Jueves, 30 de Junio de 2011 13:14 | 
Author: EDITORIAL | 
| Edición 261 |
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3 de julio: La
hora de la verdad
Si en cualquier campaña por un puesto de elección popular, los candidatos ofrecen seguridad y paz públicas, observancia del sistema de justicia penal, escrupuloso respeto de los Derechos Humanos o la revisión de un inicuo modelo económico que abra a la población oportunidades de una vida digna, estaremos ante la oferta de restauración del orden constitucional.
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Si, en cambio, los candidatos ofrecen a los electores premios en metálico o en especie -despensas o materiales de construcción, compensaciones en efectivo por aceptar la representación personal o partidista en las casillas, futuro empleo en la nómina gubernamental a los mejor portados, etcétera-, entonces estamos ante una descarada compra de votos.
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Si la autoridad electoral -consejeros y magistrados- cumple con los imperativos de independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad para garantizar elecciones libres y auténticas, veremos su noble apego al mandato constitucional. Si, por el contrario, la autoridad electoral permite que se violenten y transgredan aquellos principios o los transgrede ella misma, entonces coloca el interés público ante un espectáculo de odiosa y simulación democrática.
El cuerpo de valores cÃvicos es lo que está en juego -como lo debe estar en todo proceso de elecciones constitucionales- en los próximos comicios del 3 de julio en diversos estados de la República. Obviamente, como en el estado de México se ensaya la sucesión presidencial de 2012, será en esa entidad donde con mayor expectación se observará la calidad de las conductas de partidos, candidatos y de organismos de competencia electoral, en la pugna por la gobernación estatal. La campaña presidencial del año que viene será, por la fuerza de los hechos, espejo de las campañas en Edomex.
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Por lo que se ha visto en los últimos meses particularmente en el estado de México, las campañas electorales dejan mucho que desear en materia de civilidad, lo mismo si se trata de los procesos de selección interna candidatos por los partidos, que de la intromisión extraestado de los intereses que ya están en conflicto por la presidencia de México. En el calendario autorizado para las tareas proselitistas, las prácticas de reclutamiento han dejado de lado los condicionamientos del que se blasona como régimen electoral moderno, para retomar viciados usos y costumbres del paleolÃtico partidista.
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No viene al caso enumerar en detalle los casos denunciados de violación al régimen legal. Baste decir que algunas presuntas infracciones han llegado ya al Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que las sentencias sobre todo de esta última institución hayan contribuido a mejorar las expectativas de respeto a la norma. Es preciso insistir en que algunos contendientes se atienen más al poder de los medios de comunicación, comprado a un alto costo, para legitimar triunfos puestos en entredicho, que al temor a la autoridad constituida.
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Ya se verán las secuencias y consecuencias del 3 de julio en las instancias de impugnación y de desenlace final del proceso, pero desde ahora es previsible la falta de credibilidad a la que se someterán los resultados de esos comicios. En la medida en que las que quedarán en tela de juicio serán las autoridades electorales, es de temerse -con absoluta objetividad- que la impunidad aliente a los protagonistas de 2012.
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El fantasma de 2006 sigue vivito y coleando. Lo que es impredecible es el potencial de resistencia contra la comisión de nuevos fraudes electorales. Por lo que se observa ahora en las calles y las plazas públicas, la paciencia popular está llegando a su lÃmite. ¿Estamos ante la llegada de la hora nona?
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