*Esas pinches estadísticas
*¿Borrón y cuenta nueva en Sinaloa?
*A confesión de parte…
*Intocables, las aseguradoras
Culiacán del caos vial, los baches y los topes, Sinaloa. Siempre que hay un cambio, así sea relativo, sobre todo si la etapa previa fue catastrófica (como ha sucedido en Sinaloa con el gobierno estatal saliente) surgen las expectativas y la esperanza de que las cosas mejoren.
En nuestra entidad tenemos un nuevo gobierno que, si de hacer las cosas bien se trata, tiene ante sí enormes retos. Llegan los nuevos gobernantes del segundo y tercer nivel a un estado y municipios al punto del desastre, con la corrupción a todo lo que da, al tenor de la impunidad rampante.
Como lo hemos escrito en varias ocasiones (en más de 47 años de andares periodísticos, son muchos los gobiernos que nos ha tocado ver llegar e irse) no se puede negar el beneficio de la duda. Las expectativas son muchas y ya veremos si Quirino Ordaz, en el estado, y Jesús Valdez, en el municipio de Culiacán, responden a ellas o se suman a la cauda infumable.
Pinches estadísticas
Durante el sexenio de Renato Vega se cometieron en Sinaloa 3 mil 889 homicidios dolosos; 3 mil 90 en el de Juan Millán; 6 mil 626, en el de Jesús Aguilar Padilla y, hasta el mes de noviembre pasado, 7 mil 621 en el de Mario López, pero esta última cifra se incrementó alrededor de 7 mil 800 al terminar diciembre, más del doble que con Vega Alvarado.
En Robo de vehículos, con Renato fueron 17 mil 680; con Juan Millán, 18 mil 222; en el sexenio de Aguilar Padilla, 35 mil 224 y la cifra llegó a 40 mil 802 en el de López (hasta noviembre del año pasado).
La ingrata relación arroja que durante el gobierno de Renato Vega se cometieron 868 violaciones; 893, en el de Juan Millán; 846, con Aguilar Padilla y alrededor de mil 150 en el de Mario López.
En la cuenta de secuestros: 152 en el sexenio de Renato; 127 con Millán; 86 en el de Aguilar Padilla y 154 con López (según la estadística del año pasado).
Todos estos datos son oficiales y se remiten a la fuente de la PGJES (Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa). Así las cosas ¿Se justifican los reconocimientos y medallitas que otorgaron aprontados de la oficialidad en turno?
Se fueron ¿borrón y cuenta nueva?
Antes de irse de la gubernatura, el pasado 28 de diciembre (la fecha no era la más apropiada) el señor López aseguró que “Sinaloa no está en crisis”, que los rezagos y retrasos en los pagos que se reclamaron estaban resueltos y que el estado no está quebrado ni hay malos manejos financieros.
Reunido con periodistas invitados ex profeso, Mario López Valdez reconoció que “existieron retrasos en el cumplimiento oportuno a los trabajadores” y pidió disculpas.
Flanqueado por el que era su secretario de Gobierno, Gerardo Vargas, y el titular de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, ambos corresponsables de lo hecho y deshecho, el ejecutivo saliente dijo que deja “un estado fuerte que puede mirar al futuro con mayor confianza y optimismo”.
Afuera, lejos de invitaciones, posadas de élite y convivios, la realidad del estado desdecía el discurso de quien generó grandes expectativas y terminó en rotundo fracaso, como lo advertimos aquí, quizás los únicos (la porra mediática a favor de López fue casi generalizada) desde antes de que tomara posesión hace poco más de seis años.
Ahora, la ciudadanía pregunta: se van ¿borrón y cuenta nueva?
A confesión de parte...
En la asignación de obra pública por parte del gobierno estatal de Mario López, que apenas se acaba de ir, ganaban los “telefonazos”. José Luis Sevilla Suárez, todavía cuando era secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, hizo esa afirmación ante diputados locales.
“Cuando había un concurso, rapidito salían ahí los nombres de los que estaban en primeros lugares, y lo que ganaba era el teléfono, ahí no ganaba el que fuera bueno, ganaba el teléfono”, señaló.
“Y al ratito tenías afuera, de todos lados, senadores, secretarios, diputados federales, diputados locales (gestionando obras para constructores), etcétera, todo mundo tiene padrino”. Más claro no se puede.
