EXAMEN MEXICO
ÁLVARO ARAGÓN AYALA
La CIA,
¿encima de Pemex y la Sedena?
DOS RECIENTES EXPLOSIONES -una con la botarga oficial de “gas” con olor a muerte, en plena Torre de Pemex, y otra con la pestilencia de una apócrifa información, lanzada a control remoto, vía el periódico New York Time, sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, declaración símil a la prefabricación de delitos estilo calderonista, característica de la pasada PGR y de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal- someten a prueba el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ala derecha, el general Moisés García Ochoa
Tras los estallidos, el país volteó su mirada hacia “los fantasmas” del pasado. ¿Los dos caminos conducen a Roma?
No era para menos: En la Torre Ejecutiva de Pemex, en pleno “corazón” de la ciudad de México, las secuelas del pandemónium, el rechazo a la no especulación, no el hedor a gas metano, rebasaron la suposición y dieron rienda suelta a la imaginación razonable. La detonación y derrumbe parcial de la atalaya de Pemex y la muerte de 37 trabajadores, desbordaron las conjeturas, abriendo paso a un tsunami de hipótesis.
El primer estallido mortal llegó cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto iniciaba los preparativos del informe de sus primeros 100 días de gobierno. De la firma del Pacto por México y de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con diseños similares al del Pronasol de Carlos Salinas de Gortari, al Programa Nacional de Alimentación Familiar, de Ernesto Zedillo, y al de Oportunidades de Vicente Fox, mantenido por Felipe Calderón. Y de otro bautizado como Apoyo a la Economía Familiar.
No repuestos los mexicanos del miedo y la sorpresa, el New York Time, que sirve exclusivamente los intereses de las elites y que disemina propaganda estatal y empresarial en los Estados Unidos y el mundo, difundió que Enrique Peña Nieto fue advertido por el embajador estadunidense Anthony Wayne de que el general de división Augusto Moisés García Ochoa, estaba posiblemente ligado al narcotráfico y a la corrupción, chisme que habría de influir en la designación del nuevo secretario de la Defensa Nacional.
Uniendo para armar el rompecabezas: Cuando ocurrió el estruendo en la Torre de Pemex, en Los Pinos desfilaban los parlamentos de la “solidez” del arranque del gobierno de Peña Nieto, y Pemex, sin armar mucho ruido, cursaba la demanda en cortes internacionales a la firma coreana SK Enterprises y a la alemana Siemens por 500 millones de dólares, por presuntos actos de corrupción entre contratistas y funcionarios de la petrolera. Redoblaba el paso la investigación por presuntos sobornos en la construcción de la refinería de Cadereyta, en tanto que el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se sentaba con inversionistas petroleros en Singapur.
Tras la detonación, de inmediato se convocó a la parálisis del imaginario: ¡No a la especulación! Se intentó sumir a la patria en “la espiral del silencio”, en el mismo halo sepulcral -lloren, tengan miedo, pero no supongan nada- que envolvió a la Torre de Pemex. Pero la oposición a la mudez y al disimulo masificado “tronó” la imposición de esa especie de “tabú gubernamental”, alejando el peligro del aislamiento total. Los mexicanos se negaron a mantener en la esfera de “lo gubernamental”, del apartheid, la detonación en Pemex, cohesionando pensamientos y palabras.
¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué grado de veracidad tiene la conclusión emitida por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien culpó de la explosión y la masacre a un “asesino solitario”: El gas? Que no especule el gobierno federal. La explicación o salida “gasificada” sobre el “accidente” en la Torre, fue tan dudosa y apresurada, tan aleatoria, que produjo más incertidumbre colectiva que certidumbre.
Dudas. El procurador Murillo Karam, puso en oferta a la sociedad mexicana, para su venta, los peritajes que revelan, según él, que la tragedia del edificio de Pemex se debió a una explosión de gas natural, que se acumuló en el subsuelo del edificio en cuestión. Sin embargo, nadie aportó pruebas científicas del origen del “gas”.
Los mexicanos no han querido comprar ninguna edición del cortometraje del “gas asesino” porque está tan mal editado que nadie fue capaz de despejar las dudas razonables: Murillo Karam no habló sobre si el “asesino solitario” logró o no suprimir cualquier huella comprometedora que pudiera existir en los archivos de Pemex y que involucraría a anteriores funcionarios de la paraestatal, ni tocó el tema de los beneficiarios con la explosión, inducida o "accidental", aceptando los “peritajes” de la empresa SGS, favorecida por años con contratos millonarios para certificar sus procesos industriales.
La SGS realizó apresurados “peritajes”, contratada por Pemex, en la zona de donde se encuentran las operaciones de SGS con Pemex, sembrando la sospecha de que limpiaba evidencias de una explosión y recogía y ocultaba documentación comprometedora.
