*Lo que nos hunde como nación
*Un enorme costo social
*Con esa política que ves
*Ni a quién irle en México
*El erario, fondo de negocios
Culiacán del caos vial, los baches y los topes, Sinaloa. Lo hemos dicho y reiterado en este mar de la inconsecuencia y la simulación en que navega este país que ves: la corrupción y la impunidad, de la mano, representan quizás el mayor de los problemas.
Durante muchos años hemos creído que se había tocado fondo, pero nuestra capacidad de asombro es rebasada todos los días, el fondo permanece intocado y se robustece a sus anchas.
Impunidad y corrupción, los nuevos jinetes apocalípticos, encuentran referentes inconcusos en prácticamente todos los ámbitos de nuestra realidad nacional; pero, sin duda es en los espacios del poder público y privado, donde la mayor responsabilidad se ubica. Cuestión de lógica y sentido común.
El tema es tan recurrente como el problema que aborda, que parece insuperable. Las evidencias son múltiples y cotidianas, sin solución de continuidad.
No hace mucho, en el seminario “Hablemos de Corrupción”, convocado por diversas organizaciones, se encontró que el 63 por ciento de nuevos emprendedores no pudieron emprender cosa alguna porque se rehusaron a pagar un soborno.
Parece cosa menor ante la magnitud de lo que sucede en el ámbito gubernamental y financiero privado, pero ilustra con claridad la generalización de ese lastre que nos tiene hundidos como nación.
Y el pueblo termina pagando
Prácticamente todos los inversionistas (que desde luego tienen su mira en la ganancia) opinaron que en México los negocios ni siquiera se pueden abrir si no se insertan en el “modus operandi”: el soborno, la mordida, el “moche”, el porcentaje y demás trácalas.
Es una realidad también que, una vez instalados, casi todos, por no decir todos, los negociantes cargan el costo de la corrupción al pueblo consumidor.
Roby Senderowitsch, gerente del programa abierto de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial (BM) sostiene que “inhibir la corrupción es uno de los grandes desafíos de las economías, porque es un factor que desalienta la inversión y genera pérdida de confianza en las instituciones públicas” y llamó la atención sobre el hecho de que “la corrupción no puede circunscribirse solamente al sector público, pues también existe en una buena proporción en el sector privado”.
Una gran proporción, diría yo. La corrupción es un camino de ida y vuelta.
El BM destaca que no solamente es la corrupción, hay que agregar la falta de transparencia (en todos los ámbitos, aclaremos) y la impunidad que campea en países como el nuestro. En efecto, esos factores generan un profundo descontento social, frustran a la ciudadanía y son un obstáculo para el desarrollo.
El enorme costo social
No es, ni de lejos, un asunto que se pueda marginar de la agenda nacional. Cálculos recientes ubican en 740 mil millones de pesos el costo de la corrupción en México, cantidad que equivale a cuatro puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).
En el ámbito oficial, donde se ubica la mayor responsabilidad y donde está la gran mayoría de los beneficiarios de ese desfalco, es urgente y necesario vigilar, de a de veras, el uso de los recursos públicos; se requiere una contraloría social que en verdad vigile, denuncie y promueva acciones legales.
Los recursos públicos no deben seguir aplicándose al arbitrio de los gobiernos, que no atienden prioridades y privilegian sus negocios; que desatienden las necesidades colectivas y gastan en el relumbrón que les garantiza el diezmo, el porcentaje y la cuota (diversas obras en Sinaloa, y en el municipio de Culiacán, cuya vida útil de común se agota al terminarse, son un botón de muestra).
Los culpables, en las narices
Según el empresario Miguel Alemán Velasco (hijo del ex presidente Miguel Alemán Valdez, cuya fortuna se explica por lo mismo) en México “se ha perdido mucho tiempo en buscar culpables para los problemas que enfrenta el país, cuando lo que resuelve la situación es hacernos todos responsables”.
Parece razonable, pero margina que hay de responsabilidades a responsabilidades y resulta que a pesar del tiempo que se dedica a encontrar culpables (que se encuentran) la gran mayoría sigue impune. El problema entonces, que no mira el heredero Alemán Velasco, es que la generalidad de los corruptos sigue a sus anchas y sin castigo.
De la información más reciente, entre 2000 y 2015, las entidades federativas del país dañaron al erario con desvíos de recursos y gastos sin justificar por alrededor de 312 mil 362 millones de pesos, según ha dado a conocer el organismo “México Evalúa”, que se especializa en finanzas públicas, con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
¿La corrupción somos todos?
Es una pregunta que es necesario responder. No hay duda de que las prácticas corruptas permean a nuestra sociedad y están, por lo mismo, en casi todas partes, por no decir todas. Dígalo si no quien se ve en la necesidad de contratar un servicio, acudir a un taller, hacer un trámite.
