¡Vuelve, Santa Anna, te perdonamos!

EN PLENA Y MONSTRUOSA DEPREDACIÓN provocada por la guerra unilateral declarada por Felipe Calderón contra el crimen organizado -que “vamos ganando, aunque no lo parezca”, decía-, desde lo alto se proclamó como prioridad “la reconstrucción del tejido social”.

LUEGO vendría la promesa de un México en paz y el reparto de la prosperidad que generarían las grandes reformas transformadoras que tendría como soporte la reformulación de fundamentos y fines de la Constitución de 1917.

Si se hablaba de “reconstrucción” del tejido social, obviamente se reconocía que el organismo nacional se desgarraba en una crisis humanitaria.

Al darse por aclimatada e institucionalizada la amenaza de ingobernabilidad, se admitió que sus detonantes se condensaban en la desconfianza y la desesperanza populares, asignaturas políticas de primer orden.

Corre ya, vertiginosamente, el tercer tercio del sexenio presidencial y han transcurridos más de dos años de la promulgación y pretendida, y fallida, instrumentación de las primeras reformas transformadoras.

El pasado 7 de marzo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer los resultados de la encuesta sobre índice de confianza de los mexicanos. Este índice se habría contraído 1.5 por ciento. De febrero de 2015 a febrero de 2016, la baja fue de 1.2 por ciento.

El índice de confianza de los hogares en ese mismo periodo cayó 3.2 por ciento. Respecto de la situación económica esperada para los próximos doce meses, la baja acumuló 5.2 por ciento.

¿Qué factor incide en el decreciente índice de confianza de los mexicanos, que ya suman más de 121 millones? El primero sería de orden socioeconómico y específicamente el correspondiente al ingreso en los hogares: Unos 25 millones.

Por supuesto, el ingreso hogareño depende del mercado laboral y de la estabilidad en el empleo dignamente remunerado.

La clase obrera no va al paraíso

Si volvemos al Inegi como fuente, encontramos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para 2015 que la Población Económicamente Activa (PEA) suma casi 60 millones de personas.

Una acotación imperativa: Los laboristas especializados codifican el concepto de empleo como aquél que pasa por la contratación obrero-patronal, sujeta a las prerrogativas y prestaciones a las que obligan el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, empezando por un salario remunerativo y la Seguridad Social.

Por “ocupación” se entiende cualquier actividad que puede ser ocasional y transitoria, y exenta incluso de remuneración al trabajador.
De lo dicho, resulta que 8.3 millones de individuos -acaso jefes de familias- de la PEA, están desocupados en busca de trabajo o, de plano, desistidos en la búsqueda por no ver expectativas ciertas.

El dato, económica y socialmente subversivo, nos reporta que 27.6 millones de compatriotas catalogados en la PEA, ambulan en la economía informal, llamada también Economía negra.

La estadística que nos queda, es que sólo 20.8 millones de personas (de casi 60 millones de la PEA) se emplean en la economía formal, si bien en muchos casos expuestos a contratos obrero-patronales triangulados, cuyo primer propósito es incumplir con el derecho a la Seguridad Social. Son esos contratos de protección empresarial.

Otro riesgo que no abona un ápice al optimismo es que, según las cámaras empresariales, existen más de 40 mil unidades productivas amenazadas por la quiebra y el cierre, algunas insolventes porque el sector gobierno no paga servicios y obras devengados.

El bumerán golpea el rostro del gobierno

Si el sombrío paisaje social descrito es saldo acumulado de las políticas neoliberales de las cuatro recientes décadas, imposible negar que su exacerbación obedece al deliberado ataque al Estado de bienestar, que ha regresado como búmeran sobre el rosto del gobierno, golpeado en sus finanzas por la crisis de los precios petroleros de los que ha dependido el fisco como natural consecuencia de una economía profundamente petrolizada.

En el pecado neoliberal, el gobierno resiente la penitencia, pero transfiere sus costos a la sociedad toda mediante la lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Cae la falacia del “crecimiento hacia el exterior”

Cayó hecho astillas el ilusorio mito de que “crecer hacia el exterior” traería en automático el crecimiento económico doméstico. Las bases en que se fundó esa falacia se derrumbaron cuando el mercado interno se quedó sin asideros: Sin ingreso no hay consumo, a no ser el financiado intensiva y exhaustivamente por los plásticos.

En estricto rigor, el frágil soporte de la economía mexicana radica ahora en los excedentes del tráfico de drogas, de armas y personas; en la recepción de remesas que millones de mexicanos transterrados envían a sus familias desde el extranjero y en un primitivo mercado turístico.

Todavía, hasta el segundo semestre de 2015, el Banco de México informaba gozoso de cada nuevo máximo histórico en la acumulación de la reserva de divisas, que rosaban ya los 200 mil millones de dólares.

Voces un tanto ingenuas, pero de buena fe, llegaron a proponer que esos recursos se aplicaran excepcionalmente a solventar la economía productiva al través de la inversión estatal.

Esas voces fueron desoídas…

En cambio, miles de millones de dólares de la reserva fueron liberados al mercado especulativo, mientras el gobierno se obstinó irreflexivamente en seguir echando mano a la deuda que a 2016 suma unos ocho billones de pesos, estrategia que ya preocupa a las agencias financieras internacionales que consideran insostenible rebasar el 35/ 37 por ciento de endeudamiento contra un Producto Interno Bruto que permanece estancado o en retroceso.

