En medio de numerosos escándalos de corrupción y luego de múltiples obstáculos, México finalmente se encarriló sobre la única vía para combatir ese flagelo que azota al país desde hace décadas, pero el denominado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como era de esperar, enfrenta para empezar intentos de sabotaje de quienes se sienten amenazados por la ley. No está de más apuntar que prevalece el pesimismo sobre los resultados que pueda arrojar.
Chicago, Illinois. - Sin una agenda de trabajo y sin objetivos claros, el recién aprobado SNA corre el riesgo de burocratizarse, de perderse en casos intrascendentes, en pleitos internos y en botín de políticos y sus partidos. De por sí es alarmante el incontable número de casos de corrupción y asuntos relacionados que ameritan urgente atención del naciente sistema y resulta que su entrada en vigor ha sido demorada con cualquier pretexto.
Todavía al cierre de esta edición una tercera parte de los Congresos estatales no habían aprobado los cambios locales para adecuarse a la ley federal y a la obligatoriedad de transparentar la información y rendir cuentas.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) define el término sabotaje, en una de sus acepciones, como la oposición u obstrucción a proyectos, decisiones e ideas.
No es exagerado entonces recurrir al concepto referido para explicar la renuencia de ciertas fuerzas a la entrada en vigor del SNA. Tanta pereza les dio a los legisladores y funcionarios aprobar el nuevo sistema que luego de muchos meses de su aprobación y de su entrada en vigor demoraban el nombramiento de funcionarios, la ubicación de oficinas, y regateaban la asignación presupuestal.
Pero que les quede muy claro a todos los que se sienten amenazados por la nueva realidad: México no puede esperar más, sin el riesgo de perecer hundido en la escandalosa corrupción, los abusos de poder y la inequidad que generan los malos manejos del dinero público y la función gubernamental. Y es una exigencia nacional que el país se convierta en el imperio de la ley.
¿Y la agenda de urgencias?
Son ampliamente conocidos los pendientes que tiene México en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero por lo pronto asombra que la sociedad no conozca la agenda de urgencias que tendrían, por definición, que precisar los integrantes del mencionado sistema. Se las puede imaginar cualquier ciudadano, pero es deseable que la sociedad conozca en voz de aquellos la lista de prioridades que abordarán los nuevos funcionarios.
Cabe mencionar que al menos en la Conformación del Comité de Participación Ciudadana, que tendrá enorme relevancia al desempeñar la función de vigilancia, como punto favorable es que fue integrado por cinco personajes de reconocida trayectoria profesional y solvencia moral.
Como es sabido, ese comité está integrado por Jacqueline Peshard, como presidenta, Mariclaire Acosta, Luis Manuel Pérez de Acha, José Octavio López Presa y Alfonso Hernández Valdez.
Este Comité tendrá funciones de vigilancia, de supervisión y de diseño, de recomendaciones hacia los encargados de aplicar la ley en el nuevo SNA.
Luis Manuel Pérez de Acha admitió que, para empezar, el SNA requería trazarse una ruta crítica: el qué, cómo, cuándo y dónde.
Conviene recordar que en la firma de decretos que dio inicio al SNA, el presidente Peña Nieto fijó expectativas y alcances muy elevados, dijo el 18 de julio de 2016:
- Es el marco legal para combatir la corrupción y la impunidad.
- Este día será recordado como el inicio de una nueva etapa para para la democracia y el estado de derecho en México. Es un antes y un después.
- El SNA es fruto de la sociedad civil organizada, es un reto de la mayor magnitud. Es un logro de México, una reforma histórica.
- Fue concebido por los ciudadanos, será presidido por los ciudadanos y para servicio de los ciudadanos.
- Con esto esperamos que el servicio público será más efectivo y habrá transparencia y rendición de cuentas.
- Es un cambio de paradigma que dota al país de instrumentos para erradicar la corrupción. El SNA será un paso hacia una nueva era en el servicio público.
- Tenemos que ser autocríticos y vernos en el espejo, empezando por el presidente de la República.
- Es “El SNA, en el que estoy comprometido y al que habré de impulsar con total determinación”.
Con marcaje personal
En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se establecen tres principios básicos, según el artículo 1 de la misma, que si se aplican podrían llevar al SNA a grandes logros: que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Precisa el mismo artículo que la ley “es de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la ciudad de México”.
