El asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas significa, simple y llanamente, la claudicación del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las Instituciones y tiene, incluso, mayor capacidad de fuego que las corporaciones civiles.
Desde mediados del siglo pasado era del conocimiento público que los traficantes de drogas eran protegidos desde altos niveles de los gobiernos federal y estatales; hoy, la sociedad percibe que los papeles tienden a invertirse, porque son los capos los que —por lo pronto— imponen a presidentes municipales y gobernadores.
Traición y corrupción
El Estado mexicano ha claudicado debido a la traición y corrupción de funcionarios públicos que no han sabido o no han querido estar a la altura de las circunstancias.
Esto explica la indefensión de los periodistas frente a los narcotraficantes, mismos que también han colocado a gente suya en redacciones de periódicos, estaciones de radio y televisoras de diversas regiones del país para amedrentar a los periodistas que han descubiertos algunos de sus crímenes.
La censura criminal pone en mayor riesgo el presente y el futuro de México. La nación no sólo peligra por el entreguismo del régimen neoliberal que se dispone —ahora— a privatizar la seguridad social, sino por la inminencia de un narco estado que aplicaría una censura previa a partir de su divisa de “plata o plomo”.
Ese eventual narco estado daría a los Estados Unidos el pretexto ideal de intervenir en México, para combatir a los “bad hombres”.
La debilidad institucional debe ser sopesada más allá de las preferencias partidistas y de los daños al Periodismo mexicano. O se actúa contra los traidores —sean funcionarios o supuestos comunicadores—, o las nuevas generaciones pagarán un alto precio en terror, adicciones, enfermedades y muerte.
Urge, por lo pronto, que los dueños de los medios de comunicación reaccionen y promuevan un efectivo acuerdo nacional para la defensa de la libertad de expresión, que parte de una paga justa a su personal y de anteponer la seguridad de sus informadores al negocio.
Urge, también, plasmar en nuestras leyes que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República, atraiga cualquier caso de agresión a periodistas y comunicadores.
Urge, de igual manera, centralizar la protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el Mecanismo federal.
No hacer todo lo anterior comprometerá gravemente el lugar de México en la historia.
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