*Crímenes impunes, sin solución
*Periodistas y ciudadanos, inermes
*En Sinaloa, ningún resultado
*Criminal inseguridad que no se atiende
*Los muertos, “por motivos sin confirmar”
*Pero los matan “por lo que escriben”
*Miroslava y Valdez, entre los más recientes
*No se informa de avances, por “secrecía”
*Un ambiente de alto riesgo
Culiacán, Sinaloa. En el Informe sobre la Libertad de Prensa, publicado por el Instituto Internacional de Prensa, en junio de 2009, México fue catalogado como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano”.
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde entonces señaló que más del 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México, y en el mundo, “quedan impunes”, lo que sucede “por el miedo a las mafias” y “a los grupos de poder que pueden llegar a generar represalias”.
En consecuencia, “no se investiga ni se juzga a quienes los perpetran”, cuestionaba el Comité, y están en permanente riesgo “comunicadores que cubren narcotráfico o critican al gobierno”, agregaba. “El caso mexicano cada día es más alarmante”, coincidían organismos internacionales al abordar el problema de la libertad de expresión y sus riesgos en nuestro país.
El drama en Sinaloa
El 5 de septiembre de 2007, el periodista Oscar Rivera Inzunza abandonó las instalaciones del palacio de gobierno del estado de Sinaloa para dirigirse a su domicilio a bordo de una unidad oficial.
Apenas había avanzado unos cuantos metros del inmueble, cuando varios hombres que se desplazaban en un “automotor”, cuyas características se ignoran hasta la fecha, le cerraron el paso y le dieron muerte con al menos 30 disparos de rifles de alto poder.
Rivera Inzunza, trabajó por espacio de 15 años como reportero de la sección policiaca en un diario de Culiacán. Al momento de su muerte se desempeñaba como vocero de los operativos contra el narcotráfico, acciones que venían realizando en forma conjunta autoridades locales, policías federales y el Ejército Mexicano.
José Luis Romero, quien fuera reportero de policiaca para el noticiero “Línea Directa”, de la ciudad de Los Mochis, fue secuestrado y desaparecido por varios sujetos armados el 30 de diciembre de 2009 y, el 16 de enero de 2010, fue localizado asesinado a balazos y con huellas de tortura.
Como en casi todos los casos, trátese de periodistas o no, las autoridades de justicia del estado de Sinaloa dijeron desde el principio desconocer cualquier indicio que les permitiera identificar a los responsables de su muerte, lo mismo que los móviles. Hasta la fecha, la situación sigue igual.
Entre narcos y políticos: sin salida
El 24 de agosto de 2011, el periodista Humberto Millán Salazar fue secuestrado y asesinado en las inmediaciones de la ciudad capital de Sinaloa. Un día después, quien esto escribe señaló, durante un encuentro con el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, que tanto él, como su secretario general de gobierno, Gerardo Vargas, deberían ser considerados como “indiciados” por ese homicidio.
En ese caso, el narcotráfico no aparecía como línea central de investigación y sí en cambio la agresiva crítica que Millán ejercía contra el gobierno en turno, como lo admitió el propio procurador de justicia, Marco Antonio Higuera. En opinión de los comunicadores, el homicidio de Millán tuvo “carácter político”.
Hasta le fecha, ningún resultado hay de las investigaciones.
Una ominosa relación de víctimas
Los periodistas asesinados en México, por “motivos sin confirmar”, integran una larga y ominosa lista. Entre otros: Yolanda Ordaz de la Cruz, Misael López Solana y Miguel Ángel López Velazco, que trabajaban para “Notiver”, en Veracruz.
Noel López Olguín, “La Verdad de Jáltipan”, en marzo de 2011; Marco Aurelio Martínez Tijerina, de XEDD, 10 de julio de 2011, en Nuevo León; Hugo Alfredo Olivera Cartas, de “El Día de Michoacán”, 06 de julio de 2010; María Elvira Hernández Galeana, de “Nueva Línea”, el 28 de junio de 2010, en Coyuca de Benítez; Juan Francisco Rodríguez Ríos, El Sol de Acapulco, 28 de junio de 2010.
