APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
La debacle bicentenaria
El fulgor fatuo (resplandor “falto de razón o de entendimiento”, pleno de “presunción o vanidad infundada y ridícula”, según la Real Academia) terminó por sustituir al fervor patrio (“celo ardiente”, de común aplicado a “cosas de piedad o religión”, por la “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”.)
En una “pachanga tremenda” y “reventón”, como describieron los festejos algunos emocionados comentaristas de radio y televisión, derivó el recuerdo mitificado que, si reflexivo y crítico, recuperable aparece.
Toda proporción guardada y matices aparte, siglos ha (dos, en la tandariola) que se puede ilustrar sin sombra de duda los factores que configuran el escenario trágico de esta nación que ves.
Ayer como hoy, en el centro de la problemática está la corrupción generalizada, la ausencia de credibilidad en las instituciones, el justificado descrédito de los partidos, de la llamada “clase política” y la nulidad fáctica de gobiernos que medio funcionan por inercia.
Más que botones
En el México de hoy (ni hablar, de hoy, hoy) no hay duda de que la crisis es general pero es en el renglón de la seguridad pública donde se ilustra con mayor y dramática frecuencia.
En ese rubro, son dos los casos más recientes, de una cadena que parece incontable (pero que ya están pasando a segundo término por ese “raro” proceder de la mexicana prensa, que hace de lo estentóreo lo prioritario y, así, lo relevante se margina casi por sí mismo).
Ilustran una penosa realidad milagrosamente sostenida: la matanza de 72 indocumentados en las inmediaciones del ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, y, antes, la revuelta de agentes de la PFP en Ciudad Juárez.
De la matanza, aparte del hecho mismo, poco o nada más se sabe a ciencia cierta. Las autoridades mexicanas han mostrado palmaria incapacidad, lo que ninguna novedad es, y los “avances” (si acaso se requiere información) no pasan de la retórica manida.
En la de malas, quizás presenten “resultados” motivados por urgencias entendibles que luego se caen naturalmente, pues se edifican con andamiajes de suyo frágiles.
En el fondo del asunto la evidencia inconcusa del tráfico de ilegales, de su leva criminal y del negocio con la miseria humana, en el que participan agentes mexicanos de migración, policías de los estados de cruce entre Centroamérica y Estados Unidos, y hasta maquinistas ferrocarrileros que informan a los delincuentes de la carga que llevan.
Imposible que se ignore, ridículo que se niegue.
Corrupción en la PFP
Cuando policías federales en la plaza de Ciudad Juárez se rebelaron contra sus mandos, a los que acusaron de corruptos, de sembrar droga a los inconformes y negociar con los narcos, apresaron a sus jefes y los entregaron a las autoridades superiores, pero ellos mismos fueron trasladados casi como “indiciados” para ser “investigados” (¿y dónde y cómo están , por cierto?).
El incidente, cuyo seguimiento ha sido mal atendido por la “gran prensa” (como todo lo que resulta espinoso de fondo para el supremo gobierno) es de suyo importante porque refleja, en primer lugar, la imposibilidad de triunfo en la “guerra” emprendida por el gobierno calderónico.
Imposibilidad plena que no requiere más demostración que el uso del sentido común. Si eso pasa, y es de suponerse que poco se conozca hasta ahora de tales cuevas, no hay manera de que la lucha contra la delincuencia llegue a buen término.
Con esos diálogos
Por esos días, Calderón convocó a un “diálogo nacional para generar consensos y buscar alternativas”.
Diálogo fracasado, y no sólo por la denunciada corrupción que permea a prácticamente todo el aparato de “justicia”, sin sombra de duda, sino por la médula monologizante del que convoca al “diálogo”: al final se hará lo que el mandatario diga, es el mensaje que envía la experiencia nacional.
Luego del escándalo en Juárez, Marco Tulio López, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la PFP, informó que la Secretaría de Seguridad Pública federal ha recibido este año alrededor de 500 denuncias en contra de agentes o mandos policiales de la corporación por presuntos actos de corrupción.
Parecen pocas y aún así son muchas.
Ni a quien irle
Mientras eso pasa, el Ejército Mexicano admite algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, en Sinaloa, se ordena a soldados que devuelvan los muebles que sustrajeron de casas allanadas sin orden de cateo.
Cuando se hablaba de la llegada de los militares a las calles advertimos que, en el mediano plazo, la ilusión desaparecería y, con ella, incluso la credibilidad de una institución que perdería mucho más de lo que se podría ganar.
Ahí están las evidencias que ubican en dimensión correcta la terquedad del gobierno panista, a más de su limitación de miras e incapacidad rampante.
El caso Mexicana
Lo mismo de siempre en un país donde los dueños del dinero lo son, en la práctica, del país todo, con gobiernos cómplices o enclenques para enfrentar excesos y abusos del capital leonino.
Como se sabe, la Compañía Mexicana de Aviación fue vendida, en 2005, por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) en 165 millones de dólares a un grupo de empresarios.
Recibieron esos inversores “estímulos” fiscales y trato benevolente de la pública hacienda, habiendo pagado por la aviadora compañía una cantidad que los expertos en ese circo consideraron muy bajo.
Como sea, el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que encabezó Gastón Azcárraga, dejó una deuda de casi 160 millones de dólares (casi la misma cantidad en que el IPAB vendió Mexicana) y según la SCT ya se verá “si se deben fincar responsabilidades a los ex dueños de Mexicana”.
Y, con la seriedad del caso, nadie hace nada, lo que da una medida de la clase de gobierno que tenemos.
Tamborazos
-Habrá que justificar los cerca de 400 millones de pesos que costaron a los contribuyentes las pasadas elecciones en Sinaloa; casi 250 millones se gastó el flamante consejo electorero y 150 se repartieron los partidos. Pronto veremos si valió la pena el gasto.
-Que dejará fuera de su gobierno a “ratones, tarugos y flojos”, promete Mario López, gobernador electo de Sinaloa. Si cumple, muy difícil le será completar su gabinete con “aliados” y epígonos.
-Pero la rebatinga por los huesos está en curso y no tendrá final feliz.
-Fuentes extraoficiales aseguran que, desde la secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa se ha declarado, de facto, una bancarrota que está afectando seriamente a proveedores con los que se tiene adeudos y convenios de servicios (
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