Paternalismo veracruzano
IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ
(Exclusivo para Voces del Peiodista)
Veracruz ocupa el quinto lugar en abortos clandestinos en el país: Una de cada diez veracruzanas muere por abortos mal practicados, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y el año pasado ocurrieron 90 defunciones maternas, según informó la Secretaria de Salud; no obstante, los legisladores locales decidieron suprimir el derecho de elección de las mujeres sobre su cuerpo. Con 39 votos a favor, emitidos por diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), y sólo seis en contra, Veracruz se convirtió en el estado número 17 en contar con una ley que penaliza a las mujeres. La variación es que ahora las catalogan como enfermas, regresando a principios del siglo XX, cuando la histeria era un padecimiento atribuido a las féminas.
El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Leopoldo Torres García, quien presentó la iniciativa con el apoyo del gobernador Fidel Herrera, justificó las modificaciones por la idiosincrasia del pueblo, asegurando que “lo más importante en el consenso de Veracruz es la protección del derecho a la vida, tomando en consideración que el derecho a la vida del no nacido esta protegida por el código civil desde 1968 y que fue adoptado por los de toda la República Mexicana, y establecen que persona física es todo ser humano nacido vivo o viable y que es sujeto de derechos y obligaciones desde la concepción, lo único que hicimos (dice el legislador) fue elevar a rango constitucional la protección a la vida del no nacido como esta establecido ya en la ley”
 De esta forma, la legislación veracruzana contempla castigar a una mujer con una multa de hasta setenta y cinco días de salario mínimo y se verán obligadas a recibir un tratamiento médico y psicológico; y en caso de reincidencias, pasarán de uno a cuatro años en la cárcel.
El diputado también aclaró que “cuando el producto sea consecuencia de una violación, que el producto tenga un mal congénito que no le permita disfrutar de una vida plena al nacimiento y que el producto pueda poner en riesgo la vida de la madre, en esos casos la mujer se queda en actitud de decidir libremente” evitando ser penalizada.
Retroceso y simbolismo enmarcan que Veracruz se convierta en el estado 17 que modifica las leyes que penalizan el aborto, pues restringe la interrupción del embarazo en condiciones seguras, aumenta la mortalidad materna y pone en peligro las legislaciones aprobadas en el Distrito Federal.
Veracruz minimiza las penas, pero a la vez marca el camino de una probable regresión en los triunfos alcanzados en el Distrito Federal. En palabras de Elsa Conde, feminista y ex legisladora Federal del Partido Alternativa Socialdemócrata “no es una reforma la que se aprueba en el congreso de Veracruz en agravio a los derechos de las mujeres, sino que son dos, una para regir el orden local y otra para que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, cambie la constitución de los Estados Unidos Mexicanos”
En México se producen al año 102 mil abortos, la mayoría de ellos clandestinos. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), los abortos inducidos son la tercera causa de mortalidad materna en nuestro país. Este contexto nacional se adereza con los mitos que se han creado alrededor de “una capital del aborto”, donde las mujeres son solapadas y estimuladas a practicarse legrados, pero en realidad lo que se hace en el Distrito Federal es otorgar los servicios de salud indispensables y básicos para preservar la vida de las mujeres. Es cierto que existe un porcentaje de mujeres que no viven en el Distrito Federal y se practican un aborto legal, pero como dice Elsa Conde y según datos de la Secretaria de Salud del Distrito Federal “es arriba del 10 por ciento, fundamentalmente vienen del Estado de México (y esto se da) por que no se puede negar un derecho. En realidad lo que se hace es garantizar un derecho y el ejercicio de ese derecho. Es muy grave que el presidente del Congreso de Estado de Veracruz recriminé a otro estado soberano, como el Distrito Federal, que atienda a mujeres que asisten a exigir un derecho que se esta negando en otro estado. Es un argumento tramposo, porque de lo que se trata es de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y no recriminar que un estado este garantizando ese derecho”
México envuelto en una crisis económica y de violencia extrema también esta pasando por una crisis provocada por los cambios en organismos encargados de la procuración e impartición de justicia llámese Procuraduría General de la Republica, o Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se mantiene el continuismo de José Luis Soberanes y con el retrazo intelectual que se vive desde la Procuraduría General de la República con Arturo Chávez al frente y sus frases machistas que coronan sus acciones.
El paternalismo de los partidos políticos impide que los derechos de las mujeres se reivindiquen y que el velo maquiavélico de la Iglesia maneje la vida y los cuerpos de las mexicanas, como lo explica la doctora Patricia Galeana, Presidenta fundadora de Federación Mexicana de Universitarias (FEMU): “Estos pasos de avance en la Ciudad de México corren peligro porque se ha desatado una envestida desde la iglesia católica y han logrado en lo que va de este año criminalizado a la mujer hay una amenaza de retroceder”
Hasta ahora se han aprobado reformas a las legislaciones locales llamadas antiaborto en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Chihuahua y Veracruz. Sólo en el Distrito Federal se ha aprobado la legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad. El cambio en la mentalidad de los ciudadanos no es suficiente si el ala derecha de los congresos se aferra a mantenernos dormitando en la promesa de un futuro mejor, si continua permitiendo que la iglesia domine sobre sus determinaciones dejando de lado la libertad de pensamiento y el derecho a la elección.
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