EL CÁRTEL DE LOS PINOS

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Perro que da en comer huevos, aunque le quemen el hocico

A raíz del gustoso encuentro que, a principios de 2009, sostuvieron en las frescas montañas de Suiza el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el presidente designado Felipe Calderón, aquí trascendió que ambos andaban acalambrados por las especulaciones circulantes en Nuevo León, en el sentido de que el cínico y audaz Carlos Salinas de Gortari merodeaba en aquella entidad en exploración para ver si podía lanzarse como candidato a la gobernación neoleonesa, no obstante no ser nativo del estado, aunque durante su mandato la giraba de hijo putativo de Agualeguas. En los regios se cumplió la conseja de que, el que con leche se quema, hasta el jocoque le asusta.

Ahora, el asunto se pone más espeluznante: Como el innombrable vino a México a votar el 5 de julio, aprovechó la visita para emprender un periplo por la hermosa provincia mexicana, no precisamente como inocente turista. Los que conocen su instinto sospechan que, con el disfraz de facilitador social, Salinas de Gortari sondea a algunos gobernadores del PRI para saber si está en su ánimo  convencer a los representantes de los estados en el Congreso la Unión de que, ya que en la intentona de una nueva reforma electoral que constitucionalice la reelección de diputados y alcaldes, ya entrados en gastos le entren de plano a la reelección presidencial. Dejamos el tema de ese tamaño, pues los contenidos de esta entrega van en otra dirección.

El motín por el botín

Dado que está científicamente comprobado que los del Partido Acción Nacional (PAN) disputan el poder político, no para gobernar -pues no saben hacerlo-, su fin ha sido alzarse con el botín. Para los panistas, la máxima operativa es que el fin justifica los medios. El dato central es este: De 2000 a 2008, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón han dispuesto de la nada despreciable suma de casi 15 billones de pesos en recursos públicos federales. De ese descomunal volumen y valor líquidos, se han apropiado de 12 billones de pesos (más de 80 por ciento del gran total) para lo que técnicamente se codifica como gasto corriente, del que se derraman salarios y prestaciones en numerario, no precisamente históricas.

Si se nos permite la licencia, empecemos por el principio: En el periodo citado, el Producto Interno Bruto (PIB) anual de México ha fluctuado entre los 600 mil y casi los 900 mil millones de dólares (menor que el PIB anual sólo del condado de Los Ángeles, California). El ingreso per capita (lo que, idealmente, le correspondería a cada mexicano),  para efectos de estas notas, podría establecerse, en el mismo lapso, en una media de cinco mil 530 dólares. El reparto por cabeza de los socios comerciales (Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN) es de 34 mil 280 dólares en los Estados Unidos y de 21 mil 930 dólares en Canadá. Con independencia del PIB y de la densidad poblacional en cada uno de los tres países, ese sólo indicador revela las asimetrías socioeconómicas y cómo andamos en materia de justicia distributiva en México. Si vale la precisión, esa es la tendencia histórica observada en la primera década del siglo XXI, obviamente interrumpida por el cataclismo económico mundial desencadenado desde los Estados Unidos, y en el que a México, como al perro más flaco, se le cargan las pulgas.

Si esas estadísticas dan cuenta de que el principio de justicia distributiva en México es una quimera, peor anda nuestro gobierno fallido en el campo de la justicia fiscal. En los Estados Unidos existe un padrón de 130 millones de contribuyentes activos; en Canadá, con una población notablemente inferior a la de nuestro país, causan impuestos 3.9 millones de ciudadanos, y en México, con una población de 107 millones de habitantes, el registro de causantes activos -la gran mayoría cautivos-, es de unos siete millones. Una mínima proporción de plutócratas es favorecida no sólo con la licencia para evadir, sino con regímenes especiales y la devolución de lo que hicieron como que pagaron. La criminal resultante es que, en México, un contribuyente paga por 12.1 que no lo hace. En  los Estados Unidos es de uno por cada 1.2 y en Canadá uno por cada 3.9. Aún así, los de la casta privilegiada andan buscando paraísos fiscales en el extranjero.

De esa distorsión recaudatoria deriva que la hacienda pública mexicana tiene una captación de sólo 18.5 por ciento como proporción del PIB, en tanto que la de los Estados Unidos es de 29.6 por ciento y la de Canadá de 35.8 por ciento. Si se hace la comparación, por ejemplo, con  Chile, allá se recauda 19.3, y en España 35.2 por ciento.  En este aspecto, vale recordar que México es socio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Pues bien, los países asociados a esa organización recaudan un promedio de 33.8 por ciento del PIB. Es decir, México está a 14.3 puntos porcentuales por debajo de esa media.

