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Edición 400

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Más que crítica, la situación por la que atraviesan los periodistas en México en la presente coyuntura, definida entre el pasado reciente y el año que comienza. Revisemos un tanto el tema.

Periodismo en México, la larga noche y los retos para el 2020

Salvador González Briceño

“Como en la ciencia social no existen la objetividad, tampoco hay periodismo sin compromiso con la sociedad, más que al poder”.

Los retos son de supervivencia, y podemos resumirlos en dos: 1) lucha por la vida propia, dado el acoso a la profesión por la violencia, amenazante como espada de Damocles y; 2) la urgencia de adoptar las nuevas tecnologías que están revolucionando aceleradamente la actividad.

El contexto económico, político y social, de corrupción e impunidad

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LA AMENAZAque genera la violencia se convierte en realidad por los crímenes perpetrados contra periodistas en los últimos años, está y seguirá presente en 2020 lamentablemente hasta en tanto no se modifiquen las políticas y los compromisos desde los tres niveles de gobierno para atender el problema.

Además, dados los despidos, el desempleo masivo en la profesión generada por los empresarios de los medios de comunicación tradicionales, el reto de los periodistas para sobrevivir radica en la especialización de cualquiera de las opciones que se abrieron desde la innovación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Por cierto, que el buen uso las nuevas herramientas abre oportunidades que permiten, por un lado, cierta independencia en el ejercicio de la profesión y, por otro, la posibilidad de obtener ingresos propios de los lectores o consumidores del tipo de productos informativos generados.

De la libertad de expresión al derecho a la información de la sociedad

La profesión sigue poniendo los muertos

LOS CRÍMENES perpetrados contra periodistas en los últimos años, continuaron durante el último año, el 2019, en el marco del nuevo gobierno distinto a los tradicionales PRI-PAN. Ahora con el partido Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, con el cambio de régimen político que se dio en 2018 la situación de violencia de los últimos gobiernos no cede, incluso se compara con los anteriores. Fueron 15 los periodistas asesinados al cierre de diciembre 2019. La cifra crece al total que reporta la CNDH, que registra 147 desde el año 2000 (hay cifras distintas dependiendo de la institución, pues para Artículo 19, por ejemplo, son 131).

Todos los caídos en relación con su trabajo periodístico. Acumulados en lo que puede calificarse como larga noche para los periodistas de México en las últimas décadas, tan grave como Irak o Siria, países en guerra declarada.

Cierto que los crímenes tienen como trasfondo el ambiente de inseguridad generalizada que se padece en el país en las últimas décadas, pero también de una carencia de justicia, de una impunidad rasante.

En el sentido del acoso, el gremio enfrenta también un doble reto: liberarse de las amenazas de los acosadores para salir vivo, así como cuidarse de la desprotección no brindada desde el Estado, porque los procedimientos o “mecanismos” entregan resultados a medias.

La criminalidad impune, presente con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, subsiste a un año de ejercicio del gobierno de López Obrador. Y en tanto las fiscalías estatales y la propia FGR no actúen, se atraigan los casos de los periodistas asesinados al nivel federal, la violencia seguirá cobrando vidas. Sean autoridades gobernantes de los niveles municipal y estatal o policías y pistoleros a sueldo del crimen organizado.

La realidad es lamentable, en tanto no se valore el papel que tiene el periodista en la sociedad.

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¿A quién compete la protección de los periodistas?

Al Estado, por varias razones. Porque al Estado le corresponde la seguridad pública de los ciudadanos en general —y de los periodistas en particular—, y por tratarse de un mandato constitucional, tanto en materia de derechos humanos como de la libertad de expresión y el derecho a la información. Todo ello, más allá de las particularidades legislativas en cualquiera de los estados del país, es una obligación de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

Todavía más, con agregado que esta serie de preceptos forman parte también de los tratados internacionales suscritos por los distintos gobiernos de México, y que se trata de los principios obligados para cualquier país que se jacte democrático o aspire a serlo.