También, Evaristo Pacheco Solís, de “Visión Informativa”, asesinado el 12 de marzo de 2010, en Chilpancingo; Jorge Ochoa Martínez, de “El Sol de la Costa”, el 29 de enero de 2010, en Ayutla de los Libres; José Alberto Velázquez López, de “Expresiones de Tulum”, el 22 de diciembre de 2009; José Emilio Galindo Robles, de Radio Universidad de Guadalajara, el 24 de noviembre de 2009, en Ciudad Guzmán.
Y todavía más…
Otros muertos por “motivos sin confirmar” son: Juan Daniel Martínez Gil, de Radiorama, 28 de julio de 2009, en Acapulco; Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, 03 de mayo de 2009; Jean Paul Ibarra Ramírez, “El Correo”, 13 de febrero de 2009, en Iguala; Miguel Ángel Villagómez Valle, de “La Noticia de Michoacán”, 10 de octubre de 2008; Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, el 07 de abril de 2008, de “La Voz que Rompe el Silencio”, en Guerrero.
Mauricio Estrada Zamora, de “La Opinión de Apatzingán”, el 12 de febrero de 2008; Gerardo Israel García Pimentel, La Opinión de Michoacán, 08 de diciembre de 2007; Saúl Noé Martínez Ortega, Interdiario, 07 de abril de 2007, en Nuevo Casas Grandes; Adolfo Sánchez Guzmán, de “Orizaba en Vivo”, el 30 de noviembre de 2006; José Manuel Nava Sánchez, El Sol de México, 16 de noviembre de 2006.
Además, Misael Tamayo Hernández, El Despertar de la Costa, 10 de noviembre de 2006, en Ixtapa; Enrique Perea Quintanilla, de “Dos Caras, Una Verdad”, 09 de agosto de 2006, en Chihuahua; Jaime Arturo Olvera Bravo, freelance, 09 de marzo de 2006, en La Piedad, Michoacán.
Raúl Gibb Guerrero, de “La Opinión”, 08 de abril de 2005, en Poza Rica; Roberto Javier Mora García, “El Mañana”, 19 de marzo de 2004, en Nuevo Laredo; José Ramírez Puente, Radio Net, 28 de abril de 2000, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Pablo Pineda, de “La Opinión”, 09 de abril de 2000, en Matamoros; Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas, julio de 2000, de “La Unión de Morelos”.
El reporte de la ONU de 2011, señalaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había identificado que “las violaciones en perjuicio de periodistas y comunicadores en México, incluyen homicidios, amenazas, desaparición, secuestros, torturas y detenciones arbitrarias”.
Entre 2001 y 2011, la CNDH y la ONU documentaron un total de 74 homicidios cometidos en contra de periodistas en México.
El año pasado
En el 2016 fueron asesinados a balazos en México once periodistas: Marcos Hernández Bautista, reportero de Noticias en la Costa, Oaxaca, el 21 de enero de 2016; Anabel Flores, el 8 de febrero, de El Sol de Orizaba; Moisés Dagdug Glutzow, de Radio XEVX, Villahermosa, el 20 de febrero; Francisco Pacheco, de El Sol de Acapulco, el 25 de abril; Manuel Torres González, de Noticias MT, Veracruz, 15 de mayo; Elidio Ramos, de El Sur de Oaxaca, 19 de junio y, el 26 del mismo mes, Salvador Olmos García, reportero de Tu Un Ñuu Savi, de Oaxaca.
El 20 de julio, tocó el turno al columnista Pedro Tamayo, de Veracruz; el 13 de septiembre, Agustín Pavía, reportero de Tu Un Ñuu Savi, Oaxaca; el 15 de septiembre, Aurelio Cabrera Campos, de El Gráfico de Huachinango, Puebla y, el 10 de diciembre, Adrián Rodríguez, de Antena Radio Chihuahua.
