Política
intervencionista
HÉCTOR TENORIO
MÁS ALLÁ DE QUE BARACK OBAMA seguirá cuatro años más en la presidencia de los Estados Unidos, en nuestro país se debe replantear cómo deseamos la relación bilateral con nuestro vecino del norte, quien aprovechó el desorden en estos seis años y asumió la seguridad de México ante la imposibilidad de nuestras autoridades.
Este flagelo debe ser considerado como un problema social y económico, que no se resuelve con más policías como lo imaginan los colaboradores de Enrique Peña Nieto, que pretenden crear nuevas áreas de seguridad especializadas en inteligencia, las cuales intentaran garantizar la seguridad y combatir a los grupos criminales que operan en el país.
En este contexto el Presidente electo debe analizar sucedido durante el sexenio en vías de concluir. La “cooperación” de Estados Unidos y México en la lucha antidrogas nunca se basó en los principios de responsabilidad compartida, ni tampoco confianza mutua y respeto a la jurisdicción de nuestra nación.
En estos seis años el Ejército mexicano perdió la guerra debido a una profunda corrupción generada por el crimen organizado, el cual infiltró prácticamente los tres niveles de gobierno. No olvidemos que actualmente hay más de 200 municipios donde está focalizado el tema de la delincuencia y de la inseguridad. El regreso del Ejército será gradual y podría llevar cinco años pacificar al país. Tendrá un costo político que no podrá evadirlo el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En este sentido a la nueva administración federal no le queda otra que presionar al vecino del norte para poner en marcha una estrategia conjunta con Estados Unidos y así pegarle a las finanzas del crimen organizado, a fin de frenar la expansión de los grupos delictivos ahí.
A pesar de la buena voluntad resulta complejo concretar un trabajo de inteligencia entre ambas naciones que permita una fusión de toda la información que permita fijar los objetivos. Entre los obstáculos presentes surge que el vecino del norte evade la identificación y detención de funcionarios de su nación involucrados en el crimen organizado que cada año genera 320 mil millones de dólares. A los que se añade los políticos del PRI que forma parte de la estructura del narcotráfico.
Los estadunidenses desde una lógica militar aplicaron una táctica adecuada a través de una injerencia directa que les permitió vulnerar la soberanía de nuestra nación y avanzar en el control de nuestra frontera. Su política es intervencionista, ante esto resulta un error de nuestros políticos partidizar la violencia, ya que sólo abonan a la debilidad y vulnerabilidad del Estado frente al vecino del norte. Un situación similar es la violencia de la frontera, entre Palestina con Israel, donde los niños mueren bajo las balas de los guardias fronterizos (como sucede en México.)
La justificación de Washington es que Los Zetas son un peligro global. Ellos son los responsables del cruce de cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana a través de México y, eventualmente, hacia Estados Unidos. Pero, se sabe bien, que el precio de las drogas es determinado por la oferta y demanda del “mercado negro norteamericano”; al redoblar los esfuerzos de quebrantar el poder económico de Los Zetas, lo único que provocaron fue elevar el precio de la mercancía
En dicho escenario, resulta oportuno destacar el encuentro del embajador de Estados Unidos en México, Athony Wayne, con los diputados de la Comisión de la Frontera norte cuyo objetivo es resolver los problemas fronterizos de ambos puntos cardinales, tanto norte como sur. Esto podría alcanzar una visión global con la participación de los países consumidores junto con los centros de producción o territorios de tránsito. Aunque esto confirma el proyecto de intervención.
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