CABALGATA METROPOLITANA
Un Distrito Federal llamado…
Corrupción
NO SE PUEDE NEGAR EL ACTO de justicia, consistente en reconocer que -en 15 años de gestión central de tres ex priistas-, la Ciudad de México se ha constituido en modelo para las grandes capitales del mundo. Otra cosa es el Distrito Federal, dividido territorial y administrativamente en 16 delegaciones.
Miguel Ángel Mancera, ¿podrá combatir la peste?
DOMINADAS DURANTE ESE PERÍODO las demarcaciones delegaciones por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sólo basta una mirada a vuelo de pájaro para concluir que los titulares salientes dejaron a las administraciones entrantes una verdadera estela de pus: Tolerancia al tráfico de drogas al menudeo en algunos territorios; participación directa o triangulada de los delegados o sus allegados en el regenteo de los giros negros; enajenación o concesión de obras y servicios -los centros deportivos o culturales, por ejemplo-; privatización de superficies de dominio público (no se ha logrado cuantificar cuántos kilómetros cuadrados de calles han sido expropiados por la libre en zonas residenciales por desarrolladores inmobiliarios o los propios vecinos); venta de oportunidad de cambios de uso suelo y licencias de construcción, sobre todo al final del periodo administrativo, etcétera.
No son, los anteriores, negocios de poca monta. Sin embargo, la mano negra se descargó ávida sobre los presupuestos anuales de las delegaciones. Confiados en que las comisiones o los órganos de fiscalización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, están en manos de compañeros de tribu, familiares, compadres o ex delegados -coyotes de la misma loma-, los titulares en turno de esas instancias, actuando con rapacidad patrimonialista, se fueron con el santo y la limosna.
Las escaleras -dice la sentencia popular- se barren de arriba-abajo. ¿Quién es el valiente que le va a entrar a la barredora? Difícil saberlo, cuando los usos y costumbres se rigen por el hoy por mi, mañana por ti.
La responsabilidad de Miguel Mancera
Como en cada nuevo cambio de guardia en la administración pública, hoy nuevamente se pone en la orden del día el imperativo de la Reforma Política del Distrito Federal, para homologarlo con los Estados “libres y soberanos” que componen la República. Esa iniciativa es competencia del Senado de la República. Según nuestras cuentas, ya pasa del medio siglo el tiempo en que ese proyecto se ha presentado tantas veces como tantas las ha bloqueado el PRI.
En tanto se construyen los consensos políticos -hasta ahora misión imposible- para intentar la promulgación de una Constitución propia para el DF, el nuevo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, está en oportunidad de expresar un primer gesto de voluntad con un acto -que ni imaginación requiere, sólo la autoridad política emanada una elección popular sin resistencia- semejante a una declaración de principios, un código de Ética, que obligue y castigue a los rateros. ¿Cómo pudo ser Procurador de Justicia, si como poder político máximo del DF le va a temblar el pulso?
Que no salga -Mancera- con ilusorias cruzadas morales. Hay instrumentos administrativos -si no los hay deben crearse- para empezar a limpiar la casa. También existen los reclusorios. De modelo integral de desarrollo progresista ha hablado el jefe de Gobierno electo. El principal freno al progreso es la corrupción.
Primero mátalos y después viriguas
¡Vámonos de excursión a Tláhuac! ¿Qué pasa ahí? Que el 21 de agosto de 2003, el Gobierno del DF decretó una doble protección a los suelos de la Sierra de Santa Catarina en calidad de Área Natural Protegida y de Zona de Conservación Ecológica. Pero ¡hete ahí! que la santa protegida empezó a ser violada tiempo después por Ingenieros Civiles y Asociados que usan como instrumentos cabezales, pilotes, trabes, tabletas y parapetos que produce la filial Prefabricados y Transportes.
Lo pornográfico no está en esa metáfora. Lo obsceno es que la ICA se conduce con toda impunidad en virtud de la protección que le brindan diversas dependencias gubernamentales del DF, a saber: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (arquitecto Felipe Leal Fernández), de Medio Ambiente (Martha Delgado Peralta), Oficialía Mayor (Jesús Orta Martínez), Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Miguel Ángel Cancino), Instituto de Verificación Ambiental (Alejandro Santiago Palomares Sáenz) y aleatoriamente la Delegación Tláhuac (Angelina Méndez Álvarez) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Pasando por encima de una serie de ordenamientos normativos de la protección ambiental del DF, ICA se lanzó sobre las faldas del Cerro de Guadalupe, componente del macizo serrano, para emprender la fabricación de los materiales de construcción arriba descritos que generan contaminación vecinal. El derrame, por ejemplo, de desechos líquidos derivados del procesado de cemento, afectando la calidad de vida y la salud de los habitantes de esa zona a causa de las grandes cantidades de polvo y basura que se esparcen en la zona.
