*El país, de mal en peor
*Los problemas en cascada
*Corrupción: mecánica nacional
*El riesgo de la inestabilidad
*La ausencia de credibilidad
Culiacán del caos vial, los baches y los topes, Sinaloa. En México, como lo estamos viendo sin sombra de duda, las cosas van de mal en peor ante la insensibilidad, por decirlo con un eufemismo, la incompetencia y la falta de voluntad de una clase política gobernante que no parece entender lo que sucede y, peor aún, lo que está por venir.
El “gasolinazo” es una especie de remate a la pretendida “unidad nacional”, cuyo pacto social hace tiempo que se ha difuminado. La lista de agravios y despropósitos que ha sufrido el pueblo mexicano es larga y no parece tener fin.
Una notoria corrupción oficial, los gastos superfluos y ofensivos de la alta burocracia (como el avión presidencial) en una nación de pobres; la impunidad de gobernantes, a pesar de los casos aislados que se ventilan; los aumentos al consumo de energía eléctrica y gas; las bonificaciones y salarios ofensivos de diputados, senadores, ministros, consejeros de esto y aquello; los aguinaldos que se auto otorgaron y las prebendas y privilegios de ex presidentes y ex funcionarios.
Javier Duarte
Como en cascada
Un salario mínimo que es una vulgar ofensa, además de anti constitucional; el nepotismo, las cuotas y los cuates gobiernos, congresos y dependencias; la corrupción policiaca, el “aparato de justicia” como un remedo y un instrumento que sólo perjudica a los pobres; la obra pública como un botín y las ciudades en el caos; los partidos y la “clase política” en el merecido descrédito, así como prácticamente todas las instituciones del país.
La inseguridad rampante, la delincuencia desatada y a sus anchas; la criminalidad en ascenso sin remedio; las cárceles como escuelas del crimen; la burocracia como un lastre y una condena para cualquiera que tenga que hacer un trámite.
Una economía dependiente, subordinada al gran capital y un mercado de valores sumido en la especulación más atroz; el peso mexicano en manos de especuladores voraces y la presidencia de la República y las autoridades hacendarias incapaces de actuar con independencia y dignidad.
Una relación completa, puntual y pormenorizada sería prácticamente interminable. No es, pues, sólo el “Gasolinazo”: es el país todo, la situación a la que nos han conducido décadas de gobiernos corruptos, contrarios al interés general de la nación.
Si los desmanes que han seguido a las protestas son orquestados o no, en realidad eso no es lo más relevante. La explosión social encuentra justificantes inocultables, lo que está sucediendo es el preludio de lo que puede venir y ojalá no sea tarde para que lo entiendan quienes aún tienen el poder.
La realidad que rebasa
El presidente Peña Nieto ha insistido en que el “gasolinazo”, la gota que está a punto de derramar el vaso, no se podía evitar; asegura que mantener el precio anterior del combustible habría obligado a cancelar programas sociales, detener la operación del IMSS y el Seguro Popular; insiste en que el aumento de los hidrocarburos no es consecuencia de las reformas energética y hacendaria, o de nuevos impuestos; reitera que “el gobierno federal no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”.
Si se mantuviera el precio anterior de las gasolinas, se tendrían que “recortar programas sociales, subir impuestos o incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía”. Todo eso dice el presidente pero, a estas alturas, nadie le cree.
Y el gran problema para el Estado Mexicano es que la realidad que se vive en el país ha rebasado cualquier explicación técnica de un caso particular. Los motivos, como apuntamos líneas arriba, son muchos, se han acumulado y trágicamente se incrementan. No se pone remedio, no se enfrentan con la energía y la decisión requerida y el país está al borde del colapso.
Una mecánica nacional
Pero el maniqueísmo no cabe. La corrupción es generalizada aunque hay grados de responsabilidad, y la oficial es mayor, pero no está libre de culpa la “libre empresa”, los prestadores de servicios, el comercio, los bancos, las aseguradoras y la burocracia. El abuso está en todas partes, literalmente, aunque a la hora de la protesta que bien aglutina a todos, se laven las manos.
Es una especie de “mecánica nacional”, como en la película con ese título que data de 1971, protagonizada por Manolo Fábregas, Lucha Villa, Héctor Suárez y Sara García, entre otros. Han pasado más de 45 años y las similitudes son más que preocupantes.
Súmese la exitosa estupidización colectiva a través de las “redes sociales”, la televisión infumable, los programas solo aptos para retrasados, la publicidad engañosa y negativa. Eso y más, y entonces resulta más explicable el panorama desastroso de este país.
De izquierda a derecha: Pancho Córdova, Fabiola Falcón,
Héctor Suárez y Manolo Fábregas.