Por todos estos principios, constitucionales y legales, es que al Estado le compete y está obligado, primerísimamente, a la protección tanto de la profesión en materia de prevención contra cualquier amenaza a quienes ejercen el periodismo, como a garantizar que el aparato de justicia realice todas las indagatorias correspondientes y necesarias (agotando cualquier línea de investigación en cada caso), para no dejar en la impunidad ningún crimen cometido contra periodista alguno.

Sabemos que una cosa son las obligaciones de los gobiernos y otra los hechos, precisamente en eso se centra parte de la vulnerabilidad del periodista, en la fragilidad del Estado neoliberal para renovar el sistema de justicia, tan obligado para el combate a la impunidad. Eso no ocurrió antes, pero al cambio de gobierno se espera que la situación sea, precisamente, otra.

La falta de justicia y de castigo a los asesinos de periodistas, sean materiales o intelectuales, alienta a seguir delinquiendo, sean pistoleros a sueldo del crimen organizado o autoridades policiacas, municipales o estatales.

La impunidad heredada por el sistema presidencialistas pripanista, es un lastre que, acompañado de la corrupción ha generado un clima de descomposición interna lamentable, no solo para aclarar los crímenes de periodistas sino de los miles de asesinatos generados por la delincuencia organizada o los cárteles de las drogas, en todo el país desde que la violencia se apoderó de las calles en todo México, desde el 2006 a la fecha.

¿Cómo se llegó a esto? El modelo neoliberal

PARA UNA REVISIÓN mínima al estatus lamentable que como país hemos alcanzado, basta ir al contexto nacional, donde por un lado la violencia se ha apoderado del territorio nacional —desde que se desató la “guerra contra el narcotráfico”—, marco en el cual se han perpetrado los asesinatos contra periodistas.

El modelo neoliberal es el trasfondo económico, político y social. Tenemos un país producto de las políticas aplicadas por los gobiernos del PRI —durante 76 años— y del PAN —por 12 años, los dos sexenios desastrosos de Vicente Fox Quesada y el de Felipe Calderón Hinojosa—, que derivaron en descomposición todo terreno durante las últimas décadas (36 años de neoliberalismo).

Es el fruto de las políticas adoptadas en el país a exigencia, primero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), así como del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), y luego por el Consenso de Washington en el contexto de la globalización. Directrices surgidas en el exterior, pero aplicadas y convertidas en políticas públicas por los presidentes en México, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

Fue una larga noche neoliberal que se apoyó en gobiernos ilegítimos, o viceversa porque también los presidentes ilegítimos voltearon hacia afuera para obtener un reconocimiento que no les otorgó la voluntad popular en las urnas. Se trata, principalmente, de las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y la de Calderón.

Sí, la “legitimidad” fue el sello de ambos presidentes, porque su triunfo no emanó del voto ciudadano. Con Carlos Salinas se quemaron las boletas electorales para borrar las pruebas del fraude; de Calderón fue la autoridad electoral quien otorgó un aval oscuro, de carpetazo. Ambos fueron gobiernos ilegítimos.

Ambos, también, los sexenios más desastrosos para el país, con todo y los demás no se salvan, como ejecutores del modelo neoliberal, desde Miguel de la Madrid a Peña Nieto.

Fueron Salinas y Calderón los que utilizaron la fuerza para infundir miedo en la población, para apaciguar la inconformidad, pero terminaron atizando la violencia, generando descontento y repudio generalizado entre la población. Tuvieron, sí, una “legitimidad” forzada a cuenta del aval de un vecino como el estadounidense: Ronald Reagan apoyó a Salinas, y George W. Bush a Calderón, a cambio de mayor injerencismo en ambo casos.

Con la política neoliberal y el TLCAN, Salinas sentó las bases para ceder soberanía y desfondar la economía de los mexicanos —salvo las minorías económica y política, privilegiadas con la privatización de los bienes públicos—, creando el hundimiento de la población en la pobreza, entre otros lastres. Calderón, con su guerra “contra el narcotráfico”, se encargó de generalizar la violencia por todo el país, lo que criminalizó a la sociedad aparte de dar manga ancha al narcotráfico (el tema García Luna es sintomático).