En ese primer artículo de la Ley quedan muy claros los alcances y el enorme reto que tiene enfrente el SNA. Es de esperar que la tarea no les quede muy grande a los funcionarios e integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Luis Manuel Pérez de Acha estableció que el SNA será una caja de resonancia. Sus integrantes serán voceros de las inquietudes ciudadanas y darán marcaje continuo a los casos relevantes. “Yo no vine a ser más de lo mismo y los otros cuatro compañeros tampoco”.
En su relación con los poderes federales y con el Ejecutivo, considera que “lo conveniente es mantener una distancia con el presidente —como jefe de los funcionarios de gobierno—, por dignidad profesional”.
Sin demeritar los retos y logros que pudiera rendir en el corto, mediano y largo plazo, pareciera que los alcances del SNA darán limitados frutos, por la inercia tan fuerte que empuja a la sociedad mexicana.
Los retos inmediatos
Por lo pronto, aquí va una lista de puntos qué en apoyo al Comité, deberán ser atendidos por todos los involucrados si buscan total credibilidad y supervivencia transexenal.
-Uno de los primeros grandes retos del SNA es impulsar los cambios legislativos para inhibir las malas prácticas desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo el Judicial. Es sabido que los legisladores, los ministros, magistrados y los altos funcionarios aprovechan sus cargos para obtener canonjías y beneficios extraordinarios. Eso tiene que terminar.
No sobra aprovechar el punto para referir que desde 2007 se intentó acabar con esta mala práctica mediante una reforma que aprobó el Senado, pero la misma fue congelada por la Cámara de Diputados. En tal sentido fueron bloqueadas otras iniciativas que quisieron terminar con la corrupción desde el palacio legislativo. Una verdadera arquitectura de legalidad tiene que incluir a todos.
- Relacionado con el punto aludido, el Comité del SNA debe impulsar una verdadera practica de transparencia y rendición de cuentas en todas las dependencias de los tres poderes y niveles de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; asimismo, en los municipios, en los Estados y en la Federación. Y esto quiere decir que ningún funcionario de rango medio y alto debe quedar excluido de un ejercicio transparente y que rinda cuentas claras.
- Otro punto, fundamental, como ya se dijo, es que el Comité anuncie una lista de casos prioritarios, conforme al interés público, por lo que se ha dicho en cuanto a magnitud de los involucrados y el impacto en las finanzas públicas.
-Denuncia y persecución del delito. El SNA debe retomar los casos de presunción de delito y proceder conforme a la ley, con transparencia y rendición de cuentas ante una sociedad expectante y sobre todo ansiosa de que los malos funcionarios paguen… y con intereses.
- Replantear al Congreso las funciones y alcances de la Auditoria Superior de la Federación, una entidad de suma relevancia al ser la encargada de revisar el ejercicio del gasto público, pero limitada en sus alcances. Cada año nos enteramos de numerosas irregularidades en el ejercicio del gasto por parte de los funcionarios y la Auditoría emite las correspondientes recomendaciones, las más de las veces intrascendentes.
- Una impostergable reforma que debe promover el Comité sería aquella que obligue a las autoridades a recuperar los recursos sustraídos del presupuesto o desviados por malos funcionarios y a la reparación del daño al erario. Este punto es de suma relevancia bajo el enfoque de prevención, investigación y sanción de irregularidades o actos violatorios de la ley. ¿De qué le sirve al país saber que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desviara 23 mil millones de pesos y que termine sus miserables días en la cárcel, pero con su familia millonaria? ¿Cuántos de los tres mil millones de pesos o más, supuestamente robados o desviados por Andrés Granier, de Tabasco, ha recuperado la Federación? Y la misma pregunta aplicable al caso de la ex dirigente del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo. México exige rendición de cuentas.
Otros cientos o miles de casos de mega corrupción, impunes en su mayoría, y muchos más de menor cuantía, pero concebidos en el mismo seno de impunidad que prohíja ese cáncer, deben llegar a su fin. Es una exigencia para que México pueda finalmente despegar.
Se vale soñar, nadie está diciendo que eso será fácil, pero si prevalece la negatividad en la mente de todos, serán ínfimas las posibilidades de un verdadero cambio. Este es el mayor riesgo del SNA.
El Comité del SNA, el presidente Peña Nieto, y los dirigentes de los partidos tienen sobre sus cabezas los reflectores a toda luz. Más les vale que de una vez por todas se tomen su función con la mayor seriedad. Y México exige resultados hoy, hoy, hoy.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
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