Y en lo que va de este año
El pasado jueves dos de marzo, el periodista Cecilio Pineda, colaborador del diario “La voz de Tierra Caliente”, fue asesinado en el municipio de Pungarabato, en Ciudad Altamirano, Guerrero.
Días después, 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, director del impreso El Político y del portal digital elpolitico.com.mx, fue ultimado en el municipio de Yanga, Veracruz. Siete sujetos armados le dispararon a quemarropa mientras se encontraba en un restaurante.
El jueves 23 de marzo, Miroslava Breach, de “La Jornada”, considerada una periodista honesta y de gran calidad humana, fue asesinada en Chihuahua. Se sabe que al menos tres hombres la vigilaban y se coordinaron para cometer el crimen. “La mataron por lo que escribía”, reconoció el propio gobernador de ese estado, Javier Corral.
El 4 de abril, dieron muerte a Maximino Rodríguez, corresponsal de El Heraldo y Excélsior; el 2 de mayo: Filiberto Álvarez, reportero de Radio Morelos, Tlaquiltenango, Morelos y el pasado 15 de mayo, Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Riodoce y corresponsal de La Jornada, en Sinaloa.
Las cuentas ominosas
Los cálculos varían. Según el Comité para la Protección de Periodistas, desde el año 2006 a la fecha han sido asesinados más de 50 informadores en México; desde el 2000, serían más de 80 y hay fuentes que aseguran que la cifra es de 300, contando desde 1980.
En 2016 fueron once y, desde el 2000 a junio del año pasado, suman 114 periodistas asesinados y 20 desaparecidos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Casi la mitad de los periodistas mexicanos dicen haber sido amenazados alguna vez por su trabajo y, en muchos casos, ello los obliga a implementar medidas como la autocensura y el ocultamiento de información “de riesgo”, además de vivir en la constante zozobra que afecta su vida personal y familiar.
Hay en nuestro país un “Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, pero no funciona de acuerdo a sus objetivos declarados y no hay un claro compromiso de las autoridades para evitar que las amenazas se concreten.
Además, y como producto del estado de cosas, está la desconfianza de los comunicadores y activistas en las instituciones del gobierno. Diversos organismos dan cuenta de una situación que es mucho más grave de lo que parece.
El caso de Javier Valdez
En ese contexto, el pasado 15 de mayo, el periodista Javier Valdez Cárdenas, miembro del equipo de fundadores del semanario Ríodoce, especializado en temas del narcotráfico, y corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, fue asesinado por dos sujetos que lo despojaron de su auto y le dispararon al menos en 12 ocasiones, confirmó la Fiscalía de Justicia.
Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento de la calle Riva Palacio, entre Ramón F. Iturbe y Epitacio Osuna, de la colonia Jorge Almada, en Culiacán, a casi dos cuadras de las oficinas del periódico donde laboraba desde hace 14 años.
De manera extraoficial, trascendió que los homicidas le dispararon con pistolas y al parecer utilizaron silenciador.
El vehículo del que fue despojado Valdez, se encontró abandonado junto a la escuela federal Manuel Ávila Camacho, sobre la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Francisco I. Madero, en la ciudad de Culiacán.
Un ataque directo
Con base en las primeras evidencias recolectadas en el lugar donde quedó tendido el cuerpo de Javier Valdez, el Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, sostuvo que es posible establecer que se trató de un ataque directo en contra del comunicador,
La fiscalía se comprometió a investigar hasta las últimas consecuencias, para dar con los responsables de la muerte de Valdez, de quien, dijo, existen evidencias para considerar que el atentado pudo haber sido provocado “por su trabajo periodístico”, el cual está siendo investigado en coordinación con la Procuraduría General de la República.