Con Salinas, sin opciones para la economía de las familias tras la desestructuración del Estado, florecieron las actividades ilícitas, de la economía informal a la ilegal; con Calderón, se violentó a la sociedad por el crimen organizado, los asesinatos, las desapariciones, los desplazados, las viudas, los huérfanos, etcétera.

Durante el sexenio de Carlos Salinas se achicó al Estado y la economía se entregó a los brazos del “libre mercado”, pero se desestabilizó al sistema político con los asesinatos del candidato presidencial Colosio, el cardenal Posadas; con Felipe Calderón se formalizó la ilegalidad y asentó la corrupción desde el poder —durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al retorno del “nuevo PRI”, solo se profundizó—; el hecho es que los tres gobiernos causaron daños incuantificables a los mexicanos.

Por ello el saldo es un país en plena descomposición, o un profundo impacto social. Cabe preguntarse incluso cuánto faltó para llegar a la conformación de un narcoestado, o a la instalación del crimen organizado en el gobierno, como quedó de manifiesto en algunos estados durante el régimen pripanista.

Esas circunstancias generalizaron la violencia en el país. En la administración de Peña Nieto el número de asesinatos fue de 126 mil 330 comprobado con carpetas de investigación. Con Calderón fueron 103 mil 537 asesinatos. Y al primer año de López Obrador la cifra es ya de 30 mil asesinatos, las más alta registrada en años anteriores.

Solo como ejemplo, al primer semestre de los últimos años (homicidios y feminicidios): 2017 fueron 13,918; a 2018 el registro de 16,585 y al 2019 se acumularon 17,065, entre enero y junio de cada año. Por lo que la violencia sigue, pese a los cambios hasta ahora de la estrategia de seguridad que comprende a la política social y la presencia de la guardia nacional.

Esto describe el marco de la violencia contra los periodistas. De la mano del negocio de las drogas, la producción, el trasiego, la demanda desde el principal mercado estadounidense, la permisibilidad de las bandas para desarrollar el negocio, la infiltración de autoridades locales y los cuerpos policiales; el tráfico y venta de armas desde el mercado estadounidense; la corrupción en el sistema de justicia en el país que abrió las puertas a la impunidad hacia la criminalidad, etcétera. Es a lo que nos referimos (supra) en la práctica a la fragilidad del Estado, donde el marco es el modelo neoliberal.

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El 40 por ciento del PIB en manos del narco

AL BREVE CONTEXTO hay que agregar que es el espacio en donde el país padece de todo: crisis económica permanente con tasas de crecimiento cero (el 2 por ciento del PIB promedio es anulado por la mano de obra incorporada al mercado laboral cada año), desarticulación de la producción y los servicios, todos los beneficios para el sector financiero, interno y sobre todo del extranjero (véase verbigracia, la banca extranjera, acaparando el sistema bancario mexicano).

Además, la creciente inestabilidad del sistema político, al punto de la ingobernabilidad; un sistema judicial con alto grado de la desconfianza social; un poder legislativo carente de representatividad, y el sistema electoral con credibilidad en juego, en los procesos estatales y nacionales.

Caldo de cultivo para el florecimiento de actividades ilegales e ilícitas de todo tipo; hoy se calcula que un 40 por ciento del PIB nacional —si no es que más— corresponde a recursos procedentes del narcotráfico. La generalización de la violencia por el negocio de las drogas, donde los cárteles y el poder han ampliado el terreno de acción a todo el país.

Es claro que, si el negocio de las drogas creció exponencialmente tanto internamente como hacia afuera, hacia el principal país consumidor de drogas, es por la corrupción y la colusión de los poderes establecidos, por complicidad o amenazas. Por lo mismo se desbordan otros delitos: el secuestro, la trata de blancas, el robo de niños, el tráfico de órganos, la trata de personas, el cobro de piso, etcétera.

En tanto la corrupción y la impunidad se desbordan al interior del sistema, dos brazos del mismo Frankenstein neoliberal creado desde el poder.