Todo eso lo ha contado el diputado Armando Tonatiuh González Case en la solicitud de un punto de acuerdo introducida ante la Asamblea del Distrito Federal, para que se llame a cuenta a todos los funcionarios citados.
No estorba decir que don Armando semeja la leyenda de David contra Goliat. ICA es la más poderosa contratista del gobierno mexicano -y algunos latinoamericanos- y en nuestro país, sobre todo en la zona rural, ha enfrentado la resistencia de poblaciones indígenas y campesinas. Infructuosamente. ¡Suerte, mataor!
Qué calladitos se quedaron
Los medios de comunicación metropolitanos, sobre todo los electrónicos que ya visten de luces a Marcelo Ebrard Casaubón para 2018, y en función de este objetivo despliegan toda la parafernalia televisiva sobre cada acto que preside el saliente jefe de Gobierno del Distrito Federal, omitieron o lo registraron apenas como instantánea un evento político que dista mucho de ser mero tópico.
En 2005 -como iniciativa que se acreditó a Vicente Fox, pero en la que se involucró el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón- Andrés Manuel López Obrador fue sujeto de desafuero-juicio político para mojarle la pólvora en la ruta a la sucesión presidencial de 2006. ¿La causa? El desacato -seleccionado entre casi cuatro mil- de un mandato judicial, por no retractarse en la disposición de un predio, afamado como El Encino, para abrir una corta vialidad necesaria en la integración del desarrollo Santa Fe.
Pues resulta que aquella controvertida decisión del tabasqueño se configuró y confirmó jurídicamente como una acción de interés público; obviamente, completada con la indemnización correspondiente. Ahora, la reivindicación del acto -y, por ende, del propio López Obrador- permite el tránsito en el tramo Vasco de Quiroga-Carlos Graef Fernández. No por mera cortesía en la inauguración de la obra el director del Hospital ABC, Alejandro Alfonso Díaz.
Todo lo que toca el PRD, lo corrompe
En el candente centro de un ancho y profundo universo de jóvenes del área metropolitana rechazados en los centros públicos de enseñanza media y superior del Distrito Federal, la sociedad saludó entusiastamente la promoción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), para abrir oportunidad de formación a miles de potenciales ninis.
A escasos 100 metros entre nuestro domicilio familiar y la torre central de la UACM, en el cruce de Eugenia y División del Norte, observamos cómo, a las pocas semanas de funcionamiento de la institución, aparecieron los primeros conatos de conflicto, cuando prestigiados académicos activos en respetables universidades aceptaron de buena fe la invitación a prestar sus servicios en el nuevo proyecto y -por no tener militancia partidaria-, empezaron a ser hostilizados, discriminados y desplazados por la jauría administrativa y facciones del profesorado, cuyo único mérito es exhibir su pertenencia a alguna de las tribus del PRD, así se trate de algunos extranjeros. La xenofobia no es el punto. Que quede claro.
Ahí, estaba incubándose ya el huevo de la serpiente. Si el pleito empezó por una plaza de intendencia o un banquillo de docente que enfrentó al Sindicato con la administración, cómo no se iba a convertir en guerra de cafres la disputa por la rectoría. Al mejor estilo perredista se alzó con el encargo la controvertida señora Esther Orozco.
Las filosas aristas de la autonomía mal entendida sirvieron como coartada para la elusión del problema por el gobierno central del DF. Por citar -a manera de ilustración- un solo dato, la Contraloría General, a cargo de Ricardo García Sáenz, se hizo rosca frente a la denuncia que una semana antes de las elecciones del pasado 1 de julio se presentó contra la rectora Orozco, por presuntas irregularidades administrativas (que acumuladas forman montaña). ¿Qué le parecen al lector 10 millones de pesos obsequiados a la Asociación Teatro de Cabaret Las reinas chulas, para televisar el programa Gregoria la Cucaracha? Órale.
Se abre la Caja de Pandora y desde su sombrío vientre se relevan tangencialmente jugosos contratos a la pérfida Rand Corporation (la recordamos como prestadora de servicios a oscuros ultraderechistas estadunidenses) o McKinsey & Company, consejera en temas como los recortes al gasto a la salud docente en el vecino país, Qué tal. Qué son un millón 300 mil dólares, si son los que nos sobran.
El caldero ha explotado en plena transición de la administración gubernamental defeña: Consejeros contra rectoría, rectoría contra consejeros, consejeros contra consejeros. Burócratas contra académicos, alumnos contra alumnos. Cómo nos recuerdan la época de los enfermos, los chemones, los peces (del Partido Comunista Mexicano), pestes que a no pocas universidades de los estados les ha costado sangre, sudor, lágrimas y presupuesto desarraigar.
Y así no se quiere que existan los injustamente satanizados ninis. Está escrito en los antiguos libros: El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. (AGI)
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