Petróleo es el nombre de la crisis

Petróleo, es el nombre de la crisis y sus atroces consecuencias dan oscuro marco al 18 de marzo, en cuyo centro de gravedad opera la contrarreforma petrolera diseñada sobre las prematuramente escleróticas rodillas del fáctico Pacto por México.

Entre los obtusos alegatos para convencer a los mexicanos de la presunta bondad de la contrarreforma petrolera, se dijo que ésta era congruente con la voluntad del Gran Expropiador Lázaro Cárdenas, que en su decreto expropiatorio de 1938 reservaría un margen de participación del capital privado.

Es el caso que ese capital privado, de preferencia extranjero, no se ha tragado las ruedas de molino y se mantiene remiso a asistir al salvataje de la economía mexicana.

Si se nos permite una acotación, la haremos para retomar algunos juicios demoledores que en su oportunidad sustentó el después fundador del Partido Acción Nacional, don Manuel Gómez Morín, cuando analizó el internacionalismo de pastiche, le llamó, de la dictadura porfirista, que equiparó a la del reyezuelo negro.

“El internacionalismo porfiriano”, escribió Gómez Morín, “fue la sistemática propuesta de México en el mercado para quien quisiera tomarlo. Y todavía dábamos algo en efectivo sobre regalar nuestras riquezas y gravar nuestro porvenir”.

Nación traicionada: Miseria y corrupción.

Describió entonces Gómez Morín a México como “una nación traicionada. Traicionada en su economía, que de día en día va perteneciéndonos menos (…) Traicionada en los afanes de su pueblo, que ha sido cínicamente engañado con un malabarismo de palabras; que después de pelear y sufrir, ve escamoteadas las promesas de mejoramiento y de libertad, y se encuentra con una miseria cada día creciente, con una tiranía cada vez mayor y con una corrupción que no tiene límites”.

Hasta ahí Gómez Morín.

Volvamos a nuestras líneas para aventurar una precisión sobre el acto patriótico de Lázaro Cárdenas en 1938. El decreto expropiatorio fue sobre los bienes físicos, las instalaciones de las compañías extranjeras que usufructuaban los hidrocarburos mexicanos.
No podía ser el acto de expropiación sobre el petróleo, porque en 1938 el artículo 27 de la Constitución estipulaba que la propiedad de tierras y aguas… correspondía originariamente a la Nación y que:

“Corresponde a la Nación el dominio directo… de todos los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos (cuya naturaleza sea distinta a otros componentes de los terrenos): Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales y orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”.

Más claro, ni el agua. De ahí que, subyacente el mandato constitucional, para la explotación de esos recursos se haya creado la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), a cuyo cargo corrió en agosto de 1961, durante el sexenio del mexiquense Adolfo López Mateos, el último pago de la deuda contraída por la expropiación de los bienes físicos de las petroleras extranjeras.

La reafirmación por Adolfo Ruiz Cortines

En 1958, días antes de entregar el mandato a López Mateos, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, había enviado al Congreso de la Unión el proyecto de la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que propuso el control absoluto del Estado sobre la industria petrolera.

En la promulgación de dicha Ley seis días después, se asigna a la Nación “toda la explotación de hidrocarburos”.
En esa línea, en enero de 1960, López Mateos promulga las reformas a los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la fracción primera del artículo 27 reafirmando el dominio del suelo y subsuelo nacional.

Entre otros, esos antecedentes fueron invocados por legisladores estadunidenses cuando hacia 1993, en las negociaciones secretas del Tratado de Libre Comercio promovido por Carlos Salinas de Gortari, asumieron con reservas la incorporación de los hidrocarburos en ese acuerdo, pero sus pares replicaron que, en eso de respetar la Constitución, los presidentes mexicanos eran duchos en sacarle la vuelta.

Cuando el petróleo salvó la presidencia de Zedillo

El petróleo fue tan determinante en la crisis del maquinado Error de diciembre de 1994, que Ernesto Zedillo Ponce de León salvó su presidencia suplente embargando ante el Tesoro de los Estados Unidos, coordinador del salvataje, la factura petrolera como garantía de pago del colosal rescate financiero.

En el 78 aniversario de la Expropiación Petrolera, ya no habrá más esa tabla de salvación. Por donde quiera que se le vea, como resultados de la contrarreforma, el petróleo ya no es de México, y para explotarlo, a las compañías que se les concesione les bastará con ocupar los territorios de ejidos y comunidades y aun de pequeñas propiedades, donde detecten potenciales yacimientos.

Una desvencijada Pemex, siguiendo la vía de desnacionalización del sector energético, es empujada ya a ceder a asociaciones leoninas con empresas privadas que se animen a entrarle al saqueo.

En la agreste ruta, miles de trabajadores petroleros están siendo lanzados a la calle, mientras que la deuda acumulada por el régimen pensionario se carga sobre las espaldas de los contribuyentes cautivos. Deuda pública, pues, hasta reventar la escasa capacidad de respuesta del erario gubernamental.

El sueño de la Independencia económica de México lo representará en lo sucesivo la pesadilla de un paisaje donde las cavernas y socavones sólo servirán, cuando mucho, para un tour de visitantes extranjeros que escucharán a sus guías: ¡Aquí yacen los restos de una Patria que quiso ser soberana! He ahí la obra de los neoliberales a los que no le funciona ya ni la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es cuanto.

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