En este ambiente de violencia generalizada se creó el clima propicio para el acoso de los periodistas cuyo único pecado ha consistido en revelar acciones de las autoridades locales, y el que mucha de la información tenga nexos ilícitos, actos de corrupción o implicaciones con el crimen organizado. Eso no es invento del periodista.

Sobre los medios de comunicación

LOS MEDIOS de comunicación tradicionales en México no albergan la tradición de ser críticos al poder. Han vivido del presupuesto, los dueños de dichos medios se han enriquecido con la publicidad del Estado concentrada en unos cuantos, desde los tiempos del porfiriato. El dicho aquél de José López Portillo, “no pago para que me peguen” rigió por décadas la relación de los medios con el poder, al grado de la sumisión; como ser “soldados” del presidente, según lo declaró en 1982 Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa.

Dependencia y entreguismo de los medios al poder devino a la postre en descrédito para la prensa en general. Ello incluyó a los generadores de la llamada opinión pública, y a un buen número de “intelectuales”, los “orgánicos” del sistema.

La pérdida de confianza se ganó a pulso. El “cuarto poder” se desfondó también. Es el origen de la consigna “prensa vendida”. Se salvan solo quienes nunca se sujetaron a prácticas corruptas, ejerciendo a contracorriente un periodismo crítico apegado a las causas sociales, como la llamada prensa alternativa o prensa crítica.

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Fue el servilismo al poder de la prensa (televisión, radio e impresa) en México, que se pervirtieron tanto los derechos de los ciudadanos a ser informados (el derecho a la información a la sociedad), como a la libertad de expresión de los periodistas.

Tan solo en las últimas décadas, desde aquellos estados del país en donde se gestaron y anidaron el contubernio entre el crimen organizado y las autoridades locales, así como los actos de corrupción denunciados por los periodistas desde donde comenzaron los asesinatos.

La crisis en los medios

¿QUÉ OCURRE con los empresarios de los medios? Sobre todo los grandes empresarios son los beneficiarios con las prebendas del Estado durante las últimas décadas —la misma política desde el porfiriato hasta Peña Nieto—. Es decir, solo hasta el presente gobierno están cambiando los criterios para el ejercicio de la pauta publicitaria, donde los montos han cambiado.

El gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, gastó durante su gestión (2012-2018) unos 60,000 millones de pesos, y solo en 2018 por ser año electoral 8,988 millones de pesos. En 2019 el gobierno de Obrador gastaría —anunció primero— 4,200 millones, pero luego Comunicación Social dijo que la cantidad se ajustaría a 5,800 millones de pesos; lo que equivale al 35 por ciento del último año de Peña.

Sigue siendo mucho, pero mejor empleado (se verá en la cuenta pública 2019) si es que se respeta la regla, de “prohibir que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor a 25% de la pauta publicitaria”. Porque antes los grandes beneficiarios, las televisoras amasaban casi 50 por ciento del total. Eso ya es un avance contra la centralización de los recursos.

Sin olvidar que el de Peña fue un sexenio “mediático”, el hecho es que los medios de comunicación eran leales al sistema a cambio de recursos. El principio de “no pago para que me peguen”, rigió dicha relación por décadas. De ahí la prensa de “boletines” o “lo que usted diga Sr. presidente”; eso sí, al costo de no ejercer un periodismo independiente.

Por esto se les termina en cierto modo el negocio de los empresarios de los medios tradicionales, pero a cuenta de ello su primera reacción ha sido despedir a los trabajadores, a los periodistas en general.

Es decir, que el impacto por el recorte en publicidad del actual gobierno no es tanto para los dueños como para periodistas y reporteros. Las cifras no están claras de los despidos a la fecha, pero se habla de cientos o miles —hay cifras desde 5 mil a 10 mil (sic)—. Sin olvidar los medios públicos IMER, Canal 11, 14 y Notimex, donde los despidos llaman al escándalo.

