La detención de líderes del narcotráfico en México no ha frenado este negocio criminal ni su violencia porque es una actividad directamente relacionada con el consumo, el lavado de dinero y la venta libre de armas en Estados Unidos, así lo consideró Alberto Montoya Martín del Campo, profesor de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales (CEEN).
El académico adscrito a la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, abundó que el problema del narcotráfico no se puede resolver en México porque Estados Unidos no quiere resolverlo en su propio territorio, por lo tanto la estrategia del gobierno mexicano es fallida desde su propia conceptualización.
¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta del reciente proceso electoral?
¿Cómo queda México en materia de estabilidad política y de seguridad?
 Se debe tomar en cuenta que el orden de preferencia en la votación obedeció a una de las expectativas en el sentido de que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el PRD y Morena, como las principales expresiones políticas que fueron votadas por un número de mexicanos que se estima superior al promedio de otras de las elecciones intermedias recientes -en el orden del 48 por ciento, según algunos cálculos preliminares-; pero que por el otro lado, no podemos dejar de hacer notar un cinco por ciento de votos nulos de ese 48 por ciento, de manera que tenemos un mandato reducido pero que, finalmente, no deja una clara idea de cuál es el mandato y la exigencia que estos ciudadanos expresamos al actual Poder Ejecutivo Federal.
Esta situación me parece a mí un reflejo de una muy severa disminución de la calidad sustantiva de nuestra democracia, ya no solamente en términos formales, por el nivel de participación, sino y principalmente, por sus elementos sustantivos.
El proceso democrático recientemente vivido muestra un deterioro en el sentido de una grave ausencia de deliberación, de debate, de planteamientos que frente a la ciudadanía hubieran hecho los partidos políticos ante los gravísimos problemas que enfrenta la nación. Eso, junto con fenómenos de violencia generada por el crimen organizado; violencia, también de la cual debemos decir hay responsabilidad de las instituciones del Estado; que inclusive ha provocado un movimiento social y de protesta muy significativo en algunos de los estados del país, que con un gran reclamo y justicia exigen el hecho de que haya justicia y aparezcan estos 43 jóvenes desaparecidos y presuntamente, de manera forzosa por fuerzas del Estado; evento que se ha sumado, desgraciadamente, a otras gravísimas violaciones y tragedias en Tlatlaya, a cargo de un pelotón del Ejército; en Apatzingán, Huetamo, Tixtla…
El país, entonces, está en una circunstancia en la que este proceso, en el que se observó la violación abierta, sistemática y cínica por parte del Partido Verde Ecologista de México, sin que hubiese sido -en un sentido estricto- aplicada la ley (como un número significativo de ciudadanos exigió la desaparición de este instituto político, en virtud de lo que establece la propia Constitución, al incurrirse en reiteradas, graves, constantes y sistemáticas violaciones a la legalidad electoral); de manera que el país está en un contexto en el que muy probablemente esta democracia formal mantenga y dé un respaldo de legitimidad formal a un proyecto que de la misma manera como el denominado Pacto por México –que muchos consideramos que es un pacto contra México- no fue planteado en las elecciones presidenciales del año 2012 y que, al segundo día del inicio del actual gobierno federal, se presentó como un gran acuerdo de las cúpulas partidarias, sin que dicho acuerdo, dicho pacto, que requería un gran y profundo consenso de la nación hubiese sido sometido al conocimiento, deliberación y decisión de los ciudadanos mexicanos.
 Esto, entonces, me parece a mí que nos sitúa en un contexto en el que mantener esta formalidad democrática va justamente a producir los mismos resultados que ha tenido este modelo, ya con un proceso muy largo de aplicación, por más de tres décadas, en el que la inversión extranjera, las corporaciones globales, han venido sustituyendo a los agentes económicos nacionales, a las empresas y a los organismos del Estado en los sectores estratégicos; que generan pagos de impuestos en el exterior; que exigen bajos, ínfimos, salarios en México; que han creado una dependencia económica de nuestro país en todas las dimensiones: el dinero, los bancos; los alimentos, importados; la desindustrialización; el nivel de inversión que no se autoriza otros países, del cien por ciento en la telefonía, y de mayoría, en radio y televisión. Todo lo que, evidentemente, es parte de un modelo que requiere de una población con una educación orientada no a la formación plena de toda la personalidad integral de todo ser humano, en sus libertades, en sus capacidades; sino hacia una capacitación laboral restringida y dirigida a mercados laborales precarizados, sin derechos laborales, cada vez más subordinados a esta lógica de la compra y venta de la fuerza de trabajo, a través del denominado outsourcing.
