al país? El autoritarismo, por rentable que le haya sido a los regímenes priistas, es ahora la trampa que augura la eternización de los problemas, sólo el consenso habrá de desterrar a los enemigos de la participación ciudadana.
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