México SA
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Pobreza y elecciones
Aspirinas para el cáncer
Qué alivio, mister Blake
Presumidos como la solución” para abatir rápida y efectivamente la voluminosa deuda social en el país, el gobierno federal y algunos estatales han dispuesto una serie de programas tendientes a “mejorar el nivel de bienestar” de millones de mexicanos sumidos en la pobreza (versión oficial), aunque en los hechos no son otra cosa que descaradas estrategias con fines electorales que, con recursos públicos, aplican todos los partidos políticos donde les toca reinar (desde las presidencias municipales hasta Los Pinos).
Año tras año se destinan (cuando menos así lo presumen) crecientes recursos públicos para el citado fin (amarrar votos con el pretexto de abatir la deuda social), pero los resultados son verdaderamente raquíticos, por no decir inexistentes. En los hechos, de la mano van el incremento del presupuesto y el aumento en el número de pobres. ¿Realmente son efectivos estos programas que se aplican a nivel federal, estatal y municipal? La Cepal estudió concretamente un caso (Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en México, elaborado por Gloria M. Rubio y Francisco Garfias), y las siguientes son algunas de sus conclusiones. Van, pues.
La cobertura de la seguridad social en México es insuficiente, particularmente entre los grupos más vulnerables. Solamente el 27 por ciento de los adultos mayores perciben un ingreso proveniente de una pensión o jubilación, mientras que la cobertura entre la población en el quintil más pobre es prácticamente nula. Los programas sociales de transferencias dirigidas a adultos mayores (incluyendo el componente del mismo nombre de Oportunidades, el programa 70 y más a nivel federal y la pensión alimentaria en el Distrito Federal) cubren un vacío importante en la política pública. Sin embargo, éstos representan soluciones fragmentadas, descoordinadas, incompletas e inconsistentes a un problema creciente a la luz del envejecimiento de la población y de la incapacidad del sistema de seguridad social de garantizar un ingreso a los individuos al final de su vida productiva.
A nivel nacional, algunos adultos mayores reciben transferencias públicas de distintos montos dependiendo exclusivamente de su lugar de residencia y no de su acceso a la seguridad social o condición de pobreza. La misma pareja de adultos mayores viviendo solos, y sin importar si cuentan con una pensión, podría recibir mensualmente transferencias de programas de adulto mayor equivalentes a mil pesos si vive en una localidad con menos de 30 mil habitantes, o de mil 644 pesos si es residente del Distrito Federal. Lo anterior representa 71 y 87 por ciento de las líneas de pobreza extrema rural y urbana, respectivamente. Si la pareja de adultos mayores viviera en una zona urbana diferente al DF con cobertura de Oportunidades y fueran elegibles recibiría 975 pesos (51 por ciento de la línea de pobreza extrema urbana). Aunque pareciera no haber duplicidad sistemática de beneficios de los distintos programas, uno de cada tres adultos mayores no recibe una pensión, se encuentra en los cuatro deciles más bajos de ingreso y tampoco es beneficiario de un programa de adulto mayor.
Igualmente preocupante resulta la situación de las mujeres que no reciben una pensión (probablemente por el hecho de haber trabajado en el cuidado de sus hijos y del hogar fuera de la economía formal), y que tampoco son beneficiarias de algún programa dirigido a la población adulta mayor. Una de las alternativas propuestas es una pensión básica universal definida con base en la línea de pobreza absoluta alimentaria cuyo costo máximo oscilaría entre 0.5 y 0.8 por ciento del PIB, dependiendo de la tasa de crecimiento económico. El costo fiscal se estima en alrededor de 0.2 por ciento del PIB (la mitad del presupuesto actual de Oportunidades) considerando ahorros en los compromisos de los sistemas de jubilaciones existentes.
Del análisis de cobertura e incidencia realizado se desprenden algunas conclusiones útiles que deben complementarse con evaluaciones de impacto y análisis de costos. Por ejemplo, la universalidad de las transferencias en zonas rurales si bien ha logrado una incidencia progresiva dada la distribución de los adultos mayores entre los quintiles de ingreso a nivel nacional, se requiere avanzar en su cobertura para acercarse al ciento por ciento, particularmente entre la población más pobre. Una estrategia basada en la focalización hacia los adultos mayores en pobreza en zonas urbanas parece ser al menos un buen comienzo en el camino a la universalidad de la seguridad social. Aun así, actualmente la cobertura de esta población es baja por lo que es necesario analizar las posibles causas, incluyendo la efectividad del mecanismo de selectividad para minimizar errores de exclusión de la población de adultos mayores; y la consistencia entre la disponibilidad presupuestal y la dimensión de la población objetivo. Además, la cobertura de las transferencias dirigidas a adultos mayores no debe estar sujeta a la oferta de servicios de salud o educación, como ocurre con las transferencias de Oportunidades. Es importante recordar también el objetivo para el cual el programa Oportunidades fue creado y evitar agregar componentes con objetivos distintos que generen inconsistencias internas y comprometan su efectividad.
Más allá de la discusión sobre universalidad o selectividad, es fundamental la congruencia en la política pública a nivel nacional en montos, cobertura y edad, siendo fiscalmente realistas. Aunque los programas sociales dirigidos a la población adulta mayor han contribuido a cubrir la insuficiencia de la seguridad social, más de 40 por ciento de las personas de 70 años y más no gozan de la seguridad de un ingreso proveniente de una pensión o jubilación o de un programa social, mientras que se presentan algunas duplicidades en alrededor de 10 por ciento de los casos. El estatus quo no es óptimo y aún está lejos de cumplir el objetivo de contar con seguridad social universal. La solución debe estar integrada a un sistema de seguridad social nacional y no como un conjunto ad hoc de programas sociales administrados por distintos niveles de gobierno que carecen de una visión global nacional de la situación. Es necesario analizar también la edad a la cual debería de iniciarse la cobertura de la seguridad social ya que actualmente hay una brecha entre la edad de retiro y la edad mínima considerada en los programas de adulto mayor.
Las rebanadas del pastel
Dice el inquilino de Bucareli que “el narco se ha debilitado”. Qué alivio saberlo, porque en caso contrario imaginen la chinga que le hubiera puesto al país.
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