De manera que México, entonces, enfrenta un próximo futuro en el que lejos de ver posibilidades de que estas promesas de crecimiento, empleos, mejores salarios, condiciones de vida, educación para todos los jóvenes y en general, una mayor paz, armonía y tranquilidad entre los mexicanos, el proceso de aplicación de este paradigma implica que necesariamente se mantengan esos resultados.
Esta legitimación, me parece a mí, será efímera, en la medida en que no cambia el proyecto, no cambia el rumbo del país; lo profundiza en un sentido que conduce a una situación de una mayor involución en todos los sentidos.
¿Cómo aprecia usted que pudiera evolucionar el problema de la delincuencia organizada, y el de la guerrilla; el de los intereses de Estados Unidos sobre la Cuenca de Burgos y sobre el control del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán?
 Bueno: estas dos cuestiones están relacionadas. Una de las características notables que tiene la sociedad estadounidense, es la reducción de su poder geoeconómico y estratégico a nivel global ante la emergencia, principalmente, de China; pero también –desde luego- el desarrollo de la Unión Europea (su consolidación), así como de otras regiones y países muy importantes como la India, Rusia, Japón. En ese contexto, México es una nación que ha sido convertida en un objeto del interés geoeconómico y geoestratégico de los Estados Unidos.
Si bien en la negociación del Tratado de Libre Comercio, en el año 93 y que inicia en el año 94, se excluyó la inversión extranjera en la banca, en las telecomunicaciones y en la energía, hemos visto cómo cada uno de estos diques ha venido siendo derrumbado.
En primer lugar, la banca que posterior a la crisis y rescate por los mexicanos del sistema bancario, se autorizó a partir del año 97, el cien por ciento de inversión extranjera en la banca, cosa que por ejemplo, nuestra contraparte del Tratado de Libre Comercio, Canadá, lo tiene como un límite el 10 por ciento de inversión extranjera en la banca.
Con estas contrarreformas a la Constitución, en materia de telecomunicaciones, ya es entonces admitida la inversión cien por ciento extranjera en el sistema de información y comunicación, de la sociedad del conocimiento, que son los teléfonos, los celulares, el Internet, la radio y la televisión, en una convergencia digital y, por el otro lado, los recursos estratégicos de México.
El control de los territorios, la minería y la energía, requiere de una presencia territorial y es muy claro el diagnóstico, después de la fallida política de contención de lo que se denomina guerra contra el narcotráfico y que de suyo, no desmantela su proceso generador, el proceso de su capacidad reproductiva económica y de violencia imparable. Ésta consiste en el hecho de que hay un mercado inmenso en los Estados Unidos, desde el cual se genera la dinámica de este negocio transnacional.
Es ahí en donde tiene lugar la organización y el direccionamiento de esta economía criminal que, finalmente, en nuestro país genera violencia y genera un nivel de involucramiento de las fuerzas armadas, de nuestras policías, sistemas de investigación y de seguridad nacional, que están a sabiendas de que es un problema que no se puede detener mediante la fuerza militar. Estos esfuerzos de contención están siendo enfocados -precisamente- mediante instrumentos y políticas que está probado, en nuestro país y en el resto del mundo, que son incapaces de detener este fenómeno, de esta economía criminal.
 De manera que el control de territorios de áreas estratégicas, de puertos, infraestructura costas, es parte de esta expansión de la inversión y el control de la propiedad y la extensión de la jurisdicción de las instituciones estadounidenses de seguridad, que correctamente le llaman administración de todos los problemas de los narcóticos, porque no es una cuestión que se busque extinguir; se busca administrar. Se busca -como denominan ellos- aplicar un sistema jurídico a una actividad que de suyo se sabe imparable, por su propia lógica económica.
El costo para nuestro país ha sido extraordinario en vidas, en sufrimiento, en violencia, en corrupción, en ruptura del estado de derecho, en violación de derechos humanos y en el involucramiento de nuestra fuerza armada permanente; que no debemos dejar de observar que el número de efectivos militares -del orden de 70 mil, según información reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional- nos indica que ya es un número de militares cuya cuantía es mayor que el de varias policías; no se diga, desde luego, de la Gendarmería, sino incluso de la propia Policía Federal de México.