Mientras que debido a la corrupción tenemos una “clase política” y gobernantes ricos hasta la ofensa y una cauda parasitaria que medra con el interés público, que sangra al erario y corrompe hasta la mínima gestión (la burocracia excesiva, la sobre administración, los requisitos innecesarios, los obstáculos y la tramitología, también son y propician corrupción) la ciudadanía es empujada, casi sin remedio, a esa red.
Llega un momento en que esas prácticas son internalizadas y “normalizadas”. Por lo mismo, además de señalar las vigas en donde sin duda están, hay que advertir que la corrupción ya permea el tejido social y se ha instalado en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad.
En el plano más terrenal las evidencias están a la vista. Basta con acudir a cualquier prestador de servicios, de lo que sea; realizar un trámite, solicitar un permiso o, en el extremo, tener que acudir a alguna corporación policiaca.
En la base de la política
Fue precisamente la corrupción endémica la que impidió, como advertimos entre otros, que el financiamiento público a los partidos se tradujera en un verdadero cambio de conducta, cerrando el paso a los recursos de dudosa procedencia, que siguen ahí, y los partidos simplemente entraron a un jugoso y carísimo negocio electorero.
La corrupción estaba, y está, en la base de esas estructuras. No se corrigió, como condición de entrada, y los resultados están a la vista. El IFE, ahora INE, y sus epígonos estatales, no son sino un reducto privilegiado para el usufructo siempre irregular de las “prerrogativas” a los partidos (las multas son una constante, a la vez que una simulación) que son dineros del erario, es decir, del pueblo trabajador.
La corrupción es quizás el principal problema que aqueja a este país, la corrupción que es encabezada por los gobiernos de “los tres niveles” y que parece no tener límite ni tocar fondo.
Prácticamente al funcionario que le esculquen, si de veras se investigara y aplicara la ley, iría a la cárcel sin remedio. Para ello, desde luego, tendrían que funcionar el “sistema legal” y el “aparato de justicia” que, hasta ahora, son una broma de mal gusto.
Que vengan las excepciones
Habrá excepciones, toda regla así lo indica, pero son eso: garbanzos de a libra que no logran alterar el esquema general. Sin embargo, aún en tan penosa situación, con lo poco que se ha avanzado en la actoría ciudadana, sobre todo por la presión pública, ahora es más probable (antes solamente posible) que ex gobernadores, ex alcaldes y ex secretarios de esto y aquello sean enjuiciados y castigados.
Es necesario seguir en esa ruta, aunque muchas veces no sea el afán justiciero desde la oficialidad el que prive en tales casos (varios ya se han presentado) sino la rentabilidad política y el cálculo en la correlación de fuerzas que se aplica cuando los actores han dejado el poder relativo.
El hecho es que la corrupción en México, pese a onerosos aparatos creados para evitarla y que a la postre no operan sino como cómplices y vulgares tapaderas de excesos injustificables y negocios leoninos (véanse si no la oficina de “transparencia” del gobierno de Sinaloa, la de “fiscalización” del congreso local y la tal Ceaipes) es una práctica que raya en la extrema impunidad.
El erario: un fondo cautivo
El erario es, en la práctica, un fondo cautivo, una chequera en blanco para el despilfarro criminal, mientras el grueso de la población mexicana sobrevive en la pobreza y en la miseria extrema.
Una “clase política” carente de la mínima ética, parasitaria en más de un sentido, se mueve a su antojo en el ejercicio del presupuesto, manoteando impunemente los dineros del pueblo que los mantiene.
Así las cosas, no se puede esperar más que la aprobación de los desmanes oficiales que más se evidencian, sin sombra de duda, a la hora de hacer cualquier revisión incluso rutinaria.
Por ejemplo, en el plano estatal, varias de las “cuentas públicas” que recién ha dejado pasar (a una que otra la han puesto moños) el congreso de Sinaloa, como lo hace también la Cámara Federal en su caso, pese a ser un compendio de irregularidades que se inscriben en la obvia ilegalidad.
En el maremágnum nacional, el tipo de cambio sigue revolcado y la economía no repunta. Las culpas, desde la intolerable oficialidad, son del “bufón peligroso” (cada vez más) Trump; de las tasas de interés en Estados Unidos, de la “volatilidad” financiera internacional y otros factores externos.
No se reconoce el saqueo del país por el capital transnacional y local, los privilegios y beneficios extraordinarios de los socios de la política, el predominio y control por parte de los especuladores y todo en un contexto de profunda incredulidad en las instituciones y de rechazo social plenamente justificado.
Tamborazos
-Van pasando los días, las semanas y vienen los meses. Nada resuelve las fiscalías de esto y aquello, con todo y recompensas desveladas, en los casos de los periodistas asesinados en este país que ves. Y ningún otro caso, a tono con su proverbial incapacidad y negligencia (
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