Visto desde otras categorías: Canadá recauda por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 17.5 por ciento; los Estados Unidos, 15.1 por ciento y México sólo 4.7 por ciento. Por imposición al consumo, en el mismo orden: Canadá  2.2 por ciento; los Estados Unidos 5..2 y México 3.5.

El pastel y sus comensales

Del ingreso fiscal, el gobierno federal engulle 96.6 por ciento de la captación global. Para ilustrar el dato con números absolutos, el Presupuesto de Ingresos del gobierno calderonista para 2009 aprobado por la Cámara de Diputados, fue de dos billones 320 mil millones de pesos, el más alto en la historia nacional. Pero del gran total, la participación de los estados federados es de sólo 2.4 por ciento y la de los municipios apenas de uno por ciento.

Veamos la monstruosidad desde otro ángulo: De su hipotético producto per capita (cinco mil 530 dólares) cada mexicano aporta 420 dólares (7.6 por ciento) para engordar a su burocracia; mientras que cada estadunidense (34 mil 280 dólares per capita) entrega 127 (0.4 por ciento) y cada canadiense (21 mil 930 dólares), 443 (dos por ciento). Desde otro enfoque, los mexicanos contribuyentes gastan por funcionario público mil 616 dólares (29.3 por ciento); los estadunidenses, dos mil 212 (6.5 por ciento) y los canadienses, tres mil 428 (15.6 por ciento). Peor aún: Para pagar deuda pública, cada contribuyente mexicano tiene una carga de dos mil 244 dólares; cada estadunidense mil 354 y cada canadiense cuatro mil 760. El despojo se clarifica si lo ponemos en números relativos en relación con el ingreso per capita: Por contribuyente mexicano, 40.5 por ciento, por estadunidense 3.9 y por canadiense 21.7 por ciento.

Porqué estamos como estamos

En otra línea del análisis, el de la política social, tenemos que Canadá gasta en Educación 6.6 por ciento de su PIB; los Estados Unidos, 4.7 y México sólo 3.5. En el renglón de Seguridad Social, los Estados Unidos captan 6.9 por ciento y gastan 4.7; Canadá, 5.1 por ciento y gasta 3.8 y México ingresa sólo tres por ciento y gasta 2.3 por ciento.

Antes de continuar, urge una acotación, no tan accesoria: Si, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Congreso pasa por cerrados filtros cada dólar de presupuesto autorizado a la Casa Blanca y somete el gasto a una escrupulosa compulsa, en México la administración federal se pasa por el arco del triunfo lo que, en materia de gasto, aprueba la Cámara de Diputados, para el caso con facultad exclusiva en esa materia respecto del Senado. Si, para el caso, el gasto corriente -de donde llueve el exquisito maná para la burocracia- se toma título de fe, en cuanto al gasto productivo, de por sí tacaño, éste es sujeto a reglas de operación intransitables; subejercicios y transferencias discrecionales, con la agravante de que, casi invariablemente, esos traslados presupuestales van a parar a oscuros fideicomisos, cuya fiscalización, hasta hace poco, ha sido frenada por el secreto fiduciario que fertiliza la corrupción.

Alí Fox y sus 40 ladrones

Ese perverso y persistente fenómeno está documentado en la revisión de cada una de las Cuentas Públicas de Vicente Fox y en las primeras de Felipe Calderón. De nada vale la existencia de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de Los Pinos, a la que se remiten, por excepción, los reportes de la insana conducta de los servidores del Estado. Menos, si las denuncias son llevadas a la Procuraduría General de la República. El Manto de Noé alcanza para cubrir y encubrir a todo transgresor. La regla inmutable es la exoneración.

Pruebas al canto: Durante el sexenio de Fox, se fueron al hoyo negro más casi 600 mil millones de dólares de ingresos petroleros, sólo para nombrar el caso de dilapidación más escandaloso e impune. En la revisión de la primera Cuenta Pública de Calderón, correspondiente a 2007, realizada por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, se detectaron opacas transferencias de recursos por un monto de más de 300 mil millones de pesos, generalmente hacia fideicomisos que operan en el circuito cerrado de sus administradores y, obviamente, de los auditores, si son externos, mejor. Se verificaron, asimismo, irregularidades en el manejo de más de 60 mil millones de pesos.

Para el macabro 2009, a Calderón la Cámara de Diputados le autorizó un gasto de dos billones 320 mil millones de pesos. De la suma, se reservaron a gasto corriente un billón 728 mil millones de pesos. La relación de este despilfarro respecto del gasto productivo es de 74.49 por ciento, contra 25.51 por ciento. ¡Qué tal!