Esto, entonces, nos está hablando ya de un cambio no solamente cuantitativo sino, incluso, cualitativo; porque de acuerdo a nuestra propia Constitución, la fuerza armada permanente tiene como tarea fundamental el resguardo de la soberanía de la nación y la seguridad interior, de forma tal que esta gravísima condición de inseguridad ha ido motivando la necesidad de la intervención directa del Ejército en una tarea para la cual debería de haber una capacidad de las corporaciones civiles, que ante su debilidad ante ese fenómeno, ha implicado el involucramiento muy peligroso, muy riesgoso, de nuestro ejército en estas tareas.
Si los Estados Unidos saben que con la fuerza militar no se arregla el problema del narcotráfico, ¿ellos estarían calculando que el descrédito del Ejército mexicano ayudaría a que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, clamen porque entre una policía internacional a México? Y por el otro lado: al estar la situación tan drástica en Tamaulipas, ¿eso permitiría que se hagan con el control de la Cuenca de Burgos y por el lado de Michoacán, con un futuro gobernador pro neoliberal, como es Silvano Aureoles, quien aparentemente gobernará ese estado, eso les ayudará a hacerse con el control de Lázaro Cárdenas, para competirle a China?
 Bueno, en esto tendríamos que reflexionar en lo siguiente: ¿por qué razón George Shultz, ex secretario de Estado, ni más ni menos, que del ex presidente estadounidense Ronald Reagan; quien fue uno de los arquitectos en su período final, digamos de la guerra fría en contra de la Unión Soviética; este arquitecto geopolítico es una de las voces que han planteado la inutilidad y el error de mantener ese enfoque de una prohibición que induce una represión policíaco-militar de ese fenómeno, que debería de ser tratado como un problema de salud? ¿Por qué un hombre como George Shultz plantea eso? y no solamente él: Milton Friedman y varios ex presidentes de América Latina que así lo han planteado.
Entonces, uno se preguntaría: ¿por qué razón esta insistencia del Plan Mérida? ¿Por qué esta insistencia de exigir que en México sea el Ejército la fuerza que directamente se involucre estos problemas? Uno no puede sino dejar de considerar que es una deliberada forma de conducir a una condición en la cual nuestro Ejército, evidentemente, no podrá resolver, ni podrá cancelar, ni podrá dar por terminado este fenómeno de la producción y distribución de sustancias ilícitas, cuyos precios estratosféricos y utilidades estratosféricas radican, precisamente, en su condición de ilegalidad.
De manera que en esto no hay inocencia. Si además tomamos en cuenta el hecho de la exigencia estadounidense del funcionamiento en nuestro país de la DEA, del FBI, de la CIA, del Homeland Security, del propio Pentágono, y que evidentemente el Ejército Mexicano no podrá detener un fenómeno cuya demanda y cuyo lavado de dinero, preponderantemente, se lleva a cabo en los Estados Unidos.
 Adicionalmente, no debemos tampoco olvidar, que ha habido operativos directamente dirigidos a hacer llegar un número significativo de fusiles de asalto, directamente por el gobierno estadounidense a grupos criminales en México con –evidentemente- el único propósito de que dichas armas sirvan para asesinar y generar violencia en nuestra sociedad.
Todo esto, entonces, justamente pareciera ser parte de un geopolítica que tiene como objetivo la instalación y funcionamiento permanente de la fuerza militar extranjera, como por ejemplo ocurrió ya en Colombia en el transcurso de los últimos lustros, en donde están siete bases militares estadounidenses instaladas en esta nación hermana.
De forma tal que la autorización reciente para que diversos funcionarios de aduanas y de otras agencias estadounidenses puedan estar en México y, prácticamente, estar en todo el territorio nacional, en funciones y con armamento de cargo, claramente esto nos indica una pérdida gravísima de soberanía y por el otro lado, manifiesta claramente la voluntad del control militar directo por parte de gobiernos y corporaciones extranjeras.
Ese es un gravísimo escenario, que aparentemente con este contexto electoral recientemente vivido nuestro país, parecería tener condiciones para poderse profundizar o mantener; pero que evidentemente no va a resolver el problema, como no lo ha resuelto en el pasado en México y como lo no lo ha resuelto en ninguna otra parte del mundo.
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