Aturdidos por la masacre, nadie reparó que días atrás el gobierno de Enrique Peña Nieto volteó hacia los mercados españoles y hacia el sudeste asiático marcando una nueva “ruta petrolera” incomodando a los magnates de los Estados Unidos y sus socios de la CIA.
No es gratuito el enfado: El petróleo es la sangre de la civilización moderna. Provee combustible para los aviones, barcos, camiones, automóviles, y es la fuente de unos 300 mil productos petroquímicos. El petróleo representa más de la mitad del volumen de carga marítima, y alimenta a más del 60 por ciento de la energía.
En EEUU los republicanos y una porción del Partido Demócrata obtienen gran parte de su financiamiento de parte de la industria del petróleo. El Departamento de Estado y la Casa Blanca y una gran parte de la prensa brindan apoyo sistemático a la industria. Incluso a los universitarios graduados en busca de trabajos se les advierte del peligro de oponerse a la misma.
En 1966, cuatro compañías petroleras fueron clasificadas entre las diez corporaciones más grandes de América: Standard Oil de New Jersey, en tercer lugar (detrás de General Motors y Ford), Socony Mobil, cuarta, Texaco, séptima, y Gulf Oil, décima. Lista cuestionable. Omite tomar en cuenta el factor más importante de la economía, las ganancias.
Entonces, ¿Qué está pasando realmente en México? ¿Los grupos mafiosos que gobernaron por 12 años el país conspiran o no contra el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pasadas las elecciones federales, en septiembre del 2012, una explosión registrada en la Central de Medición de Pemex Exploración y Productos en Reynosa, Tamaulipas, provocó la muerte de 26 trabajadores y lesiones en otros 46, ante un Juan José Suárez Coppel, entonces director general de Pemex, desesperado por descartar la línea del atentado. “Estamos viendo el análisis, y hasta allegarnos todos los elementos”.
“No tengo evidencia de que este incidente fue causado, o que fuera algún tipo de atentado o algo así. Toda la evidencia es que fue un accidente”, afirmó. Aquella explosión sacó a flote la corrupción que se anida en esa área de Pemex, la subcontratación de contratos y el desamparo en que laboran cientos de trabajadores no sindicalizados ante la indiferencia de las autoridades de la paraestatal y la complacencia del dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps.
Otra detonación, la del 31 de enero del 2013, arrojó más de 36 muertos y más de 100 heridos graves y provocó daños en la planta baja y en el mezannine de sus oficinas administrativas. La explosión ocurrió en el sótano del edificio B2 del centro administrativo de Petróleos Mexicanos.
De nueva cuenta, las autoridades descartaron un atentado contra la paraestatal. Sin embargo, de inmediato surgió la versión de una “explosión dirigida” que habría tenido como propósito “quemar” pisos claves de la Torre para desaparecer equipo de cómputo, archivos, documentos, que habrían de comprometer la pasada administración de Pemex y a gente ligada a Felipe Calderón Hinojosa.
La detonación sucedió en la nueva fase de “diálogo” por la reforma de Pemex o “energética” en el que está involucrada una camarilla mafiosa que mantiene secuestrada a la paraestatal.
Desde las 18:00 del 31 de enero, limitados por las medidas de seguridad, nos colocamos frente a la Torre de Pemex. El primer dato que nos llamó la atención, respecto de la versión oficial de “un incidente”, es que todos los testimonios que nos dieron los asustados ocupantes del edificio “inteligente”, sobrevivientes de la explosión, es que no se registraron efectos de fuego; esto es, incendio, provocado por el elemento explosivo.
Que tampoco olieron ningún tipo de gas. Estuvimos ahí en el momento en que un desconcertado Presidente Enrique Peña Nieto -a diferencia de Miguel de la Madrid en los sismos de 1985-, se hizo presente en el escenario de la catástrofe. Pidió a los medios de comunicación, no dar lugar a especulaciones. Su petición la refrendó minutos después el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; hay que subrayarlo, jefe del gabinete de Seguridad Nacional.
Desde el punto del gobierno federal, las cosas deberían seguirse conforme a los conocedores en la materia que formularon los peritajes. Registramos percepciones. Y éstas remitieron a un hecho palmario: La PGR nunca abrió una línea de averiguación sobre un elemento central: Hacia el medio día del 31 de enero, Pemex emitió un comunicado en el que “casualmente”, acreditaba de manera puntual, el sistema de seguridad que protegía las instalaciones de Pemex.
Ocurrido el hecho dos horas después, la Torre, que se infiere rigurosamente vigilada por agentes de élite, resultó gravemente vulnerada. Dentro y fuera del ámbito de las agencias de seguridad, no de especulaciones, sino de hipótesis, resultan dos supuestos que, periodísticamente, es legítimo consignar: En las circunstancias políticas de la alternancia en el poder presidencial, hay protagonistas del gobierno saliente, involucrados, precisamente, en áreas de Seguridad Pública -le ponemos nombre: Genaro García Luna- que desearían crear no uno, sino varios polos de atención prioritaria.