El de “las manos limpias”

De dudosa extracción electoral legal, el presidente designado simuló de entrada -en diciembre de 2006- un rapto espectacular dirigido a las pantallas televisivas, anunciando un decreto de superausteridad que, a la larga, ha resultado un parto de los montes. Simulación, repetimos, con la que se pretendía como contraprestación popular un gramo de legitimidad.

Ya para 2008, Calderón había incrementado el gasto de operación del aparato burocrático en 14 por ciento respecto de 2007. Si la inversión productiva, según lo delatan hasta las cúpulas empresariales, se da a cuenta gotas, si se da, el ejercicio del gasto corriente se ejerce a tambor batiente. A estas alturas conviene subrayar que este concepto abarca adquisiciones, (“servicios personales”:) pago de salarios, retabulaciones, compensaciones y bonos, y un infinito etcétera de coartadas administrativas, entre las que aparecen, obviamente, la creación de nuevas plazas y despilfarro en publicidad. Ay, las ansias de competir con Brad Pitt.

De esa colosal inmoralidad pública hablan, sin agotar el inventario, dos casos representativos: Del sector central de la administración federal, la Secretaría de Educación Pública, sometida al látigo del cacicazgo sindical de Elba Esther Gordillo Morales, recibe más de 200 mil millones de pesos. El 97.2 por ciento lo absorbe el pago de salarios, mientras que más al menos 30 mil escuelas básicas carecen de los servicios elementales. En el sector paraestatal, en Petróleos Mexicanos, ordeñada insaciablemente por la burocracia, una legión de 30 mil empleados de confianza gana más que todo el personal de base sindicalizado. Sólo en los últimos cinco años de jauja petrolero, se crearon cinco mil nuevas plazas; tres mil de confianza. Como contraparte, los entendidos aseguran que, en el primer semestre de 2009, doña Cristina Kessel no ha ejercido un solo peso en gasto de capital.

Eso de hacer la caridad con dinero ajeno parece el santo y seña de los gobiernos panistas: Entre Fox y Calderón, sólo en cinco años, han firmado a pasto nombramientos para los cuates. Precisamente en la Secretaría de Energía de la señora Kessel, la nómina de nuevos ricos se elevó 96 por ciento en rangos de director general, 55 por ciento en el de director de área y 37 por ciento en el de subdirectores. ¿Para eso se quiere la “reforma energética”?. En  la de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación 68 por ciento en el rango de directores generales. Ya se sabe para qué quiere Calderón el bono verde que quiere que emitan los del Club de los Ricos. El mayor descaro se da en Economía de Gerardo Ruiz Mateos: 52 nuevos directores generales, pero no hay un solo atisbo de un programa de desarrollo industrial, y los inversionistas extranjeros vuelan a otros destinos. ¿Por qué, entonces, a los probos magistrados electorales federales se les quiere negar que ganen anualmente cuatro millones de pesos? Que los parias se conformen con 18 mil pesos al año, culpa de ellos es por no haber estudiado en escuela privada.

Aún hay más, que diría el clásico, pues, acerdada, la burocracia no tiene llena: En pleno remesón del vendaval económico, que obliga a hacer arbitrarios recortes al presupuesto de 2009, el mero catarriento recortador Agustín  Cartens se asigna 730 millones de pesos adicionales, seguramente con cargo a la nueva deuda contratada o por contratar; para no ser menos, el caballo negro de los filántropos, Alberto Cárdenas Jiménez jala para su molino (Sagarpa) 334 millones de pesos adicionales, mientras que los precios de los alimentos se disparan un  135 por ciento. Y, como en arca abierta hasta el justo peca, por el mismo carril transitan el inútil secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el de Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, etcétera.

¿Qué Calderón presenta los “nuevos” criterios de política económica para 2010. Je je je. Que los diputados se aprestan para afilar el machete de la austeridad en el gasto de 2010. Ja ja ja ja ja ja. A mi acerdada oligarquía no me la tocan.

 

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El término empleomanía se acuñó en México desde que, en la segunda parte del siglo XIX, la mayoría de los mexicanos buscaba una ocupación en el gobierno. Con ese antecedente, desde que el partido de la Revolución mudó sus siglas a PRI, el PAN lo reducía a una simple “agencia de colocaciones”. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, algunos panistas embozados -como Pedro Aspe Armella- confirmaron al clásico que sostenía que “vivir fuera del presupuesto, es un error”. Entonces dejaron de denostar a los priistas como presupuestívoros. Con Ernesto Zedillo, el azul Fernando Antonio Lozano Gracia aceptó ser incorporado al gabinete priista como Procurador General de la República.