¿Y nada qué hacer?
GNP-Condusef ¿Cómplices?
Es bien sabido que las aseguradoras en México, al igual que los bancos, gozan de trato preferencial, privilegios y trácalas a su favor por parte de una serie de “comisiones” y organismos, como la inefable Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) que a la hora de defender al consumidor (la Profeco es también un cero a la izquierda) sirven para lo mismo que la carabina de Ambrosio, es decir para nada.
Las aseguradoras, amparándose en reglas que quieren imponer al margen del derecho constitucional, hacen prácticamente lo que les da la gana cuando de cubrir los términos contractuales en caso de siniestros se trata.
Es el caso de la aseguradora GNP (Grupo Nacional Provincial) que en su sitio de Internet presume de ser “la empresa aseguradora mexicana de mayor renombre con más de 110 años de experiencia y solidez en el mercado nacional”, pero que viola sistemáticamente los contratos con clientes, contando con la abierta complicidad de la Condusef.
En el “quiénes somos” de la tal GNP aparece solamente un “conglomerado empresarial” que se presenta como “el más grande del país”. Es el Grupo Bal, que agrupa a Industrias Peñoles, Fresnillo, Bal Holdings, Profuturo GNP, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, El Palacio de Hierro, Agropecuaria Bal y Técnica Administrativa Bal.
Donde la lana manda
Ese grupo, sin duda, tiene el capital y las influencias suficientes que le permiten adhesiones y complicidades. Así funcionan, todavía, las cosas en este México que ves.
De nombres específicos, en el sitio de GNP aparece sólo el director Corporativo del Grupo BAL, Alejandro Bailleres (hijo de Alberto Bailleres, quien promovido por Peña Nieto recibió la medalla Belisario Domínguez, en medio de críticas generalizadas) y publica estados financieros consolidados hasta septiembre de 2014, hace más de dos años. Sus ganancias, en obvio, son cuantiosas.
Hemos recibido quejas varias de incumplimiento y abuso por parte de GNP, que se niega a cubrir seguros cuyas pólizas le han sido cubiertas religiosamente. Para las triquiñuelas cuentan con un equipo de abogados defeños y locales que tratan, de manera grosera, de amedrentar y presionar a clientes que se niegan a aceptar el trato leonino.
En uno de muchos casos documentados, siniestro 62992342, el usuario del seguro choca su auto y un taller, que trabaja con GNP, calcula los daños (en unos minutos, a simple vista y sin revisar a fondo) en 19 mil pesos; la aseguradora declara pérdida total del vehículo (que funciona) y quiere pagar tres mil pesos al asegurado y quedarse con un auto que tiene un valor de mercado superior a los 40 mil pesos.
El usuario no acepta ese “trato” a todas luces abusivo, que raya en el fraude, y después de más de nueve meses aún nada se resuelve.
Todo sucede ante la inoperancia de la Profeco (se trata de un contrato de servicios) y la pasividad cómplice de la Condusef, cuya subdelegada de la región norte, que comprende a Sinaloa, es María Guadalupe Espinoza Calderón. Hay demandas en curso y el tiempo pasa, casi un año, sin que se aplique la ley.
Así andan las cosas en este país del “gasolinazo” y a ver hasta cuándo.
Tamborazos
-Pasaron, como las desgracias, sexenio y trienio, Sinaloa y Culiacán. Los relevos reciben el caos y la ingobernabilidad fáctica. Vamos a ver si de veras hay cambios (o si se repiten las tragedias).
-Uno de los rubros, entre los muchos que ameritan una investigación puntual a la administración malovista, es el relativo a los gastos de “comunicación social”.
-Todo indica que en su manejo hubo marcada opacidad y que buena parte del gasto se hizo “por debajo de la mesa”, como suele decirse. ¿Será lo mismo con el gobierno actual?
-En el ámbito general, el país se desplaza a la inestabilidad. Los estados y municipios se siguen manejando como botín de camarillas. El ambiente es de alto riesgo, se quiera ver o no.
-Muy activa ha estado la tal Ceaipes (Sinaloa) en las últimas semanas, haciendo cursos y convenios de esto y aquello, anunciando vigilancia y sanciones cuasi simbólicas a una mínima parte del universo de ilegales incumplidos. Lo fundamental, el problema de fondo que pone en cuestión la existencia misma de esa “comisión”, permanece.
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