Otro móvil posible del asesinato, agregó el fiscal, podría ser “el robo del automóvil”, en virtud de que los agresores huyeron en la unidad luego de haber disparado en varias ocasiones en contra de Valdez, para finalmente abandonar la unidad.
“Anormalidad normalizada”
En el curso de la mañana del 16 de mayo pasado, unos doscientos periodistas, dirigentes políticos, representantes de organizaciones sociales e integrantes de la sociedad en general, se concentraron frente a la Catedral de Culiacán y marcharon hasta el Palacio de Gobierno, en protesta por el artero crimen del periodista y escritor que se había especializado en temas del narcotráfico.
En la explanada de Catedral, Jorge Guillermo Cano, del Club de Periodistas de México, y coeditor de “Vértice de Sinaloa”, pronunció un breve mensaje referido a la incapacidad de los gobiernos que ha dado lugar a situaciones de inseguridad generalizada en Sinaloa, donde “la anormalidad se ha normalizado”, lo que fue recogido por el periódico “El País”, de España.
Estamos frente a una realidad “que ha rebasado a los gobiernos, incapaces de resolver los crímenes contra periodistas y ciudadanos, que también han sido asesinados y cuyos homicidios han permanecido impunes al paso del tiempo”, enfatizó Cano.
A insistencia de los manifestantes, fueron finalmente recibidos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y éste, entre muy fuertes reclamos que se le hacían, dijo que su compromiso es investigar para que “se haga justicia” en el crimen cometido en contra de Javier Valdez.
Y van pasando los días
El pasado viernes 19 de los corrientes, el Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, y el Fiscal Especial para la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez, declinaron dar a conocer avances sobre la investigación del homicidio de Valdez, bajo el argumento de que se trabaja “sobre una investigación en curso” y, por ley, se debe respetar la debida secrecía.
El hecho generó una profunda inconformidad entre los comunicadores, pues hasta ahora en todos los homicidios de periodistas prevalece la impunidad, lo mismo que en los crímenes que han enlutado a miles de hogares sinaloenses.
Entre el gremio se hizo una convocatoria para hacer un frente común, exigiendo a las autoridades una pronta resolución, basada en resultados de una investigación científica, que diga cómo, porqué y quién o quiénes son los responsables del homicidio y se les aplique la ley.
“Los periodistas de Sinaloa, y del país, sabemos por experiencia que las dudas y la desconfianza en el aparato de justicia, estatal y federal, están más que justificadas. Sin embargo, estamos obligados a exigir, una y otra vez, la restitución del Estado de Derecho, donde prevalezca el respeto a la vida y a las garantías individuales, se respete la Ley y se castigue el delito”, enfatizaron.
La versión de la fiscalía
Valdez Cárdenas, no fue obligado a arrodillarse para ser asesinado y tampoco recibió tiro de gracia, asegura la Fiscalía Especial de la PGR.
Según la versión de la dependencia, Valdez fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en un automóvil blanco. Del lugar descendió uno de los delincuentes quien accionó su pistola contra el comunicador profiriéndole una herida en el abdomen y dos más en el costado izquierdo.
El periodista se bajó de la unidad e intentó tomar la calle cubriéndose instintivamente la cabeza con el brazo y fue cuando recibió dos disparos más, uno en el antebrazo y otro más en el brazo.
En el momento en que iba cayendo recibió nuevo impacto de bala en la espalda, a la altura del tórax, asumiendo una posición de autoprotección sobre la cabeza con los brazos, provocando que una bala alcanzara su mandíbula cuando iba de caída, para finalmente quedar tendido boca abajo sobre el pavimento.
¿Qué sigue? ¿Quién sigue en esta interminable lista de infamias? -Se preguntan los periodistas.
La respuesta, como en el canto de Dylan, quizás está en el viento.
Tamborazos
-En el ámbito general, el país se desplaza a la inestabilidad. La nación, los estados y municipios se siguen manejando como botín de camarillas, de uno u otro signo. El ambiente es de alto riesgo, se quiera ver o no
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