A contracorriente, no existe algún llamado desde el Estado a los empresarios de los medios para evitar los despidos, por lo que también en materia de empleo los afectados son los profesionales de los medios, los que hacen la labor de informar y, como sea, han sostenido a las empresas hoy en declive.

Se suma a lo anterior el desprestigio de los medios tradicionales, por el entreguismo al poder. Eso mismo ha deteriorado la presencia desgastada ante la sociedad, a la vez que plantea el reto para dichos medios, que es la adaptación a las nuevas formas de hacer periodismo, pues hoy se trata de esa suerte más bien dicho de ciberperiodismo.

En este nuevo escenario es en donde se abren las oportunidades para aquellos periodistas realmente preocupados por encontrar un empleo, en apostarle a los lectores de noticias o consumidores de información profesionalmente trabajada, en estos espacios abiertos en donde abundan junto a las redes sociales —y las fake news— y los youtubers, que están jugando ciertamente su papel, pero no siempre con el rigor de los profesionales ni con la responsabilidad que la sociedad requiere.

El tema de la libertad de expresión

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LA VIOLENCIA que quita la vida a un periodista es un atentado contra la libertad de expresión. Y es, precisamente al Estado —como lo hemos dicho ya— a quien corresponde su libre ejercicio y defensa.

“No se mata la verdad asesinando periodistas”, es la consigna de rabia e impotencia del gremio cuando protesta por tantos crímenes, a la falta de respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; así como de los tres poderes de la unión: legislativo, ejecutivo y judicial.

A lo más, tibias acciones ahogadas en un mar de impunidad, como sello de los últimos gobiernos al menos del año 2000 a la fecha. La autoridad parece dejar de lado que se trata —ni más ni menos que— del ejercicio de la libertad de expresión de unos y del derecho a la información de todos; ambos principios fundamentales e irrefutables para cualquier sociedad con aspiraciones democráticas, además emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso hay un gremio que está dispuesto y entregado siempre a defender dichos preceptos, pues son derechos ciudadanos irrenunciables, que aparte empatan con la voluntad, la dignidad y la libertad de los pueblos.

Algunos retos para el periodismo

HAY POCAS profesiones en nuestro país como el periodismo que son permanentemente supervisadas desde el poder, en su ejercicio cotidiano, por su tarea de informar a la sociedad.

Y resulta vapuleada cuando la crítica le resulta incómoda al poder, ya sea por las deficiencias, los abusos o las corruptelas exhibidas. Entonces las autoridades arremeten contra los periodistas. Con ese pretexto se ha gestado en el pasado el espionaje y la intimidación.

Mas en el entendido que el país está cambiando, lo menos que se espera del nuevo gobierno es el cese de los asesinatos. Que la situación de violencia cambie por otro de respeto a todos los derechos de los periodistas mencionados ya. La situación no puede seguir como en el pasado reciente.

No vale la sobreposición de las inercias del pasado como justificación para declarar que nada se puede hacer contra la impunidad presente.

Nada puede ni debe justificar que las fiscalías en los estados siguen entrampadas sin resolver los asesinatos de los periodistas. Hacen falta más acciones en materia de seguridad pública.

Cierto que no es fácil erradicar los vicios del pasado; que lo antiguo se resiste a morir, de cara a un presente que igualmente no termina por volverse realidad; que Incluso en épocas revolucionarias los cambios son lentos por las modalidades del pasado, y lo nuevo requiere más tiempo de lo previsto para sentar sus reales.

Es verdad que todo cambio en la sociedad genera resistencias, por una simple y sencilla razón: no todos los hombres entienden ni se acoplan a lo nuevo por igual.

Mucho menos cuando está de por medio el interés privado, porque los “afectados” emplean todo cuanto tienen a su alcance, y el poder económico reacciona para imponer su voluntad y privilegios, sin importar el bienestar general. Pero estamos en una nueva realidad, y tenemos que hacer todo para cambiarla, incluso la situación de los periodistas, y en la medida de lo posible, del gremio en general.

Por la defensa de los derechos de los periodistas, como fundamento del derecho a la información en cualquier Estado que se jacte democrático.



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