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2012: Elecciones
con crisis alimentaria
Sólo para refrescar la memoria de quienes se han erigido en paladines de la guerra narca, debemos recordar que, desde hace cuatro décadas, la ONU emitió una ilusoria resolución por la que se recomendaba -se recomienda, pues no ha prescrito tal exhorto- instrumentar políticas públicas para financiar la sustitución de la producción de narcóticos con la siembra productos que, entre otros beneficios, contribuyan a prevenir o resolver requerimientos alimentarios. Por lo que toca a América Latina, entonces se advertían riesgos latentes o inminentes en Bolivia, Perú, Colombia y México.
Los gobiernos populistas de la región algo hicieron para acatar y cumplir aquella resolución, pero la irrupción de administraciones tecnocráticas -con sus supersticiones neoliberales-, ha condenado a las sociedades rurales a morir o prenderse del clavo ardiendo de la supervivencia dependiente de la economía negra, que incluye drogas, tráfico de armas y trata de personas.
En México, particularmente desde el salinato, el ataque al sector agropecuario ha sido devastador: El brutal embate de la contrarreforma agraria para privatizar la propiedad social y la simultánea negociación del trilateral Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá , dejaron en el desamparo gubernamental al ejido, la comunidad agraria y la pequeña propiedad -a las que se les cerraron fuentes de crédito-, dando pie a un precarizado jornalerismo que genera a su vez el ejército de reserva al servicio de los cárteles de la droga. De acuerdo con estudios sociológicos, ocho de cada diez individuos incorporados al narcotráfico provienen de familias campesinas desplazadas de su respetable ocupación tradicional.
Resulta sospechosa contradicción que el actual gobierno panista -que parece no tener más razón de existir que la de combatir el crimen organizado- se olvide de que la principal fuente tributaria de recursos humanos a esa actividad está precisamente en el campo. Para citar un solo dato, es monstruoso, por ejemplo, que, para 2012, la administración federal reserve más de 318 mil millones de pesos para satisfacer exigencias de bancos y prestamistas y, en cambio, el presidente Felipe Calderón vete el decreto-ley por el que el Poder Legislativo reglamenta el artículo 25 de la Constitución para impulsar una Economía Social y Solidaria, y la resolución de la Cámara de Diputados por la que se pretende se disponga de una partida federal extraordinaria de 10 mil millones de pesos para auxiliar a los estados (20) que este año han sufrido heladas, sequías e inundaciones.
De acuerdo con recientes investigaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, aquellos fenómenos naturales han afectado 70 por ciento de las superficies productivas, cuya consecuencia será, ante la escasez, el aumento de 100 a 150 por ciento en los precios de los productos del campo, prefigurándose desde ahora una crisis alimentaria, que otras fuentes anuncian en términos de hambruna. De hecho, en Chihuahua ya se presentan los primeros signos de esos azotes. Aleatoriamente, la Secretaría de Economía se gratifica con la firma del Tratado de Libre Comercio con Perú, que implica la liberación arancelaria a productos como frijol, maíz, aguacate, plátano, cítricos, chile seco, cacao, lácteos, etcétera.
El hecho de que el gobierno favorezca con ese tipo de políticas la especulación comercial, incrementando una balanza internacional deficitaria, se agrava con criterios discriminatorios que orientan los programas de apoyo al campo al beneficio de un 15 por ciento de productores constituidos en empresas privadas, de preferencia trasnacionales, excluyendo ya no sólo a ejidatarios y comuneros que carecen de poder e influencia, sino incluso a los pequeños propietarios.
¿Cómo esperar, pues, que el narcotráfico no prospere si al productor rural de buena fe se le niegan por sistema opciones para una supervivencia honrada? En arca abierta hasta el justo peca.
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