Ya con Vicente Fox, el tronco de las familias-custodia del PAN, la Gómez Morín -cuyo patriarca, el fundador del partido, don Manuel, había servido al gobierno de Plutarco Elías Calles- empezó a disfrutar la miel y la leche del erario público. En noviembre de 2008, a raíz de que Fernando Gómez-Mont Urueta fue instalado en la Secretaría de Gobernación, algunos medios metropolitanos contaron a seis miembros de esa familia como cobradores en el gobierno: Con el propio Fernando, se encontraban en la nómina gubernamental Eduardo Miguel, María de la Esperanza, María de las Mercedes, María de la Asunción y María de Guadalupe. El católico conjunto familiar entonces sumaría un ingreso mensual visible de casi 547 mil pesos, nada desdeñable cuando la mayoría de la población resentía ya la época de las vacas flacas.

 

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EL MÁS AUDAZ E IMPUNE SAQUEO CONTRA LA ECONOMÍA MEXICANA

¿Para qué le gustan al lector estos nombres: Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Francisco Ruiz Massieu, Felipe Gómez Mont, Carlos Cabal Peniche, Carlos Abascal Carranza, Fauzi Hamdan, Lorenzo Servitje Sendra, José Patricio Zolino García, Gerardo de Prevoisin, Diego Gutiérrez Cortina, Michael Mackey...? ¿Y las siguientes denominaciones -“personas morales” se les llama para efectos jurídicos: Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), grupo Financiero Anahuac, CBI Grupo Financiero, Banco del Atlántico, Banco Bital, Aeroméxico, Casa de Bolsa Monex, Gutsa, etcétera?

La historia reciente de México los asocia con el mayor saqueo a la economía pública -hoy denominado en billones de pesos-, coagulado en las podridas panzas del Fobaproa-IPAB que, aunque transitó por la ahora Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República y aún por los despachos del FBI estadunidense, en términos generales permanece impune y lo pagarán varias generaciones de mexicanos. Pero los nombres de esas personas y entes privados y gubernamentales estarán ligados indisolublemente en la biografía del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Diego El jefe Fernández de Cevallos, legislador y litigante en cuya madurez culminante aparece como figura clave en litigios económicos contra el Estado mexicano. Obviamente, ganados.

 

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DE CÓMO LA ASISTENCIA PÚBLICA DEVIENE EN NEGOCIOS PRIVADOS

Desde que en México se instituyó la licencia para robar, a nadie sorprende que hasta los fondos para la asistencia pública hayan parado en fabulosos negocios privados. Verbigracia: En casi dos siglos de existencia, nunca como en los últimos años instituciones para esos fines, como la Lotería Nacional, han caído bajo el peso de sospechas probadas por el criminal manejo de sus recursos. Si en el sexenio pasado los nombres de Marta Sahagún Jiménez de Fox y Laura Valdés fueron emblemáticos de la corrupción de aquella agencia gubernamental de sorteos públicos, a partir de que la franquicia fue endosada a Elba Esther Gordillo Morales, primero por Vicente Fox y después por Felipe Calderón, los ejercicios de aquellas damas quedaron apenas juego de párvulas. “La maestra” sí sabe cómo hacerlo. Con su último chalán en el puesto de director general de la LN, Benjamín González Roaro, la entidad refrenda las dudas razonables sobre su gestión benefactora.

Lo mismo si se trata de vendedores de billetes, que de sus clientes frustrados, la espontaneidad del azar la perciben ya como una operación teledirigida para favorecer a jugadores de ciertas plazas específicas que requieren de coberturas institucionales para el blanqueo de dinero de oscura procedencia. El  caso más representativo de ese fenómeno, es el de Nuevo León, ciudadela hasta hace dos décadas inexpugnable del Grupo Monterrey. Nostro grupo, lo denominó en célebre libro censurado Irma Salinas. Al menos desde el fallido gobierno de Sócrates Rizo, Monterrey ha sido catalogado como uno de los principales, si no el principal, paraíso para el lavado de dinero. Casualmente, cualquier registro a vuelo de pájaro de los resultados de los sorteos ordinarios y extraordinarios con grandes bolsas, comprobará que en Monterrey y su área metropolitana se localizan los usufructuarios de esos sabrosos beneficios. Hay ocasiones, se confirma en estos días ya con González Roaro en la administración de la LN, que hasta los dos premios mayores de un mismo sorteo se acreditan a plazas neoleonesas. Parece que, hasta para la Diosa Fortuna, entre iguales, hay unos más iguales que otros. ¿Y Pronósticos Deportivos, ‘apá?

 

Abraham García Ibarra -

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