Pero hay otro dato esencial: El nuevo director de Pemex, Emilio Lozoya, en las horas del suceso relatado, se encontraba en Singapur negociando nuevos contratos, específicamente, sobre la adquisición y operación de nuevas plataformas petroleras submarinas, que en los tres años previos se otorgaron en contratos a postores o prestanombres que se quedaron con la parte de león en la gestión de Juan José Suárez Coppel.
En ese tipo de concesiones hubo mano negra. En el área afectada con la explosión, se encuentra el sistema de informática, que permitiría el seguimiento de asignaciones de contratos de diversa índole. Borrar huellas de esos documentos digitalizados, eventualmente, podría confirmar actos de favoritismo y, dicho en plata pura, corrupción.
Bien. El lugar de la “masacre gasificada”, difusa, lenta y horizontal, para parafrasear a Murillo Karam - “posiblemente metano”, dijo, indicando la inconsistencia de los peritajes oficiales, que descartaron el “atentado”- sirvió de escenografía para la fotografía, la publicidad ruidosa, para las conferencias y para hacer un recuento del siniestro y actualizar las cifras de muertos y heridos.
La devastación y muerte valió para montar el escaparate mediático, para representar artística y políticamente que se ocupan y que todos, sincronizadamente, estaban al pendiente de sus obligaciones, dejándose filmar y retratar recorriendo la zona del desastre y visitando hospitales y funerarias, pidiendo silencio, no especulación, preparando el “dictamen gasificado”, como de película.
Faltó nada más liberar la orden de aprehensión contra el “asesino solitario”. Quizá en ese papeleo andaban cuando, otra explosión, ahora informativa, sacudió a Los Pinos: El general división Augusto Moisés García Ochoa, uno de los aspirantes a la titularidad de la Secretaria de la Defensa Nacional, fue colocado por el diario estadounidense The New York Times en la “narcolista” de generales sospechosos de mantener vínculos con el crimen organizado.
García Ochoa, de 61 años, es -desde principios de enero- comandante de la XI Región de la Sedena, cuyo cuartel general se ubica en Torreón, y cuya área de acción son Coahuila y Chihuahua, zonas con alta incidencia del narcotráfico.
Como comandante de la región, García Ochoa tiene bajo su mando tres zonas militares: la Quinta, con sede en Chihuahua; la Sexta, en Saltillo, y la 42, en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Fue en 1996 fundador y jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) de la Sedena. Antes, realizó un curso básico y avanzado de Inteligencia Antinarcóticos en Washington, DC. Fue subjefe de inteligencia de la sección segunda y fundador y director de la Escuela de Inteligencia Militar.
Es uno de los conocedores de cómo opera el nuevo equipo de compró equipo de espionaje e inteligencia de la Sedena, adquirida la compañía llamada "Security Tracking Devices, S.A de C.V", del empresario méxico-japonés Susumo Azano, en casi 5 mil millones de pesos.
La acusación del New York Time fue desmentida por el gobierno de los Estados Unidos negando que haya influido en la decisión de Enrique Peña Nieto en la designación del secretario de Defensa Nacional. “Las decisiones sobre la selección de funcionarios mexicanos corresponden únicamente al gobierno mexicano”, indicó el portavoz para Latinoamérica del Departamento de Estado, William Ostick.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué movió o quien movió al New York Times a publicar un artículo comprometedor, basado en fuentes anónimas? ¿Llevaba implícita la nota periodística el ejercicio de la presión para que el gobierno de Peña Nieto continúe con la guerra sangrienta contra el narcotráfico? ¿Intentaban “despresurizar” la explosión en la Torre de Pemex? ¿Influyó o no la CIA o la DEA o algún grupo político mexicano en la “filtración” de la falsa noticia?
La historia del New York Time es ominosa: A lo largo de los años toda guerra de agresión emprendida por Estados Unidos cuenta con el apoyo del Times. El periódico, revestido con un ropaje de “medio liberal”, trabajó estrechamente con la CIA desde 1950 y permitió que algunos de sus corresponsales en el exterior fuesen agentes o colaboradores de la CIA.
Dos evidencias brotan como secuelas de las explosiones: 1) En Pemex se mantienen paralizados los “acercamientos” con países “no alineados” con los Estados Unidos interesados en invertir en la paraestatal. 2) El general Augusto Moisés García Ochoa no participará en la restructuración de los órganos de inteligencia política policial del país, desmantelados por Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna con el apoyo de la CIA.
¿Quiénes se estarán revolcando de la risa…?
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