La institucionalidad en México, a nivel cero
No se precisan profundos conocimientos científicos en la materia, para diagnosticar cuando un Estado puede estar ya en la codificación de fallido. Basta con ordenar ciertas observaciones empíricas para aproximarse al dictamen y llegar a la misma conclusión.
En los territorios de la Política Exterior, las incesantes provocaciones del nuevo gobierno de los Estados Unidos exhiben el abandono de la profesionalización de los cuadros diplomáticos, sustituidos por burócratas que no tienen el menor rubor en confesar que llegan a esas funciones en plan de aprendizaje. Las reactivas respuestas a bote pronto a cada nueva amenaza externa, no sirven siquiera a su propósito efectista.
En ese punto, está en crisis la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A más de un año de haberse presentado los primeros avisos de renegociación o revocación, no se ha planteado ningún diseño estratégico y las secretarías relacionadas con esa asignatura actúan como manada acéfala, reaccionando de manera dispersa y en algunos casos disparatada.
La judicialización de la política
En el área económica, a excepción del bloque bancario extranjerizado que sortea con relativo éxito los riesgos de pérdidas, el resto de las actividades, especialmente la agropecuaria y la manufacturera, ha entrado vertiginosamente en expectativas negativas, y en sectores como el de la construcción grandes firmas están sometidas ya a juicios mercantiles por insolvencia.
En el frente social, la clase trabajadora del campo y de la ciudad se hunde en las arenas movedizas de la precarización del mercado para la producción rural y de la mano de obra.
En el orden institucional, se asoma uno a las instancias jurisdiccionales y encuentra que, como nunca, la conflictividad entre los poderes públicos -los de la Unión y los correspondientes a las entidades federativas- están enfrascados en litigios de diversa naturaleza, incluyendo los que corresponden al régimen electoral.
Ese fenómeno se tipifica como judicialización de la política y básicamente tiene su origen en las insuficiencias, deficiencias, contradicciones y lagunas en el proceso legislativo, sin que los responsables de la conducción del Congreso de la Unión hagan el mínimo esfuerzo por proyectar e implantar una verdadera cultura parlamentaria.
El campo electoral, el más enfangado
El campo electoral -a unos cuantos meses de que se pongan formalmente a caballo las elecciones generales de 2018, con sucesión presidencial-, es de los más enfangados.
Bajo la perversa lógica de que vale más pedir perdón que pedir permiso, los agentes de la partidocracia empiezan por violentar los regímenes internos de sus propias formaciones políticas; inercia que los conduce a atropellar las más elementales normas en las elecciones constitucionales.
Los órganos de competencia electoral -institutos y tribunales de orden federal o estatal- funcionan a sabor del partido en el gobierno, y en las entidades federativas han prohijado la instauración del caciquismo de cuello blanco que ejercen los gobernadores.
En algunas investigaciones académicas se da por cierto que la falta de credibilidad en las instituciones electorales y el nivel de desconfianza en la democracia, están por arriba del rango del 70 por ciento.
En cuanto a las funciones de seguridad pública -las más sensibles al humor social-, no obstante, la tácita federalización de esa política y los crecientes apoyos militares a los estados, los gobernadores empiezan a declarar francamente su impotencia para enfrentar los retos del crimen organizado y aun los de la delincuencia común.
Se solapan y perpetúan gobiernos incompetentes
 Cabalgan a tropel paralelo, en cada pueblo, en cada ciudad, en la misma sede de los poderes federales, las cotidianas matanzas (decapitaciones, desmembramientos e incineración de las víctimas, etcétera), y los macabros hallazgos de fosas clandestinas, en cuyo recuento se llega a la conclusión de que son más las personas encontradas en esos depósitos irregulares, que las que quedan desparramadas después de cada acción de las bandas criminales.
Ese estado de cosas podía presentarse excepcionalmente en el pasado en algún estado de la República. Antes de que el control institucional se saliera de madre, el centro se encargaba de promover al través del Senado de la Republica la declaración de desaparición de poderes, así estos fueran emanados del mismo partido que el del presidente.
La medida actuaba no sólo como eficaz correctivo en la situación dada en las entidades convulsionadas; resultaba disuasiva para el resto de los mandatarios. Hoy, la tolerancia a los gobernadores emproblemados no puede explicarse ni siquiera bajo la máscara de un inexistente federalismo.
Al darse el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca como hecho consumado, brotaron como hongos los llamados a la unidad nacional para la defensa de la soberanía y la dignidad mexicanas. La convocatoria ha caído en el vacío. No es que falte patriotismo en el llano; falta racionalidad, pericia y voluntad en lo alto para sacar el buey de la barranca.
Si México no ha caído en la condición de Estado fallido, le faltan unos cuantos grados para serlo.
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