Cuando el río suena
En tal cuadro de acelerada descomposición política y social, más las complicaciones económicas y financieras que se derivan de nuestros problemas internos y de la volátil circunstancia internacional, ha aparecido el señuelo de las fuerzas armadas como presunto eje de recuperación del orden y la seguridad públicas.
Si bien la versión, que quizás quede en simple rumor y mitote al tenor de las llamadas “redes sociales”, no parece tener por el momento mayores referentes, para la clase dominante el poder militar, constituido en sustituto del gobierno civil, sea por vía directa de un golpe armado, o de tretas legaloides, siempre ha tenido su atractivo.
La experiencia, sin embargo, ha ofrecido sangrientos y deplorables resultados en países del sur y el centro de nuestro continente. Pero el sistema mexicano, desfondado, desplomado, tiene prisa por encontrar fórmulas que le permitan intentar una preservación sin cambios sustanciales. Tenerlo en cuenta y no pecar de ingenuos, al menos.
Les vale, la soberanía estatal
A propósito de los cambios legales, en la forma, reclamados por los generales, vale reiterar que en Sinaloa, y prácticamente en todas partes, el Ejército y la Marina tienen una historia de transgresiones a la soberanía estatal. No acuerdan ni avisan de operativos, toman calles y pueblos, violan derechos humanos, golpean, amenazan y, según denuncias ante las comisiones respectivas (casi siempre inútiles, por cierto) incluso torturan. Lo mismo que hacen las corporaciones de toda etiqueta.
Mientras se abusa con los ciudadanos comunes, la delincuencia crece y se beneficia de un desorden que parece maquinado a su favor. La legalidad es un simple término, sin sentido casi en este país azotado por la corrupción y la ambición desmedida de un capitalismo rapaz.
Pero el problema es general y endémico. Apenas hace unos días, en varios lugares del país, la gendarmería reprimió a manifestantes que se expresaban contra el gasolinazo, golpeando a adultos mayores, mujeres y niños. Hasta periodistas fueron lesionados y detenidos (aparte, nuestro país ocupa el tercer lugar mundial en asesinatos de comunicadores). Eso es lo que hacen, desde siempre, las corporaciones policiacas en este país.
La credibilidad que quedaba
En este espacio, y otros, advertimos, desde que se involucró al Ejército Mexicano en tareas policiacas con dinámicas cuyo fracaso era fácil derivar, que esa institución perdería en el mediano plazo credibilidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Eso es lo que ha venido sucediendo sin sombra de duda.
Desde luego, sería del todo conveniente el restablecimiento institucional de las fuerzas armadas, que no superan la sospecha por el ocultamiento de información en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los padres de los jóvenes que aún se tienen por “desaparecidos”, aunque todo apunta a que están muertos aunque sus cadáveres no aparezcan o no vayan a aparecer, desde hace mucho están exigiendo que se inspeccionen instalaciones militares.
Sara García
Por otra parte, los reclamos sociales ya han afectado al Ejército, como sucedió en Apatzingán hace unos meses. Lo advertimos, el ejército está perdiendo la presencia y el respeto que tenía. El país, ni quien lo dude, vive momentos de suyo peligrosos.
Incredulidad ciudadana
Reciente encuesta nacional de Transparencia y Acceso a la Información, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha puesto en evidencia que más del 75 por ciento de los ciudadanos desconfían de los datos gubernamentales en materia de seguridad y narcotráfico, y el porcentaje llega hasta 80 por ciento cuando los datos son de los salarios de funcionarios públicos.
La desconfianza ciudadana es aguda también en el desempeño de los gobiernos (75 por ciento no cree en sus datos); el manejo de los recursos públicos (el 76 por ciento está convencido de que se los roban) y la información oficial sobre el estado de la economía del país (un 72 por ciento no le cree a la secretaría de Hacienda, ni al Banco de México).
Son estos, factores que están teniendo peso considerable en la ola de protestas que se ha desatado en el país. La incredulidad ciudadana, por lo demás, está del todo justificada a la luz de las experiencias históricas recientes.
Tamborazos
-Debido a los plazos en la entrega del material, en nuestra columna pasada escribimos que la diferencia a favor de Hillary Clinton, en el voto popular, sobre su oponente Donald Trump, fue de 233 mil sufragios. Se trata del primer conteo y esa cifra llegó posteriormente a casi tres millones.
-Muy activa ha estado la tal Ceaipes (Sinaloa) en las últimas semanas, haciendo cursos y convenios de esto y aquello, anunciando vigilancia y sanciones cuasi simbólicas a una mínima parte del universo de ilegales incumplidos. Lo fundamental, el problema de fondo que pone en cuestión la existencia misma de esa “